A sólo media hora del centro de Montevideo, en el kilómetro 16 de la ruta 8, vecinos y productores de Villa García se manifestaron repartiendo volantes informativos y con pancartas, bajo la consigna “una tierra libre de transgénicos”. Concretamente, les preocupa la intención de un productor que pretende plantar esa modalidad de soja y maíz en dos predios arrendados, de 50 y 70 hectáreas, ubicados en el entorno del kilómetro 20 de la ruta 8, una zona donde viven y trabajan varios agricultores dedicados a los cultivos orgánicos y la producción familiar.
Hugo Bértola, integrante de la Asociación de Productores Orgánicos de Uruguay (APOU) y productor de esa localidad, dijo a la diaria que son varios los problemas que puede traer a la zona este tipo de cultivo. En el caso del maíz transgénico, explicó que realiza una polinización abierta que da lugar a que se contaminen plantaciones orgánicas.
En la soja, la problemática es más amplia. Según Bértola, se trata de un modelo que supone la aplicación de agrotóxicos en forma sostenida en el tiempo. Por ejemplo, la de un herbicida muy dañino como el glisofato, que elimina todo tipo de cultivo vegetal salvo la soja que está adaptada genéticamente para que sea tolerante a esa sustancia. “El paquete de la soja viene acompañado de varios litros de glisofato que en algunos casos, cuando llueve mucho, va directamente a los arroyos. También trae de la mano el uso de una serie de insecticidas y una maquinaria muy sofisticada para aplicarlos. El 60% de los agrotóxicos que se aplican con esta maquinaria va directamente al aire y puede esparcirse por otras partes, llegando a plantaciones orgánicas, escuelas y centros poblados”, señaló y agregó que estas plantaciones “también pueden afectar cualquier producción orgánica de futuro, ya que todavía no se ha podido comprobar el daño que puede causar”.
¿Hay un plan?
En el mundo existen países que se han declarado libres de transgénicos, pero en el caso de Uruguay se permite con cierta regulación. “Los productores orgánicos y las organizaciones ambientalistas seguimos reclamando que Uruguay sea un país libre de transgénicos”, dijo Bértola.
Para defender la producción orgánica sin transgénicos en la zona, los vecinos se basan en varios argumentos. Por un lado señalan que Montevideo es un departamento que no ha tenido cultivos transgénicos y que allí se asienta una gran cantidad de productores familiares que proveen de frutas y hortalizas al país. “Un departamento con esa característica social tendría que tener una definición contraria a cultivos transgénicos y extensivos”, opina Bértola.
Por otra parte, los productores orgánicos llaman la atención sobre el Plan Cuenca Carrasco, con el que las intendencias de Montevideo y Canelones pretenden dar cohesión social y sustentabilidad productiva al entorno social del arroyo Carrasco, próximo a Villa García. “Si el Estado dedica tres millones de euros a este proyecto no puede admitir plantaciones transgénicas en una dirección totalmente contraria para darle cabida a tres o cuatro productores o especuladores inmobiliarios y generar el vaciamiento de la zona, consolidando la exclusión social”, opinó.
Soberanía alimentaria
Ayer en la noche el grupo de productores y vecinos se reunió con autoridades departamentales y representantes del MGAP para buscarle una solución a este tema. Andrés Silva, director de la Unidad de Montevideo Rural que participó en la reunión, explicó a la diaria que se escuchará el planteo de los vecinos y se les explicará el respaldo jurídico que puede utilizarse para una posible intervención. “El organismo regulador es el MGAP, las intendencias podemos establecer alguna medida cautelar para proteger determinada producción”, señaló. Según Silva, la zona del entorno de la ruta 8 está degradada desde el punto de vista productivo y el objetivo es reflotarla. “Vamos a tratar de tomar alguna medida para evitar que se planten transgénicos, ya que queremos que la zona conserve sus características productivas familiares. No tenemos respaldo jurídico para decirle a alguien que no plante soja, pero sí podemos vigilar que se cumplan determinadas normas de ordenamiento territorial para que el uso de la tierra no afecte a las personas. Pero no podemos ir más lejos que eso”, comentó.
En la misma línea, los directores departamentales del MGAP en Canelones y Montevideo, Fernando Rodríguez y Eduardo Díaz, respectivamente, explicaron a la diaria que el único respaldo legal que existe para regular las plantaciones transgénicas es la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial, que en su artículo 49 sostiene que “deberá protegerse la sustentabilidad productiva del recurso suelo como bien no renovable, no autorizando las actividades causantes de degradación hídrica o del suelo, o las incompatibles con otros tipos de utilización más beneficiosa para el suelo, el agua o la biota”.
“Vamos a intercambiar ideas con los vecinos para llevarnos una base de trabajo y así poder definir junto con las intendencias cuál es el uso que se le quiere dar al suelo y ver si se puede regular la plantación de transgénicos en esta zona. De todas maneras los tiempos que puede llevar el análisis de este caso son largos y quizás no podamos frenar antes la plantación”, dijo Rodríguez.
Por otra parte, Díaz dijo que espera recibir de los vecinos una oferta productiva para la zona. “Si seguimos con chacras abandonadas seguimos con espacios de suelo para otros usos. Muchos productores abandonaron la producción que hoy queremos reencauzar, pero para eso se necesita una intervención que atienda aspectos sociales y urbanísticos que van a llevar su tiempo”, señaló y agregó que “no sería conveniente que se planten transgénicos y que estos cultivos invadan la zona, es bueno que la ciudad mantenga la posibilidad de abastecerse de una cantidad de alimentos y pueda mantener una soberanía alimentaria”.