Hace menos de un mes que los vecinos de las “viviendas de Azucarlito”, como se las conoce en Paysandú, notaron que en el terreno ubicado en la esquina en la que se cruzan las calles Henderson y Libertad había movimiento de camiones y acopio de materiales. El terreno, abandonado pero que pertenecía a la empresa azucarera, pasó a ser de un tiempo a esta parte propiedad de la empresa constructora Indre, cuyo dueño es el empresario Mario Macri.
La zona, industrial hace décadas pero abandonada en una época más reciente, fue regulada por el Decreto 7719/2018, que instauró el llamado Plan Paysandú y fue votado en la Junta Departamental. Este plan buscaba dar un mejor ordenamiento territorial a la ciudad y este barrio quedó comprendido dentro de la Zona Urbana Norte y, más específicamente en la Zona Urbana Norte 1 (ZUN1), que a partir de los artículos 26 al 29 del decreto queda destinada únicamente para uso residencial, quedando prohibida la instalación de nuevas industrias, además de permitirse operar a las preexistentes pero con la clara determinación de convertir la zona industrial en una residencial.
Según contó a la diaria uno de los vecinos organizados, Joaquín Vaucher, al ver las obras decidieron “enviarle una nota a Indre, y ahí empezó todo el movimiento”. En la carta, los vecinos plantearon a la empresa “la posibilidad real de que se incrementen los niveles de contaminación a los que estamos expuestos en la actualidad (olores nauseabundos, humo, hollín, aserrín, ruido excesivo, tránsito de vehículos pesados, maquinaria pesada)”.
Pocos días después, la empresa contestó que “esta segunda planta y/o planta auxiliar” busca ser una extensión de la que ya tiene Indre sobre el río Uruguay puesto que -según la nota, fechada el 12 de mayo-, “la creciente del río desaloja” a la empresa de su “planta madre”.
“Este local servirá también para mantener las existencias de materiales necesarios para la producción normal en los períodos en que la planta actual quede inaccesible”, continúan los directores de la empresa en la nota, y dan cuenta de la “preocupación” que manifiestan los vecinos por “los niveles de contaminación que pueda producir esta actividad”, cosa que descartan “de plano”.
Sin embargo, Indre no respondió si contaban con la habilitación del gobierno departamental para construir en una zona no habilitada, aunque según supo la diaria, lo que sostienen es que se trata de una expansión de su planta madre, que se encuentra a dos kilómetros de distancia del terreno en cuestión, por lo que no sería necesariamente un “emprendimiento nuevo”.
“Entendemos que para poder tener una excepción eso tendría que haber pasado por la Junta Departamental, [pero] los ediles se enteraron de esto cuando los invitamos”, sentenció Vaucher.
Responsabilidades políticas
El miércoles 18, los vecinos fueron recibidos por una comisión especial que se formó en la Junta Departamental para estudiar el tema, y tendrán que entrevistarse nuevamente este miércoles cuando también comparezca el director de Obras de la Intendencia de Paysandú, Horacio Marsico. Consultado por la diaria, Marsico explicó que el permiso para la construcción “aún no” está firmado puesto que “hay un trámite previo que es la viabilidad”, y que es eso lo que “le vamos a explicar a la Junta el miércoles”. Esto es así, ya que el artículo 99 del Plan Paysandú establece que “se deberá obtener, con carácter previo a su aprobación y posterior intervención, una viabilidad territorial de localización”. El problema, según señalan ediles que integran la comisión, es que la intervención ya comenzó.
“Lo que está haciendo el gobierno, el intendente, es actuar unilateralmente, pasando por arriba de la Junta Departamental, porque hasta los propios ediles del Partido Nacional saben que no se puede construir, lo han dicho en la comisión de Higiene y Medio Ambiente donde recibimos a los vecinos de esa zona”, dijo a la diaria el edil frenteamplista Sebastián Martínez, y recordó que desde Indre “aducen que es una extensión de la planta de hormigón, pero esto no es así porque está en otro terreno”.
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, reconoció en diálogo con la diaria que les llegó “el dato de que los vecinos están movilizados por eso”, y que desde el ejecutivo departamental ya tomaron nota de los reclamos y por eso requirieron “a la empresa que garantice con informes y firma técnica” que no habrá un impacto ambiental.
“Todavía no se dio el permiso de construcción, tenemos que ver cuál es la idea de la radicación de la empresa ahí, vamos a esperar a avanzar bien sobre el reclamo y cuáles son los temas que los vecinos presentan”, añadió Olivera, quien dijo que de todas formas prefiere “no emitir opinión sobre algo que está en proceso”.