Las cooperativas de clasificadores Burgues, Durán, Géminis y La Paloma firmaron un contrato con la Intendencia de Montevideo (IM) que “establece un marco más justo, transparente y sostenible para la gestión de residuos valorizables” en la ciudad, y cuya concreción “llega tras dos años de diálogo técnico, político y operativo, en los que las cooperativas defendieron con convicción su rol de agentes ambientales, como actores estratégicos del sistema y portadores de una historia de lucha y dignidad”.
En una nota de prensa divulgada por las cuatro cooperativas, se valora que el documento firmado establece condiciones económicas estables, ya que asegura un “monto base mensual” como “ingreso digno” a los trabajadores, “metas de eficiencia técnica”, porque “se incorporan indicadores claros de rendimiento, con una fórmula pública para medir la eficiencia mensual de cada planta”, “trazabilidad digital”, ya que “cada cooperativa registrará los ingresos, egresos, ventas y stock de materiales en un sistema informático único”, “comisiones de seguimiento e indicadores: espacios paritarios donde representantes” de la IM y de las cooperativas “evalúan el cumplimiento del contrato y ajustan estrategias”, y “reconocimiento de la autonomía cooperativa: se afirma que los materiales clasificados son propiedad de la cooperativa y que puede organizar su operativa de forma autónoma”.
En diálogo con la diaria, Pablo Núñez, coordinador operativo de la cooperativa Durán, que gestiona la planta de clasificación de residuos domiciliarios homónima (Camino Durán y Coronel Raíz), contó que el contrato se firmó con la anterior administración comunal, cuyo mandato finalizó el intendente Mauricio Zunino, “porque es parte de un proceso de negociaciones que comenzó en el año 2022”. “La historia es larga. Las plantas surgen en el año 2014 a partir de la ley general de envases. Ahí, en un convenio entre el Mides [Ministerio de Desarrollo Social], la Dinama [Dirección Nacional de Medio Ambiente] y la IM se forman las plantas, y en principio fueron gestionadas por organizaciones de la sociedad civil [OSC] y bajo el paraguas de trabajo protegido.
“Lo que se hizo fue tomar a un grupo de clasificadores callejeros, se los capacitó, se les hicieron cursos y luego se los puso a trabajar en las plantas con la gestión de las OSC. Hubo un proceso de más de seis años, en el que los clasificadores, además de trabajar, se formaban, se escolarizaban, tenían una asistente social, un psicólogo, iban generando, por un lado, el hábito de trabajo y, por otro, iban trabajando diferentes aspectos de la vida. Hasta que, en 2020, el Mides promueve junto con el Inacoop [Instituto Nacional del Cooperativismo] un acuerdo para que esas unidades de negocios pasaran a ser cooperativas”, resumió Núñez.
Mediante un convenio, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) aporta un salario base para cada clasificador y los gastos administrativos. La venta de los materiales clasificados “vendría a ser un complemento” y “es la única ganancia”. Los cuatro emprendimientos emplean a 128 cooperativistas, en el caso de Durán son “28 clasificadores y dos coordinadores operativos”, pero “en el caso de Géminis son 38”.
Las cooperativas procesan los residuos de la recolección selectiva
Las cooperativas reciben en las plantas los residuos acopiados en la “recolección selectiva”, que incluye “los dos ecocentros, el del Prado y el de Buceo y los ecocentros móviles”. “Esta recolección selectiva sólo debería captar residuos reciclables, limpios y secos. Después están las grandes superficies, que son los contenedores que están en la puerta de los supermercados, que son de recolección selectiva. También están los comebotellas que están en vía pública y el programa de bolsones de la IM, que están en edificios y cooperativas para la captación selectiva de residuos”.
Camiones de la IM trasladan estos residuos hasta las plantas y ahí empieza un proceso de reclasificación: “Los trabajadores con palas palean a una tolva el material, esa tolva lo dirige a una rampa, a una cinta y en la cinta están los clasificadores que van seleccionando por tipo de material y clasificándolo en bolsones. Entonces hacemos un bolsón de [envases] PET [botellas de plástico], un bolsón de papel, uno de cartón, uno de polietileno de alta densidad, que es la botella de agua jane, y cada uno de estos bolsones se va acopiando”.
“Cuando existe la suficiente cantidad, lo que hacemos es generar un fardo en una máquina en donde se compactan todas esas botellas y queda listo para el siguiente paso, que es venderlo a la industria, que después, dependiendo del material, será lavado, secado, molido y en el caso de los plásticos se aglomera y en el caso de los celulósicos se integran a la cadena de producción”.
Núñez añadió que la colocación de materiales para reciclar depende del mercado y que un material sea reciclable no quiere decir que “tenga un valor en el mercado”, y que actualmente “hay algunos materiales que no tienen demanda”, como, por ejemplo, la espuma plast y el tetra pak. “Pero hace cuatro meses teníamos demanda y los clasificábamos”, aclaró.
Para el coordinador operativo, la firma del convenio pone a los clasificadores “en el centro de la política ambiental” y “da un marco jurídico para trabajar con tranquilidad, les asegura a los clasificadores un salario básico que hoy está en 34.000 pesos”, “para poder gestionar las plantas y poder llevar un plato de comida a las casas”. “De alguna forma se nos reconoce una tarea que la hacen los clasificadores desde siempre, que es invisible, que muchas veces es denostada por la sociedad, porque muchas veces se lo trata al clasificador como si no fuera un trabajador. Tengo una compañera que se llama Chana, que tiene 62 años, que trabajó toda su vida en un carro con caballos. Ella juntaba cartón. Y yo pregunto: ¿sabés cuántos bosques salvó Chana reciclando cartón desde la informalidad? De alguna forma reconoce este convenio esa tarea y para nosotros eso es muy importante”, concluyó.