Mayo de 2023. Alfredo Navarro, representante en Uruguay de CGG –una multinacional que, entre otras actividades, se encarga de brindar servicios de exploración de yacimientos a la industria petrolera– le envía una carta al ministro de Ambiente, Robert Bouvier. Allí le comparte la “comunicación de proyecto” correspondiente a la iniciativa de “prospección sísmica subacuática tridimensional en la Zona Económica Exclusiva del Uruguay en el océano Atlántico”. Le dice que la presentación se realiza “a los efectos de solicitar la Autorización Ambiental Previa” y que el informe fue realizado por el ingeniero Carlos de María, nombre que quizás recuerden por ser el técnico que representó a los privados que buscan construir 29 edificios en Punta Ballena durante la audiencia pública.
De esta forma comienza el expediente al que pudo acceder la diaria mediante un pedido de acceso a la información pública, donde se brindan detalles sobre la exploraciones sísmicas que pretenden desarrollar empresas con miras a vender la información a petroleras y la visión de la cartera ambiental sobre este tipo de actividades. A su vez, también se suma que Ancap contrató de forma directa a una de estas empresas para desarrollar un programa que busca la “adquisición, procesamiento, interpretación y mercadeo de datos sísmicos 3D” de un mínimo de 5.000 hasta un máximo de 45.000 kilómetros cuadrados ubicados en la plataforma marina.
Antes de continuar, es necesario un repaso. En mayo de 2022, luego de casi dos años de espera, el gobierno uruguayo le otorgó a la empresa petrolera Challenger Energy una licencia para explorar un bloque en el área offshore –en el mar– de nuestro país. La firma tuvo lugar seis años después de que Total, grupo empresarial francés del sector petroquímico y energético, realizara un pozo de 3.404 metros de lámina de agua y aproximadamente 2.500 metros extras de perforación bajo el lecho marino y no encontrara yacimientos de hidrocarburos. Esta situación desmotivó a la industria y Uruguay salió de la mira de las empresas. Sin embargo, el hallazgo de hidrocarburos en Namibia, país de África, despertó nuevamente el interés en nuestra plataforma marina, ya que presenta condiciones similares. Tal fue la repercusión que, meses después, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, confirmó que “por primera vez todo el mar territorial se encuentra bajo exploración petrolera”.
En diciembre de 2023, la empresa estatal anunció que firmó contratos con las compañías YPF, Shell y el Grupo APA, para que puedan explorar bloques con miras a explotarlos en un futuro. Por su parte, Challenger Energy adquirió otro bloque y cedió parte de sus derechos a Chevron, petrolera estadounidense que 48 años atrás realizó los primeros dos pozos en la plataforma marina uruguaya. Este movimiento lo hizo con el objetivo de cumplir con las características requeridas para hacer un nuevo pozo de exploración –las empresas deben cumplir con cierta trayectoria para obtener el permiso–.
En paralelo, el Ministerio de Ambiente había declarado en 2022, durante la Conferencia de Océanos en Lisboa, que a fin de año llegaría a un 10% de área marina protegida. La promesa no se cumplió, pero la cartera elaboró un informe donde detalla ocho sitios marinos que deberían ser prioritarios para su conservación, aunque allí mismo reconoce que los avances en esta materia “han sido escasos”. Gran parte de los sitios a proteger están ubicados en la Zona Económica Exclusiva y sus superficies coinciden con los bloques que buscan ser explotados.
Los impactos a la biodiversidad marina desde el punto de vista de CGG
El informe de Comunicación del Proyecto que presentó CGG ante el Ministerio de Ambiente lo realizó la consultora privada Estudio Ingeniería Ambiental (EIA).
En el documento, fechado en marzo de 2023, se describe que buscan realizar una “prospección sísmica submarina tridimensional en la zona de los bloques OFF-4, OFF-5, OFF-6 Y OFF-7 ubicados en la Zona Económica Exclusiva del Uruguay en el océano Atlántico”. Aclaran que “en primera instancia se prevé solamente el relevamiento de una sección comprendida en los bloques OFF-4 y OFF-5”. Asimismo, recuerdan que entre 2012 y 2017 se realizaron relevamientos sísmicos en los que se abarcó una zona de 40.215 kilómetros cuadrados y que su objetivo es “prospectar el área que no fue cubierta en campañas anteriores con un pequeño solapamiento para poder correlacionar la información que se obtenga con la ya disponible”. Calculan que su área de operación se encuentra localizada a 200 kilómetros de la costa uruguaya, “en aguas que van de profundidades entre 1.150 y 4.600 metros, abarcando una superficie de 54.350” kilómetros cuadrados.
La primera campaña de relevamiento –que es para la que pedían permiso– duraría 158 días y la actividad de relevamiento sísmico ocupará 120 de ellos. Tendría un área de operación de 8.865 kilómetros cuadrados. Dicen que “las operaciones de adquisición sísmica se realizan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero se detendrán ante mal tiempo o para tareas de mantenimiento”.
La consultora detecta que la actividad de exploración generaría cinco impactos de significancia “media”. Dentro de ellos se incluye la “desorientación y alteración en el comportamiento” e incluso “afectación física y muerte” de mamíferos marinos, la “interferencia con la pesca”, el “atrapamiento de especies de tortugas y peces” y la “percepción social negativa”. Proponen medidas de “mitigación”. Por otra parte, describen 14 impactos que consideran de significancia “baja”; algunos ejemplos son la “desorientación y alteración en el comportamiento” o “afectación física y muerte” de peces y tortugas.
Resulta curiosa la diferencia en la clasificación de impactos según el animal que se trata. Mientras la “afectación física y muerte” de mamíferos marinos es considerada media, en el caso de las tortugas esa misma afectación es considerada baja. Aún cuando en el propio informe se menciona que las cinco especies de tortugas marinas que circulan en las aguas oceánicas de Uruguay se encuentran en las listas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y que también son consideradas “especies prioritarias para la conservación” según el criterio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La única medida de “mitigación” que proponen ante la “afectación física o muerte” de las tortugas es el “registro diario de avistamientos y sucesos remitidos a Ancap”.
Finalmente, en el documento se subraya que “el emprendimiento propuesto tiene el potencial de generar impactos ambientales significativos moderados, pero cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas bien conocidas y fácilmente aplicables”. Proponen clasificarlo bajo la categoría “b”, que representa un rango de impacto intermedio. La cartera ambiental, según consta en el expediente, aceptó esta clasificación.
La visión del Ministerio de Ambiente
El 27 de diciembre de 2023 la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales elaboró un informe sobre el proyecto, donde se presentó un listado de “los principales impactos identificados, su significancia estimada y las posibles medidas de mitigación”. La cartera entiende que la “presencia física y navegación del buque” puede interferir con la navegación comercial y con la flota pesquera, además de afectar “los cables por incrementos de presión” y el “atrapamiento de tortugas y peces en los streamers”, que son una especie de cables gruesos que se utilizan para captar los datos.
Además, sostiene que las “emisiones sonoras generadas por los cañones de aire comprimido”, utilizados durante la sísmica, podrían traer consecuencias a la fauna que habita el lugar. “En mamíferos marinos dependiendo la cercanía podría generar posibles daños físicos, pudiendo llegar a tener efectos letales, así como también afectación de conducta, orientación, alimentación, comunicación y ecolocalización”, describe el informe. También indica que “similares efectos” pueden producirse en tortugas marinas y en huevos y juveniles de peces.
Sin embargo, el informe de la División plantea que “si bien el proyecto presentado para su clasificación informa una extensa área que comprende los bloques OFF-4, OFF-5, OFF-6 y OFF-7 ubicados en la Zona Económica Exclusiva [...], de acuerdo a la información que se detalla en la comunicación, se informa únicamente la primera campaña de prospección la cual prevé prospectar partes de los bloques OFF-4 y OFF-5, por lo que se considera que la presente clasificación se restringe únicamente a la primera campaña informada”. Añade que estos dos últimos bloques “no abarcan sitios de particular relevancia para su conservación debido a sus aspectos ecológicos como biodiversidad, presencia de especies singulares o procesos de gran relevancia ecosistémica, no coincidiendo con los sitios que fueron establecidos en la Estrategia para la Conservación de la Diversidad Biológica en el Espacio Marino, elaborada por la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos”. Esta estrategia son los ocho sitios que buscan conservar que mencionamos anteriormente.
Cabe resaltar que el informe del Ministerio de Ambiente establece que “en relación al impacto de la onda de sonido sobre la biota y principalmente sobre mamíferos marinos, existe una alta preocupación a nivel internacional respecto a la magnitud de la afectación generada por esta actividad, por lo que se establecen un conjunto de buenas prácticas con el objetivo de minimizar las posibles afectaciones generadas sobre estas especies. En tal sentido no se comparte la estimación de la significancia de los impactos asociados a la afectación física y al comportamiento de los mamíferos marinos y a la actividad pesquera debido al grado de incertidumbre asociado a los potenciales efectos, por lo que se entiende que la significancia para ambos podría ser considerada alta”.
Por otra parte, relata que “es de público conocimiento los conflictos existentes en nuestro país al respecto de la prospección sísmica y su potencial afectación a la actividad pesquera”. Entonces, con el objetivo de “evitar nuevos conflictos”, la cartera ambiental entiende que las “instancias de participación pública” serían “de utilidad en los procesos de autorización de este tipo de proyectos” para que “cada uno de los involucrados pudiera manifestar sus inquietudes”.
En el documento también menciona que tienen conocimiento de “otros proyectos de prospección sísmica en los mismos bloques y en bloques continuos”. “Se identifica la potencial generación de impactos ambientales negativos acumulativos sobre el medio biótico y antrópico, los cuales deberán ser analizados y planteadas las medidas de minimización, como puede ser la no duplicación de la prospección sobre la misma área ni la ejecución en forma simultánea en áreas contiguas”. En este sentido, el Ministerio de Ambiente le informa a la compañía multinacional que el estudio de impacto ambiental debía considerar con “especial atención” algunas problemáticas. Insisten que es necesaria “una descripción del medio adecuada y detallada del área a prospectar, incluyendo especialmente todos aquellos elementos vinculados a la existencia de biota susceptible a ser afectada por el desarrollo de la actividad”. Exige que se incluya información del “medio físico (hidrografía, hidrodinámica y geología), medio biótico (estructura del ecosistema prestando especial atención en los mamíferos marinos, tortugas y recursos pesqueros presentes en la zona, teniendo en cuenta su variabilidad estacional) y medio antrópico (usos del mar)”.
También solicita que se incluya la “evaluación de las posibles afectaciones al medio biótico contemplando la afectación generada por aumento del nivel sonoro del mar y las medidas de gestión y mitigación a ser adoptadas”. Suman que se estudie la “posible afectación vinculada a la interferencia del proyecto con otros usos del mar en la zona a desarrollar la actividad” y un “relevamiento de la percepción social de la actividad debiendo identificar los diferentes actores del sector pesquero, ONG, instituciones, etcétera”. Finalmente, el aspecto más importante es que CGG “deberá evaluar el impacto acumulativo derivado de esta actividad considerando las demás prospección y operativa asociada a ser realizada en zonas adyacentes”.
Más proponentes
El 4 de abril de 2024, Alfredo Navarro envía otra carta a Robert Bouvier. El representante de CGG le pide que deje sin efecto el expediente que presentaron anteriormente donde se pretendía explorar únicamente los bloques OFF-4 y OFF-5 en una primera campaña. Dice que elaboraron un nuevo proyecto donde se “incorpora el área de prospección presentada” y que se optó por este camino para que “se considere la evaluación de prospección de forma integral”. En el expediente preveían comenzar la “etapa de adquisición sísmica” en enero de 2024. Finalmente, no lograron concretarlo. El nuevo proyecto recién se está comenzando a estudiar en la cartera.
Fuentes del Ministerio de Ambiente confirmaron a la diaria que recientemente no se ha aprobado ningún proyecto que involucre sísmica en la Zona Económica Exclusiva. También comentaron que CGG no es la única empresa que pretende realizar esta actividad en la plataforma marina uruguaya. Según consta en el Visualizador del Observatorio Ambiental Nacional, existen al menos tres proyectos más de exploración sísmica. Todos recibieron la categoría “c” que “incluye aquellos proyectos de actividades, construcciones u obras, cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”. Las empresas que buscan extraer datos de nuestro océano para vendérselo a empresas petroleras son Searcher Geodata, PGS Exploration y el grupo TGS. El problema consiste en que quieren aplicar sísmica en lugares cercanos y, según la fuente del Ministerio de Ambiente, lo que se busca evitar es la superposición de campañas debido al daño que podría ocasionar en el ecosistema.
Contratación directa de Ancap del grupo TGS
Una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), del 12 de marzo de 2024 a la que accedió la diaria, describe una gestión realizada por Ancap donde solicitó “la autorización del Poder Ejecutivo para la contratación directa” de la empresa Spectrum Geo del grupo TGS para llevar adelante un programa que busca la “adquisición, procesamiento, interpretación y mercadeo de datos sísmicos 3D” de un mínimo de 5.000 hasta un máximo de 45.000 kilómetros cuadrados ubicados en la plataforma marina.
La autorización fue concedida en el marco de que la empresa estatal “está llevando adelante proyectos para la promoción de la exploración de hidrocarburos costa afuera (offshore) y costa adentro (onshore) del Uruguay”. Indica que el grupo TGS “ha proporcionado en los últimos cuarenta años datos sísmicos multiclientes a empresas de energía a nivel mundial, y cuenta con una extensa base de datos global, convirtiéndose en uno de los proveedores líder de datos multicliente, en tanto Spectrum cuenta con una relación técnico-comercial de larga data con Ancap”. El documento dice que “en materia de adquisición sísmica” la empresa ha llevado adelante “más de setenta proyectos” en Brasil, Argentina, Surinam, África Occidental, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Australia, Indonesia, Egipto y Bangladesh.
Añaden que la empresa privada buscará ampliar la cobertura “para contribuir al mejor entendimiento de los canales del Cretácico Temprano y características depositacionales que se consideran análogas a los plays objetivos de los descubrimientos de Namibia” y “ayudar” a “generar nuevos objetivos potenciales de perforación”, además de “promover y comercializar globalmente este producto” para “atraer más interés en los bloques offshore de Uruguay”. Asimismo, afirma que con la contratación directa “no se otorga ningún derecho sobre petróleo y/o gas, u otros minerales, ni se autoriza cualquier otra actividad de exploración a Spectrum o a una tercera parte”.
En el contrato que firmó Ancap con Spectrum del grupo TGS existe un contrato de confidencialidad de los datos obtenidos. El documento establece que “a menos que se acuerde lo contrario, por escrito, entre Ancap y Spectrum, toda la información derivada del programa, incluyendo el producto, deberá mantenerse confidenciales entre las partes y no serán divulgadas a ninguna persona, firma, corporación o cualquier otra entidad”. Añade que la empresa estatal “podrá ocasionalmente divulgar algunos extractos del producto [es decir, los datos] solamente a compañías petroleras que se muestren interesadas en adquirir una licencia de uso del producto”. Al parecer las empresas petroleras tienen más derecho que los ciudadanos uruguayos a obtener información sobre la posible existencia de hidrocarburos en el territorio.
En el documento figura que Ancap “cooperará” con Spectrum “en la gestión de los permisos necesarios con los eventuales titulares de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas donde se desarrollará el programa”. También “cooperará” con la empresa “o sus subcontratistas, si es aplicable y dentro de la estera de su competencia, para la gestión de las autorizaciones necesarias por parte de las entidades laborales, aduaneras, migratorias, ambientales, marítimas, pesquera y cualesquiera otras entidades gubernamentales con jurisdicción respecto a las áreas donde se llevara a cabo el programa y concernientes a las operaciones involucradas en el mismo, así como para la coordinación y comunicación en la fase de adquisición del programa, con dichas entidades y otras partes interesadas”. Como contraparte, Spectrum “deberá utilizar, en cuanto fuese posible, personal técnico y no técnico uruguayo en las actividades incluidas en el programa” y “deberá utilizar, en la medida que sea posible, bienes y materiales producidos en la República Oriental del Uruguay y servicios aportados por empresas uruguayas, siempre y cuando dichos bienes, materiales y servicios, sean comparables y competitivos en precio, oportunidad y calidad con aquellos que puedan ser obtenidos en otro país”.