“Suena raro ¿no? Esto de que la naturaleza pueda tener derechos... Una locura. ¡Como si la naturaleza fuera persona! En cambio suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos disfruten de derechos humanos. En 1886 la Suprema Corte de Estados Unidos, modelo de la justicia universal, extendió los derechos humanos a las corporaciones privadas. La ley les reconoció los mismos derechos que a las personas, derecho a la vida, a la libre expresión, a la privacidad y a todo lo demás, como si las empresas respiraran. Más de ciento veinte años han pasado y así sigue siendo. A nadie le llama la atención”. El fragmento corresponde al artículo de Eduardo Galeano “La naturaleza no es muda”. Lo escribió mientras se discutía la incorporación de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador, que en 2008 se convertiría en el primer país en consagrarlos en su carta magna.

En Uruguay todo tarda pero llega. Al menos en la intención. Ese fue el espíritu que sobrevoló el primer Conversatorio por los Derechos de la Naturaleza en Uruguay, organizado por la Intendencia de Rocha, que tenía como objetivo “comenzar a dialogar sobre la implementación de políticas en apoyo de los Derechos de la Naturaleza en el país”. En el encuentro virtual llevado adelante a fines de diciembre de 2020, participaron juristas y abogados ambientales latinoamericanos, así como autoridades del gobierno departamental y del Ministerio de Ambiente. Vayamos a algunos de sus puntos altos.

La naturaleza y sus derechos

Los seres humanos hemos construido muchas ficciones a lo largo de la historia, sostuvo Enrique Viale, abogado especialista en Derecho Ambiental y fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Volviendo a nuestro escritor, dijo que hemos logrado construir la ficción de que una empresa o corporación tenga derechos. “¿Cómo no va a tener derechos la naturaleza, que sostiene la vida, que es muy real, tangible, a diferencia de una empresa, que no lo es?”, interrogó. Para Viale el derecho tiene una mirada antropogénica, y afirmó que “los derechos ambientales fueron construidos bajo esa misma lógica”. “Se concibe a la naturaleza como una cosa susceptible de apropiación privada; los derechos ambientales limitaron un poco esto, pero no implicaron dejar esa misma concepción”, asegura.

Desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza, lo natural tiene derecho a existir, a que se respete su existencia y su posibilidad de regeneración. “El problema actual de nuestros métodos productivos o, como le decimos nosotros, ‘modelo del mal desarrollo’, es que ya no se le da tiempo a la naturaleza para regenerarse. ¡Incluso sucede hasta con los bienes renovables!”, expresó Viale, que además sostuvo que defender la naturaleza es defender a las colectividades. Uno podría pensar que esta visión podría pecar de irreal, pero Viale aclara que no se basa en la idea de una naturaleza intocada, sino una que coexista con la agricultura y la ganadería, entre otras actividades humanas.

“Millones de dólares en juego”

Por su parte, Ramiro Ávila, juez de la Corte Constitucional de Ecuador, diferenció entre “el derecho al medioambiente sano y los derechos de la naturaleza”. Según Ávila, el primero sigue girando en función de un “principio utilitario” por el que su protección “tiene sentido siempre y cuando beneficie al ser humano”. También dijo que suele ser “permisivo” porque “permite la explotación si se tiene un informe de impacto ambiental o una autorización de la autoridad”. Los derechos de la naturaleza, en cambio, parten de la concepción de que hay que protegerla “porque en ella hay vida”. “Si se considera como sujeto de derecho, se tiende a que no existan condicionamientos, proteges a pesar de que pueda existir un informe que diga que la minería es sustentable, algo que yo no creo que exista”, relata.

Concebir a la naturaleza como sujeto de derecho no está exento de resistencias, a las que el juez Ávila prefiere llamar “muros”. Entre los muros más grandes sostuvo que están “el sistema económico capitalista” y “los intereses económicos que están detrás”. “Lo que para uno es extracción para otros es protección”, dijo. Luego comentó un poco la realidad de su país. Pese a haber sido el primero en consagrar los derechos de la naturaleza en su constitución, no todo el terreno está allanado: “Ahora en Ecuador tenemos un presidente que sin dudas es liberal económico. Por lo tanto, cuando se escucha a representantes del Ministerio de Ambiente, son casi promotores de la minería y del extractivismo. Es una barrera muy grande, no es una pelea retórica donde se reconoce como sujeto de derecho y no pasa nada. Hay millones de dólares que están en juego”.

“El derecho ambiental no ha sido suficiente; lo que ha hecho es permitir la esclavitud de la naturaleza”. Natalia Greene

Por su parte, la politóloga ecuatoriana especializada en cambio climático y fundadora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, Natalia Greene, concordó con sus colegas y afirmó que “el derecho ambiental no ha sido suficiente; lo que ha hecho es permitir la esclavitud de la naturaleza”. En este sentido, recordó una conversación con un abogado que le planteó que se pasaba revisando contratos con grandes empresas petroleras y mineras. Las empresas lo felicitaban y le agradecían porque “con toda la legislación de derecho ambiental” lo que logran “es mejorar los contratos, que queden sin huecos” sin que ello impida una actividad que está afectando “de forma permanente a la naturaleza”.

Uruguay da sus primeros pasos

Natalia Greene comentó que si bien Ecuador es el único país en reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho en su Constitución, otros 35 países lo hacen mediante ordenanzas locales. A su vez, espera que con la reforma constitucional Chile se convierta en el segundo país en reconocerla.

El conversatorio, organizado por la Dirección de Ambiente de la Intendencia de Rocha, es un primer paso en Uruguay, ya que esa repartición busca reconocer como sujeto de derechos a la reserva de biósfera Bañados del Este.

“Hoy en día no hay marco jurídico para la consideración de la naturaleza como sujeto de derecho propiamente dicho; no quiere decir que no se pueda analizar y avanzar, pero ese es el primer obstáculo que enfrentaríamos”. Alejo Umpiérrez

Alejo Umpiérrez, intendente del departamento, manifestó que es necesario “analizar jurídicamente” la medida. “Hoy en día no hay marco jurídico para la consideración de la naturaleza como sujeto de derecho propiamente dicho; no quiere decir que no se pueda analizar y avanzar, pero ese es el primer obstáculo que enfrentaríamos”, planteó.

Umpiérrez también hizo mención al artículo 47 de la Constitución uruguaya, que establece: “La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves”. La carta magna también señala: “La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores”.

Por su parte, Rodrigo García, director de Ambiente de Rocha, señaló a la diaria que la reserva de biósfera Bañados del Este “es totalmente desconocida, no está implementada. Existe un plan director establecido por Probides [Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este] en 1999 que es excelente, pero no existe un plan de manejo, no hay un plan de acción”. Al respecto, contó que están realizando un “diagnóstico inicial” sobre “cuánto se conoce la reserva”, ya que según entiende “hay un gran desconocimiento de parte de un porcentaje altísimo de la población. Al no saber que existe, tampoco saben qué significa”, agregó.

De declararse la reserva como sujeto de derecho, García señaló que “la idea es tratar de no chocar y armonizar las actividades productivas con la importancia” que tiene el lugar. “Los palmares de Rocha están en vías de extinción, van quedando generaciones jóvenes a los bordes de la carretera, de algunos arroyos y en algún campo, pero están desapareciendo. ¿Qué les decimos a los ganaderos, entonces? Que la ganadería puede existir, pero con un manejo”, adelantó. Con los cultivos de arroz se daría una situación similar, donde “idealmente” se empezará a “prescindir de pesticidas y herbicidas, como el glifosato”.

El director de Ambiente observa que el camino para lograr la acción “podría llegar a ser” vía resolución departamental. Asegura que este tipo de medidas tiene “un gran apoyo internacional,” lo que “no es menor”, porque “de la mano vienen muchas subvenciones, apoyos, donantes no reembolsables, que ayudan incluso a los productores a poder reconvertirse gradualmente”.

“¿Qué es lo importante? ¿Tener en un papel una ley, un derecho, o hacer todo un trabajo de integrar esta forma de ver la vida, de interactuar con el resto de la naturaleza y así generar conciencia?”. Carol Aviaga.

Más que letra

“¿Qué es lo importante? ¿Tener en un papel una ley, un derecho, o hacer todo un trabajo de integrar esta forma de ver la vida, de interactuar con el resto de la naturaleza y así generar conciencia?”, inquirió Carol Aviaga, coordinadora del Programa de Atención Primaria Ambiental del Ministerio de Ambiente, en diálogo con la diaria. Aviaga también participó en el conversatorio; pero desde su perspectiva, hay que encontrar “caminos de transición hacia esa evolución”. Considera que es necesario generar “conciencia ciudadana”, “generar fortaleza en el territorio y en las pequeñas comunidades” para “integrar el concepto” de la naturaleza como sujeto de derecho y que se “vayan generando acciones locales”.

Aviaga dijo que cuando era legisladora intentó presentar un proyecto de ley con el mismo objetivo, pero a nivel nacional. “En su momento lo hablé con mis compañeros del Senado y me dijeron que quizás no iban a entender de qué estaba hablando, si antes no hacíamos este trabajo de buscar apoyo de la comunidad”, comentó.

García sostuvo que a nivel nacional “los procesos son mucho más lentos”. “Nosotros somos partidarios de poder trabajar a nivel departamental sin depender del ministerio, es más fácil para poder llevar adelante acciones. Si bien es importante estar coordinados, no es necesario depender del gobierno central en todo, eso hace que después sea imposible llevar adelante las cosas”, comentó. “Cuando se desconoce el territorio, de lejos da miedo, pero después en territorio te das cuenta que es mucho más fácil”.

Agrotóxicos y ropa amarilla

Rodrigo García, director de Ambiente de Rocha, aseguró que “prácticamente toda la producción de arroz” en el departamento se realiza “con pesticidas”. “Muchas veces se hace un buen manejo, de respetar donde hay viviendas, pueblos, pero en muchos otros casos no se respeta. Tenemos muchas denuncias y muchos casos de salud en pueblos de Rocha con altísimos índices de alergias y de cáncer que tienen que ver con pesticidas. Esto dicho por médicos desde hace muchos años”, afirmó. Los pueblos más afectados serían San Luis, Lascano y Velázquez.

Si bien a la dirección departamental le llegan “denuncias orales”, en conversaciones con vecinos de las zonas “siempre surge la problemática del uso de agrotóxicos”. “Cuando cruza la avioneta ellos saben que no pueden lavar ropa porque les queda amarilla por los pesticidas”, añadió.

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