La comunidad científica nos plantea la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) e impedir que se sigan acumulando gases en la atmósfera. ¿Cómo resolver la situación? ¿Quién debería liderar el proceso de transición?

Inicialmente la mayoría de las iniciativas se centraron en los mercados con el diseño de mecanismos de incentivos, fijando un precio a las emisiones de carbono, para así estimular la búsqueda de fuentes renovables. Independientemente de las intenciones y más allá de los mecanismos instaurados, las emisiones continuaron creciendo. La industria petrolera siguió expandiéndose, aproximando al planeta a una situación límite.

Algo debería hacerse, y de forma inmediata. La comunidad científica planteó un cambio de enfoque y comienza a popularizarse la idea de mantener las reservas en el subsuelo. En función de ello, resulta imprescindible limitar las tareas de prospección y explotación petrolera y asociarlas a un “presupuesto de carbono” -esto es, una cantidad determinada que un país, sector o ciudad aún tiene para emitir GEI en un período de tiempo sin que ponga en riesgo la consecución de la meta de mantener un aumento de temperatura inferior a 1,5°C o 2°C–.

A nivel global, hablamos de un stock de carbono de 460 gtC02, lo remanente del “presupuesto del carbono”, si el objetivo es mantener el aumento de temperatura por debajo de los 1,5°C. Al ritmo actual de emisiones anuales (flujo: 41,5 gtC02), el citado presupuesto se agota en aproximadamente 11 años. Por eso la urgencia; si no, las consecuencias resultarían irreversibles. Esto plantea la necesidad de un Estado que avizore los límites y que estimule la transición.

Durante mucho tiempo los líderes globales hicieron caso omiso del planteo de la comunidad científica y fueron sordos ante el llamado a la acción por parte de los jóvenes. Pero los riesgos que genera el calentamiento global son palpables. Ello explica el comportamiento de las compañías aseguradoras, que, presurosas, deciden abandonar “el barco del carbón”. Los inversores también reaccionan presionando a las petroleras para que implementen planes de reconversión para que sus activos (acciones) no resulten afectados por la “burbuja del carbón”. Dicha burbuja se asocia a la idea de activos varados (stranded assets), y es la contracara financiera del riesgo previamente descripto. En la medida en que nos acercamos al límite del presupuesto, mayor es el interés de los accionistas por abandonar su posición en la industria, lo que se ve reflejado en una venta acelerada de acciones.

Pocos creían en el peso del activismo en 2011, cuando por primera vez se escuchaba el reclamo por desinvertir en los campus universitarios estadounidenses. La idea de “dejar las reservas en el subsuelo” resultaba utópica, imposible. Tampoco la ecuación económica resultaba auspiciosa para los recursos renovables, lo cual forzaba al Estado a otorgar generosos subsidios al sector para así volverlo competitivo frente a los combustibles fósiles. Y las compañías petroleras se encontraban legalmente “blindadas”, independientemente del origen de la demanda, ya que la justicia siempre fallaba a su favor.

Un cambio acelerado

Todo está cambiando rápidamente. El activismo se ha diseminado entre los inversores, y las energías renovables resultan mucho más baratas, al tiempo que las petroleras empiezan a sentarse en el banquillo del acusado. Esto no hace más que acelerar la transición, lo cual acerca la industria al abismo financiero y a que los inversores vean sus activos desvalorizados.

En mayo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) publicó un informe en el que destacaba la necesidad de abandonar todo proyecto para así cumplir con los compromisos pautados. A fin de lograr una baja pronunciada en el nivel de emisiones, se deben abandonar las tareas de prospección y exploración en lo inmediato. La publicación generó un shock, un “golpe a la mandíbula” a la industria petrolera.

A fin de avanzar con la transformación y asegurar el cumplimiento de las metas (cero emisiones netas para 2050), Carbon Tracker destaca la necesidad de transparentar las acciones de las compañías.

Pero esto no es todo. El 26 de mayo, una corte holandesa determinó que Royal Dutch Shell era plausible de condena, pues sus operaciones tradicionales (producción, distribución, comercialización) habían agravado el problema del cambio climático. La corte sostiene que los actores no estatales, como las empresas petroleras, también resultan agentes responsables. La condena obliga a la petrolera a trazar un plan de transición más ambicioso y aumentar el recorte de emisiones originalmente prometido. Esta condena puede generar una reacción en cadena de proporciones mayúsculas.

¿Las petroleras comienzan a readaptarse?

El impulso por el cambio también llega a los boards de las grandes empresas petroleras, como lo demuestra la reciente reunión de accionistas de Exxon Mobil, donde un grupo terminó imponiendo un plan de adecuación más ambicioso a la compañía. Mientras algunos inversores adoptan una actitud activa, otros directamente se abstienen de participar, por lo que día tras día son más los fondos de inversión que deciden dejar de financiar la industria petrolera.

Recientemente también se conoció un informe de la Organización de las Naciones Unidas que destaca los efectos nocivos que conlleva la emisión de gas metano en la atmósfera. A diferencia del dióxido de carbono, que se mantiene por cientos de años, el metano perdura poco tiempo, aproximadamente una década, aunque resulta mucho más peligroso. Según el panel intergubernamental de expertos en cambio climático IPCC (siglas en inglés) el efecto del metano sobre el calentamiento del planeta resulta 86 veces más fuerte que el generado por el CO2, por lo que el metano es considerado un “carbono con esteroides”. Por ello, y a fin de reducir rápidamente el calentamiento global, un creciente número de expertos sugiere abandonar también los proyectos gasíferos.

Paso a paso, el lobby climático va ganando fuerza. No sólo en las calles, sino también en las salas de reuniones y en los despachos de justicia. Todo ello debería hacer sonar la alarma y preocupar a quienes siguen apostando por la explotación petrolera en América Latina. Esto conlleva un tremendo desafío económico, pero también un riesgo financiero. Resulta urgente repensar cuáles son los sectores que podrían generar divisas y cómo reinsertar esta región en el mundo.

Desconocer el problema y seguir invirtiendo en un sector destinado a desaparecer no haría más que agravar la crisis que inexorablemente debemos enfrentar.

Leonardo E. Stanley es investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad - CEDES (Buenos Aires). Este artículo fue publicado originalmente en www.latinoamerica21.com