El Ministerio de Ambiente autorizó este viernes a la empresa CGG Services a que pueda comenzar su actividad sísmica en nuestra plataforma marina, con el objetivo de saber si existen o no hidrocarburos. La medida generó rápidamente repercusiones. Sin ir más lejos, organizaciones convocan a una marcha que tendrá lugar este jueves a las 18.00 en Montevideo; partirá desde la plaza Independencia y llegará hasta la plaza Cagancha. El lema seguirá la misma línea que otras instancias recientes: exigir “un mar libre de petroleras”. Por su parte, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay pidieron al gobierno que “suspenda en forma inmediata las actividades de prospección sísmica”. En un comunicado difundido en las últimas horas a través de sus redes sociales, solicitaron que se “sancione a la empresa CGG Services por haber iniciado sus operaciones antes de contar con la autorización correspondiente, como se desprende de las comunicaciones del propio capitán del barco”.

Por si fuera poco, este lunes el Tribunal de Apelaciones en lo civil de 6° turno rechazó por mayoría la acción de amparo presentada en febrero por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La herramienta legal tenía como objetivo detener los proyectos de prospección sísmica. Sin embargo, fue desestimada por considerar que se presentó fuera del plazo establecido en la normativa. En este contexto, Mariana Mota, presidenta de la INDDHH, conversó con la diaria. Recordó que las compañías petroleras presentaron las iniciativas en 2024 y que a mediados de 2025, antes de que ella retornara a su cargo, el organismo le exigió al Poder Ejecutivo la “suspensión inmediata” de las autorizaciones vinculadas a la exploración de hidrocarburos tras haber analizado denuncias de organizaciones socioambientales. El Ministerio de Ambiente respondió en aquel momento que no había otorgado permisos. Sin embargo, el panorama cambió y las compañías petroleras obtuvieron parte de las habilitaciones en diciembre de 2025.

Mota destacó que “hay una cosa que es inevitable: estos trabajos tienen un impacto fuerte en el ambiente” y alertó que “no es suficientemente claro” que los organismos competentes tengan los “medios necesarios” para hacer una correcta fiscalización. Expresó que “se abren un montón de preguntas que no parecen claramente respondidas, por lo menos en lo que refiere a los condicionamientos que establece el Estado para que se desarrolle este proyecto”.

“La inminencia del inicio de las actividades nos planteó la posibilidad de presentar un recurso de amparo. Chocamos con la consideración que tiene la jurisprudencia en cuanto al cómputo de los plazos que establece la ley que regula el recurso de amparo”, lamentó. Enseguida, esgrimió que esta herramienta está “prevista a nivel internacional y también a nivel de la normativa interna como una garantía específica de protección de los derechos humanos”. “Tiene un trámite muy rápido porque se tiene que acreditar la inminencia del peligro de lesión o frustración de un derecho. Tiene un mecanismo excepcional. Se utiliza habitualmente en el trabajo judicial, lo invocan abogados generalmente con otras temáticas, como actos médicos o por acceso a medicamentos de alto costo. Tiene justamente la mirada de tratar de proteger un derecho que, si no se actúa rápidamente, puede ser gravemente lesionado. Transitamos por este recurso porque se venía el inicio de actividades de las petroleras que van a tener un impacto fuerte en el ambiente”, señaló.

Afirmó que en la interpretación de los plazos “coexisten” posturas y que la INDDHH fue al Tribunal de Apelaciones a “discutir que lo cierto y lo concreto es que el daño que se va a empezar a producir es inminente, porque ya empiezan los buques a trabajar”. Planteó que “hubiera sido deseable y necesario que se discutiera el tema de fondo”, es decir, la exploración y posible explotación de hidrocarburos, junto con los daños que podría ocasionar, y valoró el voto discorde de la ministra Mónica Bórtoli. “Debería haberse habilitado la discusión del tema de fondo, que ahora se ha cerrado justamente por una mirada formal en cuanto al cómputo de plazo”, acotó.

Al ser consultada sobre si los actores jurídicos deberían recibir formación específica vinculada a temáticas ambientales, Mota respondió: “Sin duda. El Acuerdo de Escazú, del cual Uruguay forma parte, es un acuerdo regional ambiental que tiene varios principios, como la participación ciudadana, el acceso a la información. El Estado tiene que comprometerse a dar la información de manera adecuada, veraz, accesible para que la población pueda participar. Otro principio del acuerdo es la existencia de una justicia especializada, justamente porque el tema ambiental es complejo, tiene aristas científicas, muy específicas. Es necesario que exista una justicia especializada en esta temática para poder abordarla y hacer una consideración cuando el derecho ambiental se encuentra vulnerado o cuando se reclama su protección. Esto demuestra una vez más que es necesario”, subrayó.

La presidenta de la INDDHH manifestó que, además, es “un derecho en constante cambio”. “La acción humana impacta en la naturaleza. Es una cosa que debemos conocer, ver cómo actuamos y observar de qué manera los diferentes elementos de la naturaleza necesitan protección. La ONU está tomando el tema hace muchos años y considera que son parte de los derechos humanos, y también se está hablando en otros organismos internacionales del derecho de la naturaleza. Estamos hablando de algo más allá del derecho humano; estamos hablando del derecho a la naturaleza”, contó. Enseguida, agregó que “hay una serie de términos y de conceptos que se han ido desarrollando” en las últimas décadas. Insistió en que “es necesario que la Justicia esté especializada, considere y tome estos temas, que sepa tramitar en forma adecuada recursos como estos y darles la debida atención” porque, “en definitiva, tiene que ver con una adecuada defensa de los derechos ambientales”.

Finalmente, dijo que la INDDHH “va a seguir mirando con cercanía cómo se desarrolla” la búsqueda de petróleo, va a “verificar” cómo el Estado cumple con los compromisos que asumió en las autorizaciones ambientales previas, “además de seguir insistiendo en que los daños ambientales que se produzcan tienen que verse con los principios de derecho ambiental que ha ratificado Uruguay en diferentes convenciones”.