Marchas, concentraciones, “cadenas humanas” que buscaban salvaguardar el mar. En la tardecita del jueves tuvo lugar una nueva movilización en Montevideo para pedir el cese de las prospecciones sísmicas en la plataforma marina, que tienen como objetivo saber si existen o no hidrocarburos y dónde sería propicio hacer un pozo exploratorio.
La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras viene organizando actividades en forma recurrente hace más de un año para difundir su mensaje. Sin embargo, esta instancia tuvo lugar en un momento particular. Los buques de la compañía CGG Services están en marcha, y hace tan solo unos días el Tribunal de Apelaciones en lo civil de sexto turno rechazó por mayoría la acción de amparo presentada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La herramienta tenía como objetivo detener las prospecciones y fue desestimada por considerar que se presentó después del plazo establecido en la normativa. Mariana Mota, presidenta del organismo, dijo a la diaria que “hubiera sido deseable que se discutiera el tema de fondo”, es decir, la exploración y posible explotación de hidrocarburos, junto con los daños que podría ocasionar.
Foto: Laura Sosa
En la proclama del jueves, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras manifestó su “mayor preocupación” ante “las limitaciones que ha impuesto el sistema jurídico” a sus reclamos. Recordó que presentaron un recurso y no fue “permitido”. En la causa que la organización inició junto con la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado, la Justicia negó su competencia. “¿Por qué al Poder Judicial no le competería una violación de la Constitución de la República que, en su artículo 47, establece que ‘las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente’? ¿Por qué se desentiende de evaluar contratos que violan la Ley 17.283 de Protección del Medio Ambiente? ¿Por qué permite que contratos con privados violen la Ley 19.128 que en 2013 declaró el mar territorial y la zona económica exclusiva de nuestro país como ‘santuario de ballenas y delfines’?”, preguntó.
El colectivo de personas subrayó que “se están agrediendo los derechos de las poblaciones costeras de continuar viviendo de la pesca y el turismo” y “el derecho de todos los uruguayos de disfrutar costas con vida”. Entiende que el Poder Judicial está “faltando a las garantías que debe otorgar a los ciudadanos”, y pidió “respetar el conjunto legal que es base de nuestro sistema de convivencia”. Alertó que “a nivel internacional hay cientos de artículos científicos que dan cuenta del daño ambiental letal que causan las exploraciones sísmicas”. “En todas las audiencias [públicas, que son espacios de participación abiertos], los oceanógrafos y biólogos uruguayos presentaron amplia información acerca de la gravedad del daño de la sísmica. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, nunca estuvo presente, pero sus funcionarios pudieron tomar nota”, esgrimió en el texto que fue leído ante los participantes.
Foto: Laura Sosa
La organización señaló que el Ministerio de Ambiente, “en vez de cuidar el ambiente, está cuidando la inversión extranjera, dando el visto bueno a la depredación”. Cuestionó que la aprobación de la actividad por parte de la cartera se base “en los informes de los empleados de las petroleras y de las empresas de evaluación ambiental que esas empresas pagaron”. “Dicen que para mitigar el riesgo van dos biólogos a bordo y paran los disparos si ven a 1.000 metros una tortuga, una ballena, un delfín. Es una falta de respeto inaceptable”, agregó. Enseguida, rememoró la movilización que tuvo lugar en diciembre, donde entregaron más de 21.700 firmas en contra de la búsqueda y posible explotación de hidrocarburos. Aseguró que sus integrantes siguen “juntando firmas” y van a entregar “muchas más”.
La asamblea planteó que las petroleras generan “impactos socioambientales en sitios que deberían ser protegidos” y exigió a Ortuño que “detenga inmediatamente la exploración”. “Si no lo hace, debe renunciar, ya que no está cumpliendo con las responsabilidades que su cargo le asigna; está contribuyendo a violar la Constitución de la República, la Ley de Protección del Medio Ambiente y la ley que hace al mar uruguayo un santuario de ballenas y delfines”, esbozó en la proclama. Finalmente, declaró que en el Parlamento existe un proyecto de ley que pretende que los delitos contra el ambiente formen parte del Código Penal.
En este contexto, presentó preguntas dirigidas al presidente de la República, Yamandú Orsi. “¿No sería bueno, señor presidente, hacer una comunicación al Poder Legislativo para acelerar este proyecto? ¿A quién va a rendir cuentas usted: a empresas transnacionales con pesados prontuarios de destrucción ambiental y evasión de responsabilidades o a la ciudadanía de su país? Queremos la inmediata detención de la sísmica. Queremos áreas protegidas. Queremos un mar libre de petroleras”, insistió el conglomerado de personas.