Gabriel Ísola: “Yo rescato que se haya logrado mantener a la producción familiar como objetivo de la política pública”

De la ruralidad al cooperativismo y del cooperativismo a la ruralidad; así podría resumirse el recorrido de Gabriel Ísola, que desde que estudiaba Agronomía se perfiló hacia la extensión rural y el trabajo con organizaciones sociales y cooperativas agropecuarias, con la guía de su tutor, el agrónomo extensionista, ahora fallecido, Mario Costa. “La cuestión cooperativa” lo fue “traccionando” —contó Ísola—, hasta que Matías Carámbula, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), lo invitó a ocuparse de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR). Asumió el 1º de marzo. En su oficina, en el cruce de las calles Garzón y Pena, recibió a la diaria. El pedido presupuestal lo obligará a “ajustar” muchas de las propuestas que tenía y le preocupa la desfinanciación del Fondo de Desarrollo Rural, pero confía en que podrá “redinamizar algunas cosas”.

La DGDR fue creada por ley en 2005 y funciona desde 2008, con el objetivo de alcanzar el desarrollo rural con un modelo de producción sustentable y participativo; tal como reseña su sitio web, su cometido “trasciende el ámbito estrictamente agropecuario”: el foco es la población rural, especialmente, los sectores más vulnerables. “El público principal es el productor familiar y la agricultura familiar”, resumió Ísola. La población rural en Uruguay ha descendido a su mínimo histórico (4%, según el Censo 2023), y esa caída comprende también a las y los productores familiares. Consciente de eso, el director apuntó que uno de los desafíos será “por lo menos amortiguar ese proceso”, que “es sistemático y de largo plazo”. Entre las otras poblaciones con las que trabaja la dirección, mencionó a las mujeres, jóvenes y asalariados rurales.

Para este quinquenio la DGDR se plantea tres grandes objetivos, enumeró. El primero es “incorporar el desarrollo rural como eje de la política de desarrollo productivo sostenible del gobierno”, lo que implica articular dentro del MGAP con institutos de políticas agropecuarias y organismos que despliegan acciones en el mundo rural en materia de educación, vivienda, salud, entre otras. El segundo objetivo es “colocar la producción familiar como un eje del desarrollo rural” y el tercero es “profundizar las políticas para la transición agroecológica como centro del desarrollo de la producción familiar”. Además, piensan fortalecer los espacios de participación a nivel territorial, como son las Mesas de Desarrollo Rural y organizaciones del ámbito agropecuario.

Retomar las riendas

Durante el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou, la DGDR estuvo, por primera vez, a cargo de un partido que no fue el que la creó, el Frente Amplio. En esa administración, la Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024 le asignó una partida anual de 1,5 millones de pesos y en 2021 se creó el Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas (algo que había dispuesto la Ley 19.171, que en 2018 declaró de interés general la producción agroecológica, y que tenía un borrador bastante avanzado en febrero de 2020). Por otra parte, en 2024 se creó el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2024-2028, para el que no se le destinaron fondos, sino que se planteó la conveniencia de que lo hiciera la Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029.

“Yo rescato que se haya logrado mantener la producción familiar como objetivo de la política pública, aun cuando hubo un gobierno que tenía otra orientación política. Lo cual no quita que en algún momento haya estado en tela de juicio desarmar la dirección general, porque fue algo que estuvo sobre la mesa y, en definitiva, [implicaba] no reconocer a este sujeto en las políticas. Eso no ocurrió, también, por el protagonismo de las propias organizaciones sociales y el compromiso de los técnicos y funcionarios de la dirección”, expresó Ísola. Puntualizó que en la última administración “hubo un ajuste bastante fuerte en términos de presupuesto y de posibilidades de acción real de la DGDR” y que una parte importante de los fondos de endeudamiento a los que recurría la dirección pasaron a ejecutarse “desde otros lugares del ministerio, a veces con otros criterios”.

También salió de la órbita de la DGDR la Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas (comúnmente llamada Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología, CHPNA), que según la ley debía funcionar en ese ámbito y fue presidida por Eduardo Blasina, asesor del MGAP. Según Ísola, la política hacia la agroecología “se movía un poco en paralelo” a la DGDR, por eso ahora volvió a la dirección. La CHPNA —que está integrada por representantes del gobierno, de la academia, del Congreso de Intendentes y de las organizaciones sociales y productivas— está presidida por Ísola y la alterna es la directora general de La Granja, Laura Rodríguez, algo que, para Ísola, “refuerza la importancia en términos políticos que este ministerio le da al tema”.

Por otra parte, mencionó que en el último período “hubo un desencuentro fuerte entre la Unidad de Descentralización y Coordinación de Políticas con Base Departamental del MGAP y la DGDR que afectó la dinamización de espacios como las Mesas de Desarrollo Rural, que “quedó muy librado al énfasis que les daba cada director departamental del MGAP”. “Hay espacios locales que por las propias fortalezas de las comunidades se han logrado mantener y tienen un buen desempeño, y hay otros que han desaparecido, se han desactivado y hay que volver a convocar a las organizaciones y armar un estado de situación y una agenda de trabajo”, remarcó.

Producción familiar

El Plan Nacional de Agricultura Familiar 2024-2028 cita estudios académicos que dan cuenta de la situación del sector: se caracteriza por involucrar trabajo familiar y por tener mayor población residente en el campo, pero tiene menos superficie, menos asistencia financiera, menos inversión, infraestructura y tecnología, desafíos de productividad y comercialización, sufre desplazamiento a suelos de menor productividad y presión por el deterioro de los recursos naturales. El documento consigna que en enero de 2024 el Registro de Productores/as Familiares incluía a 16.321 unidades productivas de todo el territorio, con una concentración en Canelones, el sur de San José y el oeste de Lavalleja.

Ísola consideró que el plan es el resultado de un acumulado nacional y regional de 20 años de trabajo. Dijo que contiene “siete pilares y 52 medidas”, que es “muy ambicioso”, por lo que definirán prioridades; aclaró que “es un esfuerzo que lidera la DGDR pero es interinstitucional”, puesto que involucra a otros organismos que contribuyen al desarrollo rural, como son la salud, la educación, el trabajo y la vivienda.

El proyecto de ley de presupuesto no fortalece el Fondo de Desarrollo Rural de modo de poder priorizar a la agricultura familiar, tal como sugería el plan aprobado en 2024. Los recursos para productores familiares están en el artículo 227 del proyecto, que le devuelve a la DGDR la ejecución del proyecto con financiación externa “sistemas agroecológicos y resilientes en Uruguay” que estaba activo, pero fuera de la dirección, que asigna una partida anual de 80 millones de pesos para “atender los programas de mejora de la cría vacuna y agua para productores familiares”. Ísola dijo que la idea es hacer inversiones en agua en zonas del país que tienen dificultades para acceder a este recurso (como las regiones de Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo asociadas a las cuchillas y al basalto) y en programas de cría vacuna en los departamentos del norte, noreste y este del país, también asociado a cuchillas y al basalto superficial, porque son “los territorios con mayores dificultades en términos de recursos y, por tanto, las zonas marginales donde van quedando este tipo de productores”.

Del Fondo de Desarrollo Rural, la producción familiar contará con la línea de base que tenía en 2024. “El problema es que el Fondo de Desarrollo Rural lleva años sin alimentarse y es la otra herramienta clave para la política de desarrollo rural. Y este presupuesto tampoco incorpora su financiamiento, llegando a un momento crítico, porque puede agotarse antes de finalizar el quinquenio”, alertó. El Fondo de Desarrollo Rural se creó en 2010 para financiar iniciativas de desarrollo rural; el proyecto de ley de presupuesto propone que pueda recibir partidas del Poder Ejecutivo, de entes autónomos y personas de derecho público no estatal que no estaban comprendidas en la ley que lo creó. Pero la DGDR aspiraba a “fondear el fondo”, porque se creó sin “un mecanismo sistemático de financiamiento”; había solicitado duplicarlo (asignarle alrededor de 40 millones de pesos), pero no fue aceptado. Ísola espera que, tal como le transmitieron, pueda volver a solicitarlo en los proyectos de Rendición de Cuentas.

Agroecología

El hecho de que la CHPNA vuelva a funcionar en la órbita de la DGDR permite abordar la agroecología desde la estrategia de desarrollo rural “y colocarla como una política que profundiza el posicionamiento de los agricultores familiares”, expresó Ísola.

El plan de agroecología, para él, “es muy aspiracional en términos de grandes objetivos”, y dijo que la tarea ahora es “traducirlo en metas concretas asociadas al presupuesto que efectivamente logremos”.

Si bien la CHPNA no está formalmente constituida (está pendiente la firma de varios ministerios que la componen), sus integrantes tuvieron un primer intercambio el 4 de setiembre en el que las organizaciones sociales transmitieron sus inquietudes. “Estaba la preocupación porque no aparecía explícitamente el Plan Nacional de Agroecología en el presupuesto”, transmitió Ísola. Recordó que las organizaciones sociales que integran la CHPNA hicieron una propuesta para presupuestar la reconversión agroecológica a 500 productores convencionales que han manifestado ese interés en hacerlo.

Para poner en marcha el plan de agroecología, la DGDR había solicitado disponer, a partir de recursos de endeudamiento, de 2.400.000 dólares, pero el Ministerio de Economía y Finanzas no se los permitió, explicó Ísola.

El sector continuará recibiendo la partida de 1,5 millones de pesos, confirmó Ísola, y añadió que destinarán recursos del programa de financiamiento externo que tiene el MGAP con el Banco Mundial, que se reformuló recientemente. La idea es ampliar el programa Senda Agroecológica “de manera convergente con la estrategia del Plan Nacional de Agroecología y no como cosas separadas”, afirmó. Además, dijo que hay que contabilizar los aportes que puedan hacer otros organismos que integran la comisión.

Tanto el plan de agricultura familiar como el de agroecología recomiendan promover las compras estatales de estos productos; Ísola comentó que mantuvieron reuniones con el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) para redinamizar esas compras. Apuntó que hay un marco normativo de compras públicas para la agricultura familiar y que se está considerando la incorporación de algo específico para la producción agroecológica. Mencionó, también, que están trabajando en iniciativas piloto con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, el Instituto Nacional del Cooperativismo y el INDA para el abastecimiento de frutas y hortalizas de producción familiar.

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