Redes-Amigos de la Tierra emitió un comunicado donde señala que el otorgamiento de la autorización ambiental previa a las cuatro empresas que buscan llevar adelante la exploración sísmica en nuestra plataforma marina –sus nombres son Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS– “desnuda una contradicción enorme con las intenciones de avanzar hacia nuevas fases de la transición energética con base en las energías renovables” y señala que, además, implica “permitir que nuestro país sufra severos impactos socioambientales que afecten la fauna y flora marina, la pesca, la actividad turística, entre otros”. Las compañías nombradas anteriormente realizan las exploraciones; sin embargo, Ancap adjudicó los bloques de la zona económica exclusiva a las petroleras Chevron, Shell, YPF, APA Corporation y Challenger Energy.

“Los actores empresariales detrás de estos proyectos son de carácter transnacional y están señalados en otros países y regiones como criminales climáticos y responsables de violación de derechos humanos. Por ejemplo, en Ecuador, Chevron operó durante 26 años explotando un área de 500.000 hectáreas de la selva amazónica utilizando tecnología obsoleta y provocando la destrucción de territorios y biodiversidad, contaminando ríos, vertientes y aguas subterráneas con derrames y quemas diarias en mecheros de manera negligente. 55 años después de iniciadas las operaciones de extracción y 33 años después de que la empresa se retirara del país, las comunidades campesinas y pueblos indígenas afectados en el Ecuador siguen sin acceder a la justicia y reparación”, versa el comunicado. Asimismo, subraya que la compañía “no sólo inició acciones legales y logró fallos a su favor en todas las instancias judiciales, evadió la Justicia e incumplió los fallos judiciales, sino que recurrió a un tribunal arbitral en el exterior para demandar al Estado ecuatoriano por una cifra millonaria, alegando una afectación a su imagen”. Remarca que todo esto lo hizo a pesar de que “la Constitución de Ecuador no permite la solución de controversias” en este tipo de ámbitos.

¿Cuál es la importancia de visibilizar la situación que generó Chevron en Ecuador? La organización sostiene que “demuestra la impunidad corporativa de la que gozan las empresas de la industria de los combustibles fósiles”. “La larga lista de impactos ambientales, sociales, de salud pública y económicos de los combustibles fósiles, ampliamente documentados en diferentes partes del mundo, debería hacernos reflexionar y no avanzar con estos proyectos. Uruguay debería ser un ejemplo en la región y en el mundo y rechazar este tipo de proyectos en un contexto en que las empresas fósiles ejercen presiones para impedir el avance de una transición justa que dé respuesta integral a la crisis climática y la transformación de la matriz energética fósil”, insiste.

Karin Nansen, integrante de Redes-Amigos de la Tierra, resaltó en diálogo con la diaria que “es necesario entender la crisis climática como una crisis sistémica sumamente grave que ya tiene impactos en todo el mundo y que tiene su origen en la injusticia, pero, además, en sus impactos también se reproduce la injusticia”. Recuerda que las responsabilidades entre el Norte y el Sur Global son “comunes, pero diferenciadas”, que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático lo reconoce y que es “muy importante”. Sin embargo, agrega: “Nuestra propuesta no es que, por lo tanto, el Sur emprenda una senda de desarrollo igual que la que emprendió el Norte y contamine, porque el Sur tiene derecho a lo que se llama ‘presupuesto atmosférico disponible’. Además, queda muy poco espacio atmosférico disponible y cada vez hay más estudios de que estamos, si no llegamos ya, muy próximos a un punto de inflexión y una situación de no retorno. No queremos emprender esa misma senda de desarrollo porque entendemos que tiene otras consecuencias nefastas. Es un uso de los bienes naturales que no queremos reproducir”.

Desde su perspectiva, es una “posibilidad” que Uruguay tenga “miedo de que estas empresas, porque ya existe un contrato, acudan a tribunales arbitrales”. “Es una posibilidad que ese sea el temor. Ahora, ya nos enfrentamos a [la tabacalera] Philip Morris ante un tribunal arbitral por la política de tabaco. Había una determinación de mantener la política de control del tabaco y no se cambió. No consideramos que el miedo sea una buena excusa. Si el miedo es a que las empresas puedan llevarnos ante un tribunal arbitral, no podemos caer en esa lógica de que las empresas controlen nuestra política pública. Tenemos que defender una política que se definió con total conciencia de la importancia de esta transformación de la matriz energética”, esgrime.

La activista recuerda que, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se está negociando “un instrumento internacional legalmente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos”. La idea es que las empresas no se comprometan únicamente de forma voluntaria, sino que “haya un instrumento que permita juzgar a estas empresas transnacionales cuando cometen violación de derechos humanos”. Explica que, en muchos casos, las compañías “logran evadir y eludir a la Justicia una y otra vez por su carácter transnacional, aluden que lo que hizo una subsidiaria en determinado país no tiene nada que ver con la casa matriz”. En Uruguay esta herramienta se trabajó en un grupo que convocó la Institución Nacional de Derechos Humanos hace algunos años y que elaboró un documento. “Hubo bastante trabajo interparlamentario a nivel de la región. Este año tuvimos una actividad en Colombia, donde se está proponiendo una ley nacional sobre empresas internacionales”, cuenta, y enfatiza que sería una buena idea “traer este debate que implicó el tratado al Parlamento uruguayo y pensar una legislación nacional”.