El uso de los agroquímicos empleados con el fin de proteger los cultivos de plagas, enfermedades y malezas (que algunos denominan “productos fitosanitarios” y otros directamente “agrotóxicos”) está sometido a determinadas condiciones. Aunque Uruguay cuenta con regulaciones que prohíben su uso cerca de centros educativos y poblados urbanos, el marco legal no contempla a ciertas poblaciones dispersas que residen en zonas rurales cercanas a los lugares en donde se llevan a cabo las fumigaciones.

La Resolución S/N/004 de la Dirección General de Servicios Agrícolas del 15 de mayo de 2004 indica que “se prohíben las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios, en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado”. En el caso de las aplicaciones terrestres mecanizadas, la distancia mínima permitida es de 300 metros. Sin embargo, testimonios de trabajadores rurales ponen en evidencia que es un tema que requiere mayor atención.

“Zonas de sacrificio” es como llama la doctora Emilia Martínez a aquellos territorios con “grave contaminación, degradación ambiental y afectación de los derechos humanos de sus habitantes”. Así es como reproducen este término a través de un trabajo de investigación basado en construir un perfil de salud de los habitantes de Villa 18 de Julio (San Miguel) en el departamento de Rocha, zona de gran producción arrocera en Uruguay.

Esta investigación, conocida por el nombre Campamento de salud, tuvo como objetivo recoger, mediante una encuesta de percepción llevada adelante por un grupo de 40 estudiantes de distintas carreras de la Universidad de la República (Udelar), la información de un total de 692 personas habitantes de esa localidad. Lo que motivó la investigación fue el registro de denuncias y demandas en la zona ante el notorio aumento por daños en la salud y el ambiente, lo que estos pobladores han relacionado con la contaminación por agrotóxicos.

Por su parte, Marcelo Ayala, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (Sutaa), cuenta a la diaria sobre la preocupación que atraviesan por el aumento de casos de trabajadores rurales enfermos que están en contacto constante con productos agrotóxicos. Al respecto, señala que “hay un desconocimiento sobre las consecuencias que están generando tanto en las personas que son afectadas cotidianamente en el territorio como en el medioambiente”. Al hablar sobre algunos casos concretos de afectación en la salud de estos trabajadores, Ayala comenta que “de historias como esas estamos llenos, y no hemos querido hacer un listado porque me parece que, en realidad, lo que tenemos que tener es investigación para saber cuánto está afectando”.

Los datos recogidos en setiembre de 2022 en el Campamento de salud revelaron la presencia de glifosato en todas las muestras de agua analizadas, provenientes de 22 puntos distintos de la zona. El relevamiento incluyó arroyos, canales de riego de arroceras, tajamares rurales, cunetas del pueblo y una canilla de la escuela 12 ubicada en el lugar. Si bien los niveles detectados estaban por debajo del límite permitido por la normativa nacional, superaban los estándares establecidos por la Unión Europea. Además, se identificaron restos del insecticida lambda cyhalothrin en un tajamar y del herbicida imazapic en arroyos, canales, una cuneta y otro tajamar. Estos hallazgos generan preocupación por la calidad del agua en la zona y su impacto en la salud pública, especialmente en espacios como los centros educativos.

Según relata Martínez, fue a partir de una serie de muertes sin causa aparente ocurridas en 2018 que los vecinos de la zona, y luego toda la comunidad de Villa 18 de Julio, comenzaron a denunciar la situación y a exigir respuestas al Ministerio de Salud Pública (MSP). Ante la falta de respuestas oficiales, decidieron actuar por su propia cuenta.

Inicialmente, organizaron talleres en la policlínica y en la escuela del pueblo, lo que más adelante derivó en una propuesta más concreta a través del espacio de Extensión Universitaria de la Udelar, en donde nació el proyecto del Campamento de salud, el cual les permitió reunir datos e información más precisa. Con relación a la normativa vigente sobre el uso de agroquímicos, Martínez critica los criterios oficiales: “Son órdenes de distanciamiento bastante ridículas para la dinámica ambiental y lo que se conoce de estos productos, pero, aun así, no se respetan. Las escuelas rurales o la población dispersa ni siquiera se contemplan”.

La población de San Miguel ha denunciado durante años la aparición de enfermedades crónicas, afecciones respiratorias y problemas en la piel, los cuales se relacionan con la exposición constante a productos químicos utilizados en la producción agrícola de la zona. “Desde 2008, más o menos, en los conventos rurales del norte se viene denunciando los venenos”, advierte la doctora Martínez, y enfatiza: “Esto es algo que hace 20 años nos vienen llevando las productoras a la mesa”. La médica subraya que las primeras investigaciones sobre el tema surgieron por iniciativa de la propia comunidad, de forma autogestionada y al margen de los espacios estatales de participación.

En cuanto a los datos relevados por la encuesta de percepción, coinciden en que el cáncer y problemas respiratorios son reconocidos como los principales problemas de salud presentes en la comunidad. Además, el cáncer es la primera causa de fallecimiento de los últimos 20 años en los hogares relevados.

¿Dónde están las respuestas?

Desde el Sutaa, Ayala comenta que este es un tema muy resistido por técnicos y por el sistema político en general. “Lo que ha hecho el sindicato fue denunciar que algo está pasando, que hay cosas que están afectando la salud del trabajador. Nosotros hemos apostado por generar conciencia en los trabajadores y hemos sido muy abiertos en cuanto a que esta información llegue, por ejemplo, al PIT-CNT”, afirmó.

Martínez concuerda en que debe existir una mayor generación de información sobre los efectos negativos que producen los agroquímicos en los trabajadores expuestos a ellos y en las personas y el ambiente en general. En ese sentido, relata que hace dos años realizaron un pedido de acceso a la información al MSP y la respuesta oficial llegó recién hace poco tiempo, con información que ahora considera “valiosa” para profundizar los estudios y continuar procesando información para hacer un estudio más detallado de la situación en el territorio.

Consultado sobre el tema, Agustín Giudice, actual director general de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, señaló que aún se están definiendo los lineamientos en el marco del nuevo presupuesto quinquenal, y si bien no brindó detalles específicos, afirmó que “es un tema que requiere profundidad”.

¿Es posible una forma más saludable de producción?

La agroecología se presenta como una alternativa sostenible y respetuosa con el ambiente y su entorno. Natalia Bajsa, investigadora del Instituto de Investigaciones Clemente Estable, forma parte de la Red de Agroecología del Uruguay y comenta que “en la agroecología se intenta producir aprovechando las interacciones que existen en la naturaleza por la naturaleza. No hay grandes afectaciones de plagas o enfermedades porque hay equilibrios naturales que los organismos controlan entre sí”. Los predios que practican este tipo de producción agrícola apuestan a la biodiversidad de cultivos en el predio y también a conservar la biodiversidad del entorno.

Bajsa se refiere también al Plan Nacional de Bioinsumos, el cual fue aprobado en nuestro país a través del Decreto 042/025 y firmado en febrero de este año, que promueve el uso de productos biológicos para el control de las plantaciones. Esto, según la investigadora, “ayuda a controlar las enfermedades y las plagas, y, comparado con los agroquímicos, son realmente eficientes; podrían ser una alternativa efectiva”.

Consultada sobre la posibilidad de expandir estos modelos en el país, apunta que es importante tener el acceso a la información, “porque hay muchas personas que cada vez son más conscientes de esta problemática y quieren producir de otra manera, pero no saben cómo o no se animan a empezar a hacer una transición porque piensan que será costoso económicamente o que van a perder algunos cultivos”. En ese sentido, remarca que “la idea es apoyar esas transiciones, hacer las investigaciones necesarias para que se levanten las limitantes que existan y, sobre todo, difundir esta información”.