El Ministerio de Ambiente anunció este lunes la firma de una resolución para reducir la generación de residuos plásticos, que incluye, entre otras medidas, la prohibición de fabricar, importar, vender o entregar sorbitos hechos con plástico.

El punto 9 de la resolución señala que la prohibición comenzará a regir a partir del 31 de enero de 2022 para “sorbetes plásticos de un solo uso que no integren la presentación de un producto” y que el control de esta medida quedará a cargo de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental.

La medida ya ha sido implementada en otros países. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires prohíbe los sorbetes plásticos de un solo uso desde 2019. La misma situación sucede en Seattle, Estados Unidos, donde tanto los sorbetes como los cubiertos plásticos están prohibidos desde 2018, a raíz de una serie de medidas graduales de reducción que comenzaron en 2010 por los reclamos que se vienen produciendo en ese estado desde 2008.

Canadá comenzó una reducción gradual del uso de plásticos en 2019 en la que planificó la prohibición de sorbetes de plásticos para fines de 2021. Sin embargo, esto aún no ha ocurrido.

Se estima que cada sorbete plástico de un solo uso tarda entre 150 y 400 años en descomponerse. Sin embargo, las medidas tomadas en estos países también han provocado críticas, ya que la utilización de sorbitos mejora el consumo de alimentos y bebidas de las personas con discapacidad, que consideran que aún no hay alternativas mejores al plástico.

Al comenzar a funcionar a partir del 31 de enero de 2022, la resolución del Ministerio de Ambiente llegará justo a tiempo para el Día Mundial Sin Sorbetes, una iniciativa que se lleva a cabo cada 3 de febrero y que fue impulsada por la organización Low Carbon France.

Sello sin plástico

El documento, firmado por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, también crea un “sello ambiental” para servicios de hotelería, gastronomía y comercio que implementen prácticas para reducir el uso de plásticos. Para acceder a este sello, se debe sustituir de forma total o parcial el uso de vajilla descartable de plástico (platos, vasos y cubiertos), el uso de envases o embalajes de este material al distribuir o vender sus productos, y participar en campañas de concientización sobre “el consumo sostenible y la problemática asociada a los residuos plásticos, promoviendo el cambio de hábitos en la población”.

El reglamento y los mecanismos de certificación serán elaborados por un comité técnico conformado por representantes de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, el Ministerio de Turismo, el Congreso de Intendentes, el LATU, el Organismo Uruguayo de Acreditación, la Asociación de Industrias Plásticas, la Cámara de Comercio y Servicios, la Asociación de Supermercados y Cambadu. El Comité tendrá un plazo de tres meses para elaborar la reglamentación.

El sello también será incorporado a la Agencia Reguladora de Compras Estatales para que se incluya dentro de los criterios de las compras públicas, y se empezará una “reducción gradual” de los residuos plásticos en los organismos públicos.

En la resolución también se incluye la elaboración de una normativa para la prohibición gradual de productos plásticos como bebidas en envases no retornables dentro de las áreas protegidas.

Las multas por el incumplimiento de estas medidas irán de las 10 a las 100.000 unidades reajustables según cada caso.