Los biocombustibles derivan de recursos naturales y biomasa. La energía proviene de materiales no fósiles y de origen biológico. Por ejemplo, según se muestra en la página web de Ancap, la empresa pública produce biodiesel. Es un combustible biodegradable obtenido de fuentes renovables como: aceites vegetales extraídos de semillas oleaginosas –soja y colza canola- o grasas animales. A partir de una reacción química y al mezclar los aceites con alcohol, se obtiene el producto. También se fabrica bioetanol, a base de sorgo dulce, remolacha azucarera y almidones. Sin embargo, los productos se mezclan con otros de origen fósil. La Ley 18.195 establece que Ancap debe mezclar un mínimo de 5% de etanol en las gasolinas y 5% de biodiesel en el gasoil con biocombustibles de materia nacional.
En la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas se manifiesta que el Poder Ejecutivo “promueve la eliminación de la obligación de mezclar biodiesel”. Se subraya que la medida implicará “la eliminación o reducción de un sobrecosto del precio del gasoil”. El gobierno “acompaña” la medida con un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) “provenientes del uso de gasolina” que sustituirá el impuesto específico interno (Imesi) de los productos, y que pagarán los fabricantes e importadores.
En el articulado de la Rendición se observa que el impuesto está dirigido a la nafta súper y a la nafta premium 97. Por cada tonelada de CO2 emitida, se deberá pagar 5.286 pesos. El precio podrá variar en los próximos años según el índice de precios de consumo (Ipc) y la información que suministre sobre las emisiones el Ministerio de Industria, Energía y Minería al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Ambiente. También se plantea destinar “un porcentaje de lo recaudado” por el impuesto para financiar políticas que promuevan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el transporte sostenible, la adaptación de los ecosistemas y los sistemas productivos al cambio climático.
Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, señaló a la diaria que la reducción real de emisiones de dióxido de carbono es un “objetivo deseable”. Resaltó que “el uso de biocombustibles es un paso en tal sentido, su eliminación de los combustibles utilizados en nuestro país es un paso atrás, difícil de justificar sólo en base a motivos económicos”.
Agregó que al contrario del petróleo, cuya producción y transporte “no generan trabajo uruguayo”, la producción de biocombustibles sí lo hace. Desde su visión, el avance hacia una economía verde que “posibilite e impulse la sostenibilidad de los procesos productivos y de las actividades humanas”, en el corto plazo, viene de la mano del uso de productos y tecnologías como el biocombustible. “Son un paso en el camino hacia la eliminación del consumo de petróleo”, sumó.
“No es un impuesto a las emisiones de CO2”
Eduardo Gudynas es analista de temáticas ambientales y desarrollo. Integra el Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes) y está asociado al Departamento de Antropología de la Universidad de California. Durante su trayectoria ha acompañado organizaciones civiles en el continente, desde grupos ambientalistas a federaciones indígenas. En diálogo con la diaria manifestó que la medida propuesta por el gobierno “no es un impuesto a las emisiones de CO2” porque “muchas fuentes que generan ese gas no están contempladas”. “Ni siquiera es un impuesto a los combustibles, ya que sólo grava a las naftas y quedan excluidos, por ejemplo, el diésel, el queroseno y combustibles de aviones”, explicó.
“La finalidad ambiental, que dice el gobierno que apuntaría a reducir las emisiones de gases invernadero, no está asegurada por distintas razones. Por un lado, porque otros combustibles y otras fuentes de CO2 no están contempladas. Si se quiere reducir en serio las emisiones de gases invernadero, la urgencia de Uruguay está en abordar las principales fuentes, que están en la producción agropecuaria”, comentó.
Sostuvo que la exclusión del diésel es “impactante” porque “en países donde hay impuestos similares se gravan todos los combustibles fósiles”. “Es posible que aquí se los excluyera para evitar un impacto en sectores productivos, el agro y el transporte público”, dijo Gudynas.
Entiende que “tampoco se vincula claramente el impuesto a una gestión ambiental”. “El artículo indica que el Poder Ejecutivo podrá destinar un porcentaje de lo que recaude este nuevo impuesto a fines ambientales. Pero no se dice con precisión cuál será esa proporción, no indica que la autoridad ambiental, el Ministerio del Ambiente, manejará ese dinero, ni siquiera se obliga a crear ese fondo”, planteó. Indicó que “nada impide que el nuevo impuesto sea esencialmente otro instrumento de recaudación”. Definió que, desde el punto de vista ambiental, la actual redacción para nuevo impuesto es “insuficiente” e “imprecisa”.