En enero, el investigador del Laboratorio de Ciencias del Mar de la Universidad de la República Omar Defeo contaba que el “corazón” –en referencia al sistema de dunas– de la playa de Aguas Dulces estaba complicado de salud. Una de las consecuencias más visibles del daño en el balneario rochense es el endurecimiento y angostamiento costero. Esta situación, que comenzó a gestarse en el siglo pasado con el aumento de la urbanización, generó un conflicto socioambiental que actualmente divide a la comunidad. Aguas Dulces no es el único pueblo costero que está padeciendo esta problemática. Más de un cuarto de las playas del mundo está bajo seria amenaza y las causas son la invasión del desarrollo recreativo, urbano e industrial, desde la tierra, y el aumento del nivel del mar, desde el lado del océano.
Nunca es fácil recibir la noticia de una enfermedad grave, pero, en gran parte de los casos, lo mejor es buscar cuanto antes la medicina necesaria para intentar sanar la situación. Con este afán, el grupo Vecinos en Defensa de la Costa de Aguas Dulces ha hecho varios movimientos. Sus integrantes presentaron varias denuncias ante el Ministerio de Ambiente (MA) describiendo situaciones irregulares, como, por ejemplo, la colocación de enrocados en la playa sin autorización ambiental y la contaminación por vertidos. También entregaron un recurso ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), y el organismo mantuvo contacto con las diferentes partes.
El 30 de junio, la División de Gestión Costera y Marina del MA respondió a la INDDHH con un documento titulado “Observaciones sobre la situación costera del balneario Aguas Dulces”, al que accedió la diaria. Dice que el informe nace de “la complejidad de la problemática planteada, que abarca múltiples aspectos físicos, legales y sociales”, “un análisis de la información disponible” y los resultados de inspecciones en el sitio. Uno de los datos más impactantes que cita el trabajo consiste en que Aguas Dulces sufre una “tendencia sostenida de retroceso costero”, con “tasas medias superiores a un metro por año de pérdida de playa”. “Este valor promedio, considerablemente alto, concuerda con la impresión de un deterioro acelerado y visible de la costa, agravado por la ocupación humana de la franja dunar”, agrega. Cabe destacar que el equipo técnico no se limita sólo al “diagnóstico”, también propone un “plan de actuación integral para atender las problemáticas identificadas”.
Un paciente complicado
El informe elaborado por el equipo técnico de la División de Gestión Costera y Marina comienza con una descripción de los antecedentes o, siguiendo la metáfora médica, la historia clínica del paciente. Indica que Aguas Dulces se ha visto “afectado” por “problemas de erosión costera y ocupación irregular de la faja litoral desde hace décadas”. “Este balneario cuenta con construcciones ubicadas extremadamente cerca del mar, muchas de ellas avanzadas sobre la faja de defensa de costas”, manifiesta. Recuerda que la ordenanza costera departamental vigente en Rocha “prohíbe explícitamente la ocupación de dicha faja de 150 metros, calificándola como ‘ocupación ilegal’”.
En el documento, apunta que “las denuncias ciudadanas recibidas en los últimos años evidencian el agravamiento de la situación”. Señala que realizaron inspecciones en el territorio y, por ejemplo, en diciembre de 2024 constataron la “presencia de un enrocado continuo de aproximadamente 2,04 kilómetros de longitud a lo largo de la playa”. El equipo técnico del MA plantea que “no existen registros de autorizaciones previas otorgadas para las obras de defensa costera (enrocados) o modificaciones realizadas en la faja costera” del balneario. “Es decir, las intervenciones antrópicas en la playa (colocación de rocas, construcción de defensas, etcétera) se han realizado sin la autorización previa requerida [...] Esta situación de irregularidad legal ha sido comunicada a las autoridades locales”, afirma.
En junio de 2025, durante otro relevamiento, el equipo técnico cuenta que “los accesos a la playa existentes fueron inspeccionados uno por uno, constatando en muchos casos dificultades para transitar debido a obstáculos”. En esta línea, suma imágenes satelitales donde “la línea edificada actual prácticamente coincide con la orilla, sin playa seca intermedia, en gran parte del balneario”. Puntualiza que en el sector “sur y central” de Aguas Dulces “la playa ha desaparecido casi por completo” y que, durante “eventos de oleaje, el agua llega directamente contra las defensas de rocas colocadas al pie de las viviendas”.
En cambio, en el “extremo norte”, detectó “menor densidad de construcciones y evidencia de acciones de manejo costero recientes”. En este sitio en particular, define que las bajadas a la playa están “ordenadas y acondicionadas”, con “cartelería informativa y servicios básicos”; también detalla la observación de “un proceso de restauración ecológica en curso, con cercas captoras de arena instaladas sobre la playa, regeneración de dunas costeras y abundante vegetación psamófila nativa cubriendo el cordón dunar”. “Este sector norte puede considerarse atenuado respecto al problema central, debido a que conserva parte de la geomorfología original y las intervenciones antrópicas han sido menores o más recientes”, agrega.
Por otro lado, identificaron “cauces pluviales que atraviesan el balneario desembocando en la costa” y “en varios” observaron “depósitos de ‘arenas negras’ en sus lechos, indicadoras de procesos erosivos intensos tierra adentro que arrastran materia orgánica y suelo hacia la playa”. El informe concluye que Aguas Dulces sufre una “problemática severa” caracterizada por la “erosión extrema y pérdida de playa asociada a la presencia de construcciones y defensas ilegales”; la “ausencia de autorizaciones ambientales para dichas intervenciones, lo que implica su ilegalidad y falta de controles previos”, además del “compromiso institucional pendiente de implementar una solución integral”, y la “creciente preocupación social reflejada en múltiples denuncias por los impactos ambientales y riesgos en la zona”. Como si fuera poco, alerta que “la vegetación nativa costera ha sido mayormente sustituida por especies oportunistas o invasoras”, como el Carpobrotus edulis.
Imagen satelital extraída del informe elaborado por el Ministerio de Ambiente.
Resalta que el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, Infraestructura de Datos Espaciales y la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos han llevado adelante estudios que “comparan imágenes satelitales y fotografías históricas de diversas fuentes”, desde 1966 hasta el presente, y “confirman una tendencia sostenida de retroceso costero en Aguas Dulces con tasas medias superiores a un metro por año de pérdida de playa”. Insiste que el valor es “considerablemente alto” y “concuerda con la impresión de un deterioro acelerado y visible de la costa”. Además, dice que implica “la pérdida casi total de la playa” y “una situación de riesgo inminente para personas e infraestructuras”.
Un viejo plan que puede ayudar a pensar una solución integral
La Intendencia de Rocha presentó en 2017, ante el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, un proyecto que se llamó “Plan parcial Barra de Valizas-Aguas Dulces”, y que fue analizado por el equipo técnico nacional. Entre otras medidas, propuso la “relocalización de las construcciones irregulares fuera de la franja litoral activa, con el objetivo de recuperar el espacio costero para uso público y restaurar las condiciones naturales del ecosistema de playa y dunas”. Aclara que la iniciativa “no llegó a adquirir vigencia legal al no ser finalmente aprobada como decreto”, pero “sus lineamientos sirven de referencia técnica para posibles soluciones a la problemática identificada”.
El informe insiste en que “la problemática trasciende casos puntuales y requiere soluciones integrales y de alcance total para el balneario”. “Cualquier intervención aislada o paliativa, lejos de resolver, podría aumentar la degradación costera. Por tanto, se recomienda abordar un plan integral que abarque simultáneamente la remoción de las estructuras indebidas, la restauración ecosistémica del sistema dunar-playa y el reordenamiento territorial con miras a la adaptación climática”, asegura.
En este marco, la División de Gestión Costera y Marina hace una serie de recomendaciones a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo considera necesario “notificar formalmente a la Intendencia de Rocha sobre la necesidad de retirar de la costa todas aquellas estructuras no permanentes e irregulares (bolsas de arena, tablones, escombros de construcciones colapsadas, residuos) que actualmente se encuentran sobre la playa”; la “suspensión de nuevas defensas duras” hasta no contar con un “plan integral”, y, como una de las denuncias que recibió la INDDHH plantea que parte del enrocado proviene de “extracción irregular de piedras de cantera o cauces”, entiende que la Dirección Nacional de Minería y Geología debería involucrarse para evaluar la situación.
A mediano plazo, dice el documento, el plan debe abordar la “planificación y obras de reordenamiento costero”. Esto implica “impulsar en conjunto entre la Intendencia de Rocha y el Ministerio de Ambiente un estudio técnico detallado para delimitar la ‘zona litoral activa mínima’ que debe mantenerse libre de edificaciones en Aguas Dulces”. El estudio deberá tener en cuenta “la variabilidad histórica de la línea de costa, los escenarios de cambio climático y la geomorfología local”. Con base en esto, deberán “definir un ancho de franja costera a desalojar de ocupaciones permanentes” y “planificar la remoción gradual y/o relocalización de todas las construcciones actualmente existentes (viviendas, muros, cimentaciones) y el retiro total del enrocado continuo”. Esta intervención tendrá que contar con una autorización ambiental previa. A su vez, sugiere al gobierno local “la reactivación del proceso de ordenamiento iniciado en el plan parcial de 2017”, definiendo “nuevos fraccionamientos tierra adentro (u otras localidades) para reubicar las viviendas retiradas, eventualmente estableciendo incentivos y apoyos para que los propietarios migren fuera de la zona de riesgo”. Hasta concretar la relocalización, ve pertinente “mantener la política de no autorizar reconstrucciones o mejoras estructurales mayores en las edificaciones dañadas de primera línea”.
En el análisis a largo plazo, el equipo técnico aconseja implementar “un programa de restauración integral de playas y dunas en Aguas Dulces” que incluya “la remoción de escombros remanentes, reperfilado natural de la cosa, plantación asistida de especies nativas fijadoras de dunas e instalación de cercas captoras de arena para promover regeneración dunar”. “El objetivo sería restituir, en la medida de lo posible, la morfología natural de defensa blanda (dunas) que provee resiliencia frente a la erosión costera de manera sostenible”, manifiesta. Además, “todas las infraestructuras turísticas o de servicios que se reinstalen en la franja costera (miradores, bajadas de playa, pasarelas) deberán ser de carácter liviano, removible y situadas fuera de las zonas de riesgo inmediato”. Otro eje fundamental es “involucrar a la comunidad local y organizaciones de la sociedad civil en tareas de restauración” para “afianzar el sentido de apropiación y cuidado del proyecto de rehabilitación costera a largo plazo”.
Finalmente, el informe enfatiza que la problemática “trasciende la competencia de un solo organismo” y “su solución debe enmarcarse en un enfoque de manejo costero integrado, involucrando a las instituciones nacionales, departamentales y la propia comunidad”. A lo largo del documento se destaca numerosas veces que la “participación de actores locales en todo el proceso” es importante. Advierte que “muchas de estas medidas requerirán no sólo voluntad política, sino también asignación de recursos (financieros y humanos) y un marco normativo robusto que las sustente (por ejemplo, la declaración de la zona como área de manejo costero especial o la creación de un fideicomiso para financiar expropiaciones o indemnizaciones si correspondiera)”. Sostiene que las acciones propuestas buscan “atacar las causas raíz de la problemática más que abordar los síntomas”.