El 22 de mayo se llevó a cabo en Piriápolis, Maldonado, el encuentro anual del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. Allí se dieron cita más de 20 organizaciones de la sociedad civil, autoridades nacionales de Uruguay así como de embajadas. En ese contexto, la diaria conversó con algunos de los participantes.

“Lo que llamamos Mar Patagónico es un concepto de la conservación. Como hay mares nacionales y zonas económicas exclusivas, la idea de Mar Patagónico es el mar que utilizan los animales. Es el mar de los albatros, de las ballenas, que une el Pacífico con el Atlántico, las costas de Brasil con las aguas abiertas de Argentina. Por eso, para proteger un ecosistema de este estilo, por como están particionadas las cosas, se requiere la integración de esfuerzos nacionales”, contó Carlos Campagna, científico argentino y expresidente del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.

Campagna dejó entrever cuáles son los principales objetivos del Foro, una red compuesta por 23 organizaciones que trabajan en la conservación marina de Uruguay, Chile, Argentina y Brasil: la creación y fortalecimiento de áreas marinas protegidas, generar información sobre los impactos de la exploración sísmica en el Atlántico y capacitar sobre los efectos y posibles soluciones a la basura plástica proveniente de la pesca son sólo algunos ejemplos de las acciones que buscan impulsar. Un dato importante es que sus integrantes son especialistas en biodiversidad, conservación, uso sustentable y legislación ambiental. Como plantea Campagna, al existir divisiones –que podríamos llamar imaginarias desde una visión ecosistémica– no quedó otra opción que reunirse para trabajar de forma integrada.

En Uruguay menos de 0,5% de las aguas nacionales están protegidas. Por esta razón, representantes del Foro mantuvieron una reunión el viernes con autoridades nacionales, entre las que se encuentran el subsecretario del Ministerio de Ambiente (MA), Gerardo Amarilla, el director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), Jaime Coronel, y la Coordinadora del Programa Atención Primaria Ambiental, Carol Aviaga. Uno de los tópicos tratados fue la propuesta que se realizó en 2020 de crear dos áreas marinas protegidas. Una de ellas abarcaría la Isla de Lobos y su Bajo de Mejillones, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

¿Áreas manejadas o áreas protegidas?

“Uruguay tiene una particular condición porque en el Atlántico se encuentra intermediando entre las aguas cálidas que vienen de Brasil y las aguas frías que vienen del Subantártico y el sur de la Patagonia argentina. En el medio, donde esos frentes se encuentran, está Uruguay. Además, tiene la importancia de estar muy influenciado por las aguas del Río de la Plata. En el océano, siempre que hay un cambio importante de salinidad, temperatura o profundidad, ocurren cosas importantes: se hacen más ricos los ambientes”, señala Campagna. Apunta que el país tiene una “posición de privilegio”, pero también “una responsabilidad diferencial de conservar”.

También comenta que desde su visión “un área protegida en el mar es un área donde no ocurre actividad extractiva”. “Las áreas protegidas que funcionan, las que más efectividad tienen, son aquellas que no son manejadas para su uso, sino que son manejadas exclusivamente para la conservación”, argumenta. Por ello considera que las organizaciones no gubernamentales tienen que “discutir y unificar criterios” porque se puede correr peligro de “perder el concepto de un espacio que está exclusivamente pensado para las especies y no para el uso de las especies o para los recursos”.

“Es algo muy distinto. Yo entiendo que eso es un área protegida y el resto son áreas manejadas. Las áreas manejadas están protegidas para el manejo, no necesariamente para la biodiversidad. Hay cosas que ocurren en las áreas manejadas que para las especies manejadas viene bien, pero que impactan a muchas otras. Pero como el área es manejada para las especies blanco, no se mide”, resalta. Según sostiene, desde la biodiversidad no es “conveniente” considerar que las áreas manejadas tienen “la misma importancia” que un área protegida donde “no ocurre actividad extractiva” ya que considera que la principal amenaza que tiene actualmente el mar, aunque no la única, es “la pesca excesiva”.

Al consultarle su posición sobre la pesca artesanal responde que no considera que “no implique un daño”. “El delfín franciscana está extinguiéndose –o amenazado de extinción– más que nada por el efecto de la pesca artesanal. El delfín del golfo de California, en el Pacífico Norte, está por extinguirse fundamentalmente por la pesca artesanal. El hecho de que la pesca artesanal utilice barcos chiquitos no quiere decir que no tenga un impacto considerable. Los pescadores artesanales lo saben”, afirma. De todas formas, considera que lo “bueno” que tiene este tipo de producción es que se “trata con seres humanos, individuos, que pueden hablar, que pueden comprender”, mientras que en la pesca industrial “no se trata con nadie, con un capitán como máximo, pero el resto son grandes corporaciones que no se prestan a sentarse alrededor de una mesa”.

¿Pesca ilegal en Uruguay?

Jaime Coronel es el director de la Dinara. En diálogo con la diaria menciona que “está de acuerdo con la conservación como punto base”. “El tema está en qué hacemos: ¿un manejo del área o un área protegida cerrada? En general el mundo está yendo a áreas de manejo integrado. También se está discutiendo a nivel de la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura] si se podría llegar a tomar las áreas de manejo como áreas protegidas. Creo que esa es la línea”, indica.

Recuerda que Uruguay, junto con Argentina, han establecido “áreas de veda que tienen más de 30 años”. “Son áreas donde nuestra flota industrial no ingresa. Eso indirectamente te lleva a una conservación, la discusión es si esa conservación es efectiva. ¿Está regulada por una sola especie? Sí, está regulada por una sola especie, pero muchas veces los puntos de conservación para una sola especie, en realidad, no son sólo de una”, manifiesta.

A su vez, comenta que también se fijaron “cupos totales permisibles”. “Les decís a los dos países ‘esta especie se va a pescar hasta tanto’ porque está en recuperación. Después, cada año o cada dos años, se hace una evaluación técnica de cómo viene esa especie en base a datos”, desarrolla, aclarando que los controles se realizan con “la medición de los partes de pesca, lo que se descargó, y las exportaciones”.

Para Coronel la principal amenaza para los océanos es el cambio climático, que, sostiene, “ha generado una migración de especies”, y como ejemplo citó la aparición de especies no autóctonas que llaman la atención en nuestras aguas. “Esa aparición muchas veces se debe a cambios climáticos a lo largo del tiempo. También en estos últimos tres años vimos una reducción del agua dulce y una entrada mayor de agua salada en el Río de la Plata, lo que hizo que en la bahía de Montevideo se vieran especies que normalmente llegaban hasta Punta del Este o Piriápolis. Esa reducción de las precipitaciones hicieron que el Paraná se convirtiera en un río seco”, desarrolla, y afirma que “es una realidad” el cambio en “la tipología de las especies y su migración”.

Al preguntarle sobre si las actividades productivas podrían haber incidido de alguna manera en estas modificaciones que describe, responde que “se ha hablado de operaciones sísmicas, de los motores de las embarcaciones fijados en las áreas de descanso previo al ingreso del puerto y de otro montón de cosas”, y que piensa que no se pueden “ni descartar ni incluir” como causantes.

¿Hay pesca ilegal en Uruguay? Coronel informa que están en conversaciones con “países que puedan incurrir en el ingreso de pesca ilegal, como podría ser Brasil, para mejorar los monitoreos y controles”. “Sobre todo se denuncia que ocurriría en el Chuy y en la laguna Merín. Se denuncia el ingreso de embarcaciones brasileñas a aguas uruguayas, que generan pesca que se consideraría ilegal”, sentencia. Sin embargo, aclara que las embarcaciones industriales “tienen seguimiento” y que “es poco probable” que tengan actividad ilegal porque “desembarcan en un puerto, en el cual nosotros tenemos controles”. A nivel de pescadores artesanales la Dinara se encuentra “mejorando los monitoreos” aunque Coronel también admitió que “es más complejo”.

Un árbol genealógico amenazado

Diego Taboada es el vicepresidente del Foro y actual presidente del Instituto de Conservación de Ballenas. En la década de los 90, participó del equipo liderado por Roger Payne –biólogo y ambientalista estadounidense que descubrió el canto de las ballenas y lanzó un disco que se puede escuchar acá–, que inició en 1970 el programa Ballena Franca Austral en la provincia de Chubut. Cuenta a la diaria que desde hace 50 años se conoce la distribución geográfica de la ballena franca y que lejos de ser una realidad ajena, “la población y el rango geográfico” de estos cetáceos es “el mismo para los tres países [Argentina, Uruguay y Brasil]” por lo que “estamos hablando de una especie compartida”.

“Nosotros nos dedicamos a la fotoidentificación, conocemos a ciencia cierta a 4.000 individuos de una población conformada por unas 5.500 ballenas. Sabemos quién es quién en las últimas generaciones, con nombre y apellido. Hay familias completas que sabemos cómo se distribuyen, dónde están, a dónde van, cuándo vienen, cuándo no. Es un árbol genealógico, no son cosas que flotan por ahí”, remarca. Desde hace algunos años realizan un programa de monitoreo satelital que les permite conocer las rutas por las que viajan las ballenas cuando migran.

Gracias a su trabajo colaborativo, descubrieron que los permisos para la exploración de petróleo y gas que otorgó el gobierno argentino a la empresa noruega Equinor –que se unió para esta acción con YPF y Shell– coinciden con el camino que recorren las ballenas francas. “En particular, Mar del Plata es el área indiscutida de alimentación para madres con crías. Sabemos que las madres con crías o las madres recién paridas que salen de la Península, de Punta Ballena, o que están migrando a las áreas de alimentación van a comer allí. Las madres les muestran a sus crías dónde está el alimento, regresan, y destetan a esos animales. Para el ballenato el área de alimentación es ahí, van a volver de por vida. Eso se llama filopatria, está estudiado, y además de eso, está estudiado que hay áreas de alimentación por familia: los González comen acá, los Fernández comen allá. Eso a lo largo de toda su vida”, explica. Reitera que la zona donde están pautadas las exploraciones es un “banco de alimento” donde “se están superponiendo intereses muy importantes”.

Importancia de las áreas marinas protegidas

Taboada relata que desde los comienzos del Foro, en 2004, uno de los principales cometidos fue la creación de áreas marinas protegidas. Para lograrlo, se identificó las zonas por su “vulnerabilidad, fragilidad, sensibilidad, lenta recuperación”, “rareza, singularidad”, “especies o hábitats amenazados”, entre otras variables. A partir de tener el conocimiento, se hizo “una publicación basada en ciencia”, que “identifica las áreas principales que deben ser protegidas en todos los países”.

Dentro de estos lugares, que ellos llaman faros, en Uruguay aparecen dos: el área de Cerro Verde e Islas de la Coronilla en Rocha, que actualmente pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y una gran porción que es abarcada por lo que denominan Sistema Marino del Río de la Plata. Entre las principales amenazas que se detallan para Cerro Verde se incluyen “algunas actividades pesqueras en las poblaciones de peces (meros, tiburones), mamíferos marinos y tortugas”, también la “falta de regulación en las pesquerías locales de subsistencia, artesanal y deportiva” y la “presencia de buques pesqueros ilegales”. Para el Sistema Marino del Río de la Plata, que no abarca sólo a Uruguay, se mencionan como amenazas: “Sobrepesca. Captura incidental de peces cartilaginosos, tortugas, aves y mamíferos marinos. Destrucción de comunidades del fondo marino. Residuos líquidos y sólidos de origen urbano y provenientes de los barcos”.

El vicepresidente del Foro informó que para Uruguay y Brasil se “está reviendo este documento, incorporando nuevos faros, porque es dinámico”. “Este documento termina siendo de incidencia importante, porque muestra cuáles son los lugares que hay que proteger y lo fundamenta. No es solamente para nosotros, sino también para los tomadores de decisiones. A la hora de impulsar legislación o acciones de incidencia tienen el respaldo. Hay muchas áreas que todavía requieren investigación”, apunta.

Taboada menciona que la creación de áreas marinas “es nueva” en Uruguay y “se tiene que incrementar”. “Hay propuestas, están planteadas y el gobierno las conoce. El Foro viene a darle un apoyo a esa gestión de gobierno, porque sabemos que muchas veces hace falta o están solos en algunas cuestiones, sobre todo frente a la industria, al área más desarrollista, que tiene que ver con la toma de recursos naturales del ambiente. No hay que enfrentarnos, hay que justificar bien y trabajar conjuntamente”, finaliza.

Aprender a mediar

El Foro creó la Escuela para la Gestión de Áreas Marinas Protegidas del Cono Sur. Alexandra Sapoznikow es su coordinadora y plantea que es una iniciativa de capacitación dirigida a “personas de la administración pública que están a cargo de las áreas marinas protegidas”. Nació en 2017 porque “era un momento donde empezaban a crearse nuevas áreas en la región”. “Sabemos que no alcanza con tener 10% del mar protegido, o ahora que estamos pidiendo 30%, si no están efectivamente manejadas. Como había poca trayectoria, pensamos que vamos a necesitar personal capacitado para que sean efectivamente manejadas”, recuerda.

Señala que el control muchas veces no lo hace el mismo organismo que las creó y se suele realizar en conjunto con la Armada, Prefectura, la Secretaría de Pesca, dependiendo del país. “Muchas veces en áreas lejanas se hace a través de seguimiento satelital, con buques, otros aparatos que nos informan qué está pasando en el mar sin que uno tenga que estar ahí. No es sólo el control lo importante, también es la investigación, conseguir el financiamiento y usarlo de la mejor manera posible. La Escuela enseña un poco sobre todos estos aspectos”, narra. Dentro de la Escuela se habla sobre cómo diseñar, planificar, evaluar, cómo incluir a las comunidades locales y a los diferentes actores. Uno de sus objetivos es que una universidad tome la idea, más allá del Foro, y la instale como un “programa reconocido en el Cono Sur”, al que los gestores puedan ir a formarse.