El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recibió 91 denuncias por falta de elementos de protección personal para trabajadores que fumigan con agroquímicos entre diciembre de 2023 y junio de 2025. Las denuncias se hicieron desde todos los departamentos del país –salvo Colonia–, y en 66 casos la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS) constató que los trabajadores no contaban con esos elementos. Por otro lado, la División Condiciones Ambientales de Trabajo, que se encarga de monitorear el cumplimiento de las normas laborales relativas a las condiciones ambientales y a la protección de los trabajadores en materia de seguridad y salud, entre otros puntos, llevó adelante 350 actuaciones, entre ellas visitas inspectivas por denuncias, operativos, controles e investigaciones de accidentes de trabajo. la diaria obtuvo estas cifras mediante un pedido de acceso a la información pública.

Hace cuatro años, este medio solicitó la misma información para el período comprendido entre marzo de 2017 y setiembre de 2021. En aquel momento, la cartera había recibido apenas 35 denuncias en 16 departamentos. Entonces la IGTSS detalló que las cifras correspondían a las actividades donde la aplicación de agroquímicos es “parte del proceso productivo”. Incluyó a los grupos de los Consejos de Salarios 22 (trabajadores de la ganadería, agricultura y actividades conexas), 23 (trabajadores de viñedos, frutícolas, vinculados a la horticultura, floricultura, criadero de aves, suinos, apicultura y otras actividades no incluidas en el grupo anterior) y 24 (trabajadores de la forestación). La mayor cantidad de denuncias en aquel período tuvo lugar en el sector agrícola-ganadero, seguido por las arroceras y el sector forestal. En la respuesta al pedido de información para el período 2023 y junio de 2025, lamentablemente esa información detallada por sector no fue proporcionada.

Según la Ficha Técnica de Prevención elaborada sobre la base de diferentes normativas laborales por el MTSS en 2019, en Uruguay es obligación del empleador y un derecho de los trabajadores recibir la información y la capacitación necesarias para una “correcta manipulación y aplicación” de los agroquímicos. El empresario también debe “realizar la evaluación de riesgos asociada a los trabajos con agroquímicos, establecer medidas de control y, cuando corresponda, elaborar los planes de vigilancia sanitaria y de emergencia”. A su vez, sin costo para el trabajador, debe brindarle “todas las herramientas, infraestructuras y equipos de protección personal necesarios para el cumplimiento de las tareas que impliquen manipulación y aplicación” de agroquímicos.

En el documento se detalla que las formas más comunes de intoxicación por agroquímicos son la inhalación, absorción cutánea e ingestión. Los síntomas tras una exposición inmediata son dolor de cabeza, visión nublada, debilidad muscular, irritación ocular o en la piel y problemas respiratorios. Al estar expuestos en forma crónica, los síntomas se vuelven más complicados y van desde la disminución de defensas contra bacterias, virus y parásitos, sensibilidad respiratoria, alergias, malformación de fetos, abortos espontáneos, enfermedad de Parkinson, pérdida de memoria y cáncer.

Subregistro y miedo

Nicolás Rodríguez es investigador del Instituto de Psicología Social de la Universidad de la República. Forma parte de un equipo que está caracterizando la exposición a agroquímicos de los trabajadores del arroz en la cuenca de la laguna Merín e indaga sobre las percepciones de diferentes actores. No es la primera vez que lleva adelante trabajos de este estilo, tiene larga trayectoria analizando la problemática en Río Negro y Paysandú. Una de las conclusiones a las que llegó junto con el equipo que integra es que las bases de datos de organismos públicos evidencian un subregistro de las denuncias.

“El miedo y las dificultades para denunciar están documentados a nivel internacional y en Uruguay lo hemos podido constatar. Empezamos a trabajar sistemáticamente en 2012, en Young, donde surge que la proximidad entre las personas en una ciudad pequeña limitaba la capacidad para expresarse públicamente, aunque sí lo hacían en espacios privados, familiares. Victoria Evia también trabajó en la ciudad de Dolores sobre los padecimientos asociados a los agroquímicos y de su trabajo surge que denunciar implicaba lesionar los vínculos y que la gente lo hacía cuando no aguantaba más. Después fuimos a Guichón, y la gente tenía miedo de perder el empleo y por esta razón no denunciaba. También desde la sociología rural, Alberto Riella y Paola Mascheroni señalan la existencia de ‘listas negras’ y el miedo, en ese caso, a sindicalizarse a nivel rural. Es decir que para pensar en la posibilidad de un subregistro, tenemos un conjunto de investigaciones, de distintos grupos y equipos de investigación, que han podido documentar la problemática de lo que implica denunciar en determinados contextos laborales o pequeñas ciudades rurales”, explica Rodríguez.

El investigador considera que en nuestro país existe “una fragilidad en los sistemas de vigilancia de la salud de los trabajadores, trabajadoras y comunidades rurales”. Para su último trabajo en la cuenca de la laguna Merín solicitaron información a varios organismos gubernamentales sobre intoxicaciones. “Los números son muy pequeños”, dice, y cuenta que en una reunión tuvieron más casos que en diez años de registros públicos. “La información, tal como ustedes la recibieron en su pedido de informes y como nosotros la recibimos, tampoco es buena. No está desagregada por meses, años, departamento, sustancias. Los sistemas de vigilancia pasiva, que esperan que el sujeto haga la denuncia, colocan a las personas que están expuestas a las sustancias en una situación vulnerable o riesgosa, y tenemos que empezar a trabajar sobre eso”, afirma.

Rodríguez aclara que la normativa en el campo laboral de nuestro país es “muy buena para prevenir estas situaciones”. Por ejemplo, señala que “el Decreto 406 de 1988 plantea que para prevenir los riesgos químicos tenemos que ir a la fuente del riesgo, después a su medio de propagación y, por último, al trabajador”. “El Decreto 291 de 2007 les encomienda a las comisiones bipartitas de Salud y Seguridad Laboral que planifiquen la prevención en el mismo sentido”, agrega. “Lo que observamos en los diferentes trabajos de investigación es que en general se trabaja poco la fuente y el medio de propagación del riesgo, y se pone foco en la persona que trabaja y en su equipo de protección. Sin embargo, no sabemos si el equipo de protección personal es el que está indicado para la sustancia o si, como dice Amalia Laborde desde el Departamento de Toxicología, la persona lo puede soportar fisiológicamente. En general se va al trabajador y, en realidad, el foco, de acuerdo a la legislación, tiene que ir a la fuente de riesgo”, apunta.

El investigador destaca que si bien la cantidad de denuncias registradas por la cartera sobre la falta de acceso a equipamiento por parte de los trabajadores es baja, son más que en el período anterior. “Hay una sensibilidad mayor de los trabajadores, de las políticas públicas y de algunos sectores empresariales, que al menos se abren al diálogo. Si bien estamos avanzando, no vamos a la velocidad que deberíamos. Son sustancias muy peligrosas, que en algunos países están prohibidas, algunas con efectos cancerígenos, y otras que pueden afectar al sistema endócrino. La gente convive con estos miedos cotidianamente y desde el plano psicosocial es difícil. A veces nos quedamos en el plano biológico, pero convivir con esto no es sencillo en términos de habitabilidad de los espacios”, manifiesta Rodríguez.

El investigador considera que hay que “empezar a integrar mundos, tanto en las políticas públicas como en el campo científico”. “Los agroquímicos están asociados al modelo productivo y durante mucho tiempo operaron intereses que no permitieron desarrollar a la academia en este sentido. Nosotros estamos con la iniciativa de empezar a reunir al Banco de Seguros del Estado, al Banco de Previsión Social y al Ministerio de Salud Pública. De otra forma se van generando sistemas de vigilancia paralelos y eso no permite tomar decisiones”, acota.

Aplicación de herbicidas en un campo con alfalfa, en Colonia (archivo, enero de 2025).

Aplicación de herbicidas en un campo con alfalfa, en Colonia (archivo, enero de 2025).

Foto: Ignacio Dotti

El aire que respiran, el agua que toman, el ambiente que habitan

Marcelo Amaya es dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra). Afirma que “no es la característica del trabajador rural hacer denuncias”, que apelan a esta herramienta cuando la situación se vuelve “insostenible” y que el aumento en la cantidad “demuestra que la sospecha está creciendo en los trabajadores”. “Este no es un tema que se hable a viva voz porque hay polos encontrados. Si conversás con un apicultor y le decís que la sustancia es inocua, seguramente se va a enfadar muchísimo. Si hablás con un productor alineado con estas prácticas y le decís lo contrario, va a tener la misma reacción y dirá que ‘no pasa nada por usarlos’”, describe. Amaya señala que la creencia de que los agrotóxicos son inocuos “genera una cultura que demora muchos años en revertirse” y define el continuar utilizándolos como “el incentivo de la inconciencia”.

En este marco, recuerda el reclamo histórico de su sindicato: que se evalúe el estado de salud de los trabajadores y comunidades rurales. Cuenta que el cáncer es una enfermedad recurrente en trabajadores del arroz y pide “una forma de tener un diagnóstico más temprano, pero también saber cuál es la incidencia de estas enfermedades” en el territorio. “Yo creo que está bien formar a los trabajadores, pero no es suficiente. Claramente no es suficiente. Nosotros siempre decimos que tiene que haber más investigación sobre esto. Si bien no lo podemos demostrar, sabemos que hay muchos trabajadores afectados seriamente. Es una preocupación latente y cada vez más trabajadores tienen la sospecha de que sus problemas de salud son causados por el uso sistemático de agrotóxicos en la producción”, declara.

Amaya recuerda a Julio de los Santos, trabajador que sufre de enfermedades causadas por la exposición a agroquímicos y sigue buscando justicia para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. “Julio marcó mucho en cuanto a la percepción de la comunidad. Para los trabajadores es una lucha pendiente todavía. Creo que en la medida en que se haga justicia, van a aparecer muchos casos similares. Para nosotros él tiene un organismo muy resistente. Su organismo resistió para dar esta lucha y generar conciencia”, señala. Por otro lado, insiste en que si bien los trabajadores “no hacen la denuncia, sí abren las puertas para contar su problema” cuando los investigadores se acercan. “Una cosa es cuando hay un vínculo laboral y peligra su sustento, y otra cosa es cuando el trabajador ya está en una situación grave de salud. En ese último caso, el trabajador habla. Hay que saber dónde está para poder llegarle”, plantea el dirigente.

Al consultarle sobre cuál considera que es el camino para poder empezar a cambiar la situación de los trabajadores rurales y los pueblos fumigados, Amaya responde: “El conocimiento, la investigación. No creo que el camino vaya por la rotación de venenos. El camino es la agroecología. Para mí hay que poner todo el conocimiento, la tecnología, para que, con base en la sustentabilidad, se pueda alimentar a la población sin degradar los recursos y sin afectar la salud. Hay que tener en cuenta que la línea de producción del modelo hegemónico lleva décadas de investigación científica, de aporte de recursos para tener este resultado. A su ecuación me parece que hay cosas que no se le están sumando, como los gastos en salud. Me parece que es posible un modelo sostenible. El camino debe ser la investigación y el conocimiento para mejorar la productividad, la demanda de insumos, la generación de fuentes de empleo y que después la gente se vaya convenciendo sola”.

Fichas de seguridad en chino y los desafíos del Ministerio de Trabajo

Andrea Bouret es la nueva subinspectora general de Trabajo y de la Seguridad Laboral. Fue inspectora de Condiciones Ambientales de Trabajo desde 2008 y es la representante de la IGTSS ante el Sistema Nacional de Emergencias y el Ministerio de Ambiente. “En cuanto a los productos químicos, nosotros hacemos una fiscalización, más que nada hacia el trabajador, quien está en dependencia. Nosotros tenemos que fijarnos qué productos químicos tiene la empresa, no solamente los que usa cotidianamente, sino también los que tiene almacenados. Hay muchos productos químicos que ya no están en uso, pero pueden desprender vapores, gases y ser un problema, un contaminante para el trabajador”, comienza.

Bouret habla de la importancia de las fichas de datos de seguridad. Los fabricantes, importadores o proveedores de los productos deben brindar estas fichas a los distribuidores y usuarios sin costo adicional. Entre la información que debe contener está la identificación del producto, los primeros auxilios o qué acciones tomar ante un caso de vertido accidental, las formas de manipulación y almacenamiento, la información toxicológica y los riesgos que entraña. “Nos pasa mucho que ahora importan productos químicos y la ficha de seguridad está en chino. El proveedor tiene que darla en español”, marca la subinspectora. En estos casos, el trabajador ni siquiera puede saber qué producto está aplicando.

Bouret nombra varios decretos a lo largo de la conversación y concibe que “toda la normativa uruguaya hace énfasis en un pilar fundamental”, que es “la formación del trabajador en los riesgos a los que está expuesto cotidianamente o eventualmente”. “La empresa está obligada a saber qué productos químicos tiene y su peligrosidad. Debe tener la información y esa información debe estar escrita en la ficha de seguridad, en español, acorde al Sistema Globalmente Armonizado. Cada envase debe tener las etiquetas con pictogramas, pero es muy difícil que se puedan entender si no te los explican. Tenés que formar al trabajador en los riesgos”, dice. “¿Cuáles son los elementos de seguridad que debés tener para usarlos? ¿Cuándo llamar a la emergencia? ¿Cuánto tiempo tenés para que el producto reaccione de determinada manera? Todo esto la empresa te lo tiene que dar por escrito, de forma verbal y capacitar cada cierto tiempo”, comenta.

La subinspectora también habla de la evaluación de riesgos. “Tiene que haber una Comisión Bipartita de Seguridad y Salud en la que los trabajadores estén involucrados. No es lo mismo hacer una evaluación de riesgo y un plan de prevención desde un escritorio, a que se involucre el trabajador que realiza la tarea día a día. Yo te puedo decir que tenés que usar determinados guantes, pero capaz vos no podés mover las manos, o me decís que no los vas a usar porque no podés agarrar el envase. Lo mismo ocurre con la protección respiratoria o los lentes”, ejemplifica. Insiste en la premisa de que cuando existe “un riesgo importante” debido al uso de determinado agroquímico, hay que apuntar a eliminarlo y preguntarse si se puede cambiar “por otro que no sea tan peligroso”.

Bouret reitera la importancia de que “los trabajadores se involucren en la gestión de la seguridad y la salud, que sean parte, porque es un derecho”. Ella observa que uno de los desafíos de la cartera es reforzar esos ámbitos. También menciona otros retos, como las olas de calor. “¿Qué pasa con los trabajadores rurales que están expuestos a un cambio climático enorme con heladas intensas o calores muy fuertes? Ellos siguen usando productos químicos y los equipos de protección personal. ¿Los usan bien? ¿Son efectivos? Creo que vamos a tener que hacer un cambio cultural, de ver con profesionales en el tema cómo llegar a la gente y lograr así mejores condiciones laborales para todos”, expresa.

A la interna de la cartera, observa dificultades que tienen que ver con la cantidad de inspectores y su formación (próximamente tendrá lugar una capacitación sobre el riesgo de los usos de agroquímicos que será dictada por investigadores de la Universidad de la República). En Condiciones Ambientales de Trabajo hay 35 inspectores, el trabajo es “muchísimo” y “muy pocos” están radicados fuera de Montevideo. “La inspección tiene un rol importantísimo en la fiscalización de los puestos de trabajo, pero solos no podemos. No vamos a llegar al 100% de los trabajadores, no vamos a mejorar las condiciones laborales de todos solamente fiscalizando. Estamos apuntando a la formación de los trabajadores y de los empleadores, porque hay muchos empleadores que tampoco saben la normativa de seguridad y salud. Estamos llegando a los departamentos, está bueno que sean parte de las capacitaciones, que son gratis, que se acerquen cuando vamos. También se pueden contactar con nosotros por medio de correo electrónico o pidiendo asesoramiento. El rol de la inspección es asesorar también, no sólo fiscalizar”, finaliza.