Gustavo Fripp dice que nació entre las colmenas. Es la cuarta generación de una familia de apicultores, fue integrante de la Mesa Apícola Departamental de Colonia y en julio fue presentado como uno de los nuevos delegados del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola. El 12 de noviembre, unos meses después de asumir la responsabilidad, tomó conocimiento de los primeros reportes de la mortandad de abejas que sorprendió a la población durante las últimas semanas. Según el último reporte difundido este viernes por las autoridades, las colmenas afectadas son 13.759 –en cada colmena viven miles de abejas–. Los primeros daños y muertes tuvieron lugar en Colonia y Soriano, luego en San José y después la problemática se extendió hasta alcanzar Canelones, Florida, Flores, Durazno, Río Negro y Paysandú. El apicultor describe que los casos “están muy vinculados a la zona agrícola”, principalmente con la implantación de colza, trigo, maíz y soja.
“Tenemos 20% de esas colmenas que murieron en su totalidad, 50% con una afectación grave –esto quiere decir que una colmena que estaba con ocho o diez panales actualmente está con dos o tres, es decir, la afectación fue muy grave– y 30% de los reportes donde, si bien se identifican anomalías, se ve despoblamiento y abejas muertas; el impacto no fue tan grave como el otro 50%”, relata. Fripp comenta que el 21 de noviembre convocaron a una reunión en la que estuvieron representantes de diferentes reparticiones del MGAP, la Universidad de la República, la Facultad de Química, productores apícolas, representantes de productores agropecuarios y más. Su idea fue “empezar a aunar el conocimiento que había sobre la situación y ver con qué herramientas contamos” para “generar el lineamiento de por dónde actuar”.
Tomaron muestras de abejas, miel, polen y cera que se están analizando en laboratorios de nuestro país -está previsto que los resultados estén listos próximamente- y otras 12 muestras también serán enviadas a laboratorios del extranjero. Explica que los laboratorios de Uruguay tienen una “capacidad analítica muy buena, pudiendo identificar en el entorno de los 100 principios activos” de plaguicidas, sin embargo, existen laboratorios en el exterior que permiten identificar hasta 600 principios activos. Espera que los resultados puedan ayudar a esclarecer la problemática.
El delegado del MGAP en la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola expresa que este evento de mortandad es “atípico por la dimensión y la cantidad de abejas”, pero lamenta que no es extraño ver en zonas agrícolas “el despoblamiento y la mortandad de colmenas”. Entiende que el sector tiene “un montón de falencias” que hay que atender, pero una de las principales es la convivencia con “la agricultura, que no es la que teníamos hace 30 años”. “La agricultura hoy tiene un paquete tecnológico con un uso de agroquímicos muy intensivo, donde siempre hay algún tipo de derivación que afecta a otros grupos. Esa convivencia tenemos que lograr que se lleve adelante, mejorar muchísimo el diálogo entre diferentes actores en el tema para generar mejores condiciones y que todos los grupos puedan convivir. En el tema del uso de agroquímicos quizás se necesitan también más normativas, corregir las que ya están vigentes o mejorarlas, porque es evidente que está habiendo problemas y tenemos que tratar de solucionarlos”, resalta. Enseguida, hace referencia a una investigación académica que constató que en América Latina se pierde 30% de las colmenas al año y que Uruguay estuvo por encima del promedio de la región, con pérdidas de 32% y 38% en los años analizados.
Las dificultades de denunciar formalmente ante el MGAP
Fripp plantea que una de las grandes problemáticas del sector es presentar denuncias formales ante el MGAP e indica que recientemente hubo cambios en la forma de reportar los episodios de mortandad de abejas. Relata que se apoyaron en un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que está estudiando los productos químicos que están participando en las muertes de abejas. Detalla que “al no haber un efecto fiscalizador detrás de este proyecto, los apicultores se animaron a reportar los casos y divulgarlos”.
“La denuncia [ante el MGAP] genera un protocolo de funcionamiento que implica enviar inspectores a la zona, sacar muestras, indagar con los vecinos. Esto incomoda a los agricultores, que no quieren estar siendo inspeccionados. El primer efecto que había [tras denunciar] era que los apicultores perdían los lugares para tener los apiarios. Hoy día, el lugar para tener las colmenas es el mayor capital que puede tener un apicultor. La mayoría tiene sus apiarios en campos que no son propios. Mediante acuerdos con los propietarios se les permite tener las colmenas, pero la lógica indica que si se hace una denuncia los dueños de los campos muchas veces les piden que retiren las colmenas de los predios. Los apicultores, con tal de que no los echen de los campos, no hacen la denuncia”, señala.
Considera que los últimos reportes permiten “tener una noción real de lo que está sucediendo”. Por ejemplo, cuenta que ante el MGAP hay únicamente cinco denuncias presentadas formalmente. “Si nos guiaremos por estas cinco denuncias, el problema prácticamente no existió. Sin embargo, ¡vaya que existe el problema! Hay que agradecer a los apicultores que se animaron y están llevando adelante los reportes de los casos, porque nos permiten tener una noción real”, agrega. Señala que están impulsando la idea de “cambiar el chip que se tenía históricamente de buscar culpables por una nueva metodología que consiste en salir a buscar soluciones para que a futuro no se sigan repitiendo estos casos”. Aunque aclara que “si hay algún agricultor o productor que se equivocó en el manejo y tiene alguna responsabilidad, tendrá que hacerse cargo”.
Mortandad de abejas en 2023.
Foto: Estela Santos
Roberto Linares, apicultor de Paysandú que se vio afectado, sostiene que “hay muchísimos productores medianos y pequeños que se van a quedar sin nada o con la zafra totalmente confinada” tras el evento de mortandad. Y nombra nuevamente el “viejo problema”: “El productor prefiere no denunciar a nivel del MGAP porque genera más perjuicios que beneficios”. Luego de la denuncia, si se corroboran los hechos, puede haber una multa para el infractor. Sin embargo, resalta que “el apicultor queda de lado, con un acta en la mano que dice que te mataron las colmenas, qué producto te las mató, cuándo, cómo y desde dónde vino. Con eso tenés que ir a buscar un abogado, si querés, e ir contra el productor o quien sea que te haya perjudicado las colmenas. Entrás en un problema de mucho tiempo, donde la billetera más grande y el mejor abogado del juicio va a salir beneficiado, va a ganar. El apicultor prefiere no denunciar porque no tenemos ese dinero, no es nuestra intención generar problemas”.
Sostiene que, tras la mortandad, no van a tener “reparación nunca”. “La colmena no la vas a tener más, no vas a tener producción, podrías llegar a tener después de mucho tiempo un dinero que no repara el daño, mucho menos el daño medioambiental y psicológico, el daño social”, esgrime. Por esta razón, su principal pedido es que “se evite el problema”. “El MGAP genera las reglamentaciones para la utilización de fitosanitarios, pero no registra que se está cumpliendo como se debe, solamente si aparecen denuncias. Hay que ganarle al problema, hay que evitar problemas”, insiste. A su vez, reafirma que la afectación a los polinizadores “no hay que medirla en dinero, hay que medirla en el daño medioambiental y el daño de la producción, de la calidad de lo que vamos a comer”. Este evento, agrega, “va mucho más allá de lo que puede ser un daño parcial a una colmena y, si esto se sigue replicando, es bastante grave”.
¿Sin evidencia?
El 9 de diciembre, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay difundió una misiva en la que afirma que “es importante aportar precisión técnica para evitar interpretaciones desproporcionadas” sobre el evento de mortandad. “Se han informado aproximadamente 11.000 colmenas afectadas. No obstante, Uruguay cuenta con unas 600.000 colmenas registradas, por lo que la pérdida corresponde a menos del 2% del stock nacional. Desde el punto de vista epidemiológico y productivo, esta cifra se considera marginal”, dice. Señala que “el evento no ocurrió en un único punto, sino que fue disperso en distintas zonas agrícolas, lo cual sugiere la necesidad de un análisis fino y evitar atribuir automáticamente una causa uniforme”. “Actualmente se están realizando estudios de laboratorio para identificar las causas de la mortalidad. A pesar de no contar aún con resultados, algunos actores han señalado a las aplicaciones de agroquímicos como responsables. Este tipo de afirmaciones, sin evidencia, no contribuye al análisis técnico”, manifiesta.
Finalmente, subraya que Uruguay es un “país altamente agroexportador” donde “cerca del 70% de las exportaciones provienen del sector agropecuario”. “Es fundamental abordar estos temas con rigurosidad científica, evaluando la magnitud real de los eventos y sus causas comprobadas. Afirmar relaciones causales sin sustento puede generar alarma injustificada y dañar tanto al sector apícola como al agrícola. Como profesionales, los ingenieros agrónomos trabajamos con criterios de sustentabilidad y protección ambiental, conscientes de que la producción depende del equilibrio de los ecosistemas. Para poder mejorar ese equilibrio, es indispensable analizar cada evento con datos y no con presunciones”, declara.
Luces amarillas
Fripp indica que “la apicultura es un rubro productivo donde la principal producción es la miel, pero el principal valor es la polinización”. Destaca que en Uruguay existen aproximadamente 2.300 apicultores y que es una actividad que “con muy poco capital te permite generar producción”. “Una colmena puede valer 50, 70, 100 dólares en el mejor de los casos. Con esto ya estás produciendo cuando en cualquier otro rubro con menos de varios miles de dólares no lo iniciás”, menciona. Sin embargo, lamenta que “últimamente los precios [de la miel] no han sido muy favorables” para los apicultores.
Insiste con que en este evento “hay productores que perdieron el 50% de las colmenas, el 60% de las colmenas o que vieron afectada su producción en el 100% de sus colmenas”. Sobre el comunicado de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, responde: “Los porcentajes a veces no son muy amigables. Es verdad que Uruguay es agroexportador y que debemos proteger el agro, pero también debemos ser conscientes de que un agro sin un medioambiente vivible, a la corta o a la larga, va a tener problemas. Las abejas son el principal bioindicador de las condiciones ambientales. Toda implicancia que haya en el medioambiente se va a ver reflejado en las colmenas y las abejas lo van a estar relatando. Debemos tener en cuenta que las abejas nos están prendiendo una luz amarilla de que está pasando algo. El agro debe seguir produciendo, sin lugar a dudas, pero hay una luz amarilla prendida, quizás el camino deba ser corregido o mejorado. Están pasando cosas que no deberían estar pasando y la abeja lo está denunciando y padeciendo. Pero junto con la abeja lo padecen todos los demás polinizadores y también todos los demás seres vivos que están en el entorno, entre ellos también el ser humano”.
El apicultor enfatiza que “debemos mejorar las condiciones ambientales porque no es algo normal lo que está sucediendo”. Y finaliza: “Quizás este evento de mortandad lo que hace es poner sobre la mesa una problemática que hace muchísimos años el sector apícola la viene viviendo y no se contrastaba porque no había un reporte de este tipo. Los reportes que había eran a través de las denuncias, las denuncias no se hacían y el problema no existía. Quizás este evento visibilice un problema que viene desde hace muchos años, que se viene reportando en la academia y denunciando desde la parte gremial, pero sin el impacto que se quería tener”.