En octubre, cinco productores y productoras apícolas de Sauce y Cuchilla de Rocha –localidades de Canelones– denunciaron en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) la mortandad de sus abejas. En total se vieron afectadas 200 unidades productivas de al menos ocho apiarios. Sin embargo, no fue la primera vez que tuvo lugar un episodio de este estilo en la zona. Por tan sólo nombrar un ejemplo, ellos y ellas habían sufrido la pérdida de 625 colmenas a fines de 2021. En ambos casos se trató de intoxicaciones por uso de fipronil, insecticida que está prohibido en formulaciones líquidas desde 2009, en campos productivos por donde las abejas circulaban.

A los pocos días de que los productores presentaran la última denuncia, la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) solicitó un análisis de muestras de cuatro colmenas que se vieron afectadas. En todos los casos se encontró la presencia de fipronil, según se redacta en una misiva enviada a los apicultores a comienzos de enero. De esta forma, se describe que el 25 de octubre labraron un acta para realizar una inspección por “uso incorrecto” de agroquímicos. “Se procedió a georreferenciar los cuatro apiarios afectados que fueron positivos en fipronil, trazar un área objetivo de inspección de entre 1,5-1,8 km de radio alrededor de los apiarios e identificar y extraer muestras del suelo y/o vegetales en aquellos cultivos donde, dadas las características de los mismos (tipo de polinización y presencia de flores o frutos cuajados recientemente), [...] hubiese sido posible el pecoreo [extracción de polen] de las abejas”, se relata.

Inspeccionaron viñedos cercanos e incluso en el documento se indica que un propietario negó el permiso para extraer muestras de su campo. El argumento fue que estaba “en desacuerdo con el procedimiento”. Por esta razón, el MGAP apeló a solicitar “una orden de ingreso a dicho predio” por vía judicial. Casi dos meses después, la DGSA pudo entrar al territorio. Como conclusión del informe, las autoridades señalan que “la empresa Rosés Hnos SRL incumple la normativa vigente del MGAP” por el uso de fipronil, insecticida prohibido. La conocida empresa vinícola se define en su página web como “de las más importantes a nivel nacional por su volumen de elaboración y presencia en el mercado”.

La historia detrás

Estela Santos es apicultora e investigadora del Laboratorio de Entomología y Etología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Actualmente integra el Grupo Apícola Villanueva, compuesto por productores que desde hace más de 15 años trabajan juntos. Además, ella perdió sus abejas por el uso de fipronil en octubre. “Necesitamos que los productores vitícolas entiendan, con una sanción importante, que no tienen que aplicar cualquier cosa, sobre todo un producto prohibido, que saben que no pueden usarlo”, expresó. Enseguida, agregó: “Cuando nos encontramos frente a este tipo de situaciones, sentimos que no es sólo un daño al apicultor, es mucho más grave. El apicultor se entera porque tuvo un problema con su colmena, pero nos está dando señales de que están muriendo todo tipo de insectos que pasan por esa quinta. Avispas, controladores biológicos; nadie los está observando, nadie los mide, nadie lo comenta. Realmente hay un problema ambiental”.

Santos planteó la necesidad de que las autoridades los apoyen y enfatiza en que las multas deben ser “más importantes” para lograr frenar la problemática recurrente. De otra forma, “las empresas no entienden que no tienen que trabajar con malas prácticas en sus cultivos”. Su lucha va en este sentido y las gremiales están trabajando con el MGAP para lograrlo. “Queremos ver qué sanción tiene este año la empresa”, indicó.

Si bien la problemática de mortandad de abejas por el uso de agroquímicos se enmarca en una situación compleja, detrás de cada episodio hay historias. Por esta razón, es importante saber qué implicó para los productores el uso de fipronil en octubre. La apicultora responde que de los cinco afectados, parte de ellos tienen producción pequeña y viven únicamente de la miel. “A veces, también utilizan las abejas para polinizar cultivos de manzanos. El hecho de que la mortandad se produjera en octubre también limitó esta actividad: no tuvieron colmenas. Hubo que llamar a otros productores para que pudieran cubrir esa vacante. Fue complicado”, describió. Asimismo, al perder sus unidades productivas, se cortó el ciclo de producción. “Cuidamos todo un año para mantener la colmena viva y que nos dé la miel una vez, en primavera-verano, que es cuando hay muchas flores y la abeja trabaja sobre ellas. Perdimos toda la cosecha, nos quedamos sin el rédito económico”, señaló.

A esto se suma la posibilidad de que al segundo año no puedan recuperarse. Contó que a partir de octubre intentaron formar nuevas colmenas. Sin embargo, también se sumó el factor de la seca, que los “agobió”. “Al empezar tarde el proceso de crianza de las abejas, el querer formar una colmena fue caótico. Debido a la seca, había poco alimento en el ambiente. No pudimos volver a tener las 200 [unidades productivas que perdieron] en su totalidad. Logramos tener algunas nuevas, pero no fueron productivas”, apuntó. Nuevamente, recordó que muchos productores pequeños dependen del trabajo que se vio frustrado por el uso de un insecticida prohibido.

¿Existe una reparación para los apicultores?

“No tenemos reparación económica, tenemos que remontar con nuestros bolsillos. No lo tenemos porque, hasta el momento, es difícil iniciar algún procedimiento contra el productor que aplicó fipronil. Es difícil comprobar que las abejas que murieron por la aplicación estaban realmente en ese cultivo. Pudo haber sido otro, pudo haber sido un vecino. Por ahora, se entiende que es útil la multa. Es muy triste”, lamentó Santos. Tiene presente que varios colegas han comenzado juicios en otras ocasiones y “el juez termina no teniendo elementos para acoplar el hecho”. Además, iniciar procedimientos legales cuesta dinero y puede llevar varios años lograr una definición. En pocas palabras, afirmó: “Estamos desprovistos de herramientas que nos ayuden a buscar esa indemnización por la pérdida de colmenas”.

Sin embargo, los apicultores no se rinden. “Es nuestro lugar de producción, de acá no nos vamos a mover. Vivimos en nuestros emprendimientos y no puede ser que no podamos realizar el tipo de producción que elegimos, que sabemos hacer. La apicultura no es generalmente una actividad que se hereda, nos capacitamos, hacemos cursos. En mi caso, he pasado por estudios terciarios, siempre especializándome en este tema. Me niego a tener que realizar otra actividad. A veces te dicen que ‘con el apicultor no se puede convivir’. No me entra en la cabeza. Este es mi lugar, yo tengo mi campo, tenemos nuestros suelos. Algunos tenemos nuestros lugares propios de producción, a veces tenemos las colmenas en un campo prestado, a veces hacemos acuerdos porque al otro productor le sirve porque polinizamos. Es lo que amamos hacer. Nos indigna que otros productores no entiendan que pueden trabajar bien, con buenas prácticas, para que nadie se vea perjudicado. Es inaudito que todavía sigan optando por prácticas que no son amigables con el ambiente, que no son amigables con otros medios de producción”, finalizó.