A junio de 2009 la Deuda del Sector Público Global ascendía a 18.288.000.000 de dólares, según el informe sobre endeudamiento público del Banco Central (BCU). De ese monto, 14.183.000.000 de dólares corresponden a obligaciones contraídas por el Gobierno Central; 953.000.000 de dólares por las empresas de propiedad estatal; 3.147.000.000 de dólares por el propio BCU; y de apenas 8.000.000 de dólares es la deuda total de los gobiernos locales. Considerando cómo se divide el actual endeudamiento según los instrumentos a través de los cuales se contrajo, se puede apreciar que 73% está asociado a títulos de deuda pública, 22% a préstamos internacionales y el restante 5% se divide entre proveedores privados, depósitos netos y otros rubros.
El volumen de endeudamiento ha sido motivo de discrepancias entre economistas, e incluso se coló durante algunos momentos en el debate de la pasada campaña electoral. Mientras desde el gobierno se argumenta que el país logró mejorar su posición respecto de la deuda pública considerando la evolución del ratio deuda/PIB durante al actual período constitucional, desde la oposición y algunas instituciones privadas especializadas en estudios económicos se hace particular énfasis en el aumento en términos absolutos del volumen de obligaciones medido en dólares. Si se observan los números, se puede recoger como resultado que ambas posturas gozan de un relativo grado de validez.
La deuda pública uruguaya como proporción del PIB cayó ostensiblemente en comparación con el pico registrado durante 2003. En ese año, el volumen total de la deuda superó al equivalente en dólares de la totalidad de los bienes y servicios producidos por la economía uruguaya, representando 107% del PIB. A partir de 2004, sin embargo, la proporción de deuda respecto del PIB ha ido disminuyendo constantemente. Actualmente, el endeudamiento del Sector Público Global representa aproximadamente 56% del PIB.
A pesar de la mejor performance de la deuda en términos relativos, en cifras absolutas expresadas en dólares Uruguay debe más que lo que debía. Es así que en junio de este año el endeudamiento del Sector Público era mayor en 4.966.000.000 de dólares respecto del registrado al cierre de 2004. Aun teniendo en cuenta el crecimiento de la deuda medida en dólares, cabe señalar que la debilidad de esa divisa a escala global, y específicamente la fuerte depreciación del billete verde en el mercado local de cambios, le han permitido al gobierno comprar dólares a un precio realmente conveniente. No resulta ocioso recordar que la divisa perforó el piso de los 20 pesos en el segundo semestre del año pasado, y luego de cierta apreciación que comenzó a fines de 2008 y continuó durante el primer trimestre de 2009, en los últimos meses retomó una tendencia a la baja que se mantiene hasta la fecha; de hecho, en las últimas semanas su cotización se aproximó a los 19 pesos por unidad.
Con este escenario planteado, el BCU y el Banco República vienen interviniendo en el mercado de cambios mediante la compra de dólares en operaciones diarias; esta opción cumple con el doble objetivo de intentar sustentar el tipo de cambio y, simultáneamente, aprovechar la oportunidad para adquirir dólares a buen precio destinados al pago de intereses y de amortizaciones de deuda.
Vencimientos vencidos
Según se desprende del calendario de servicio de Deuda Bruta del Sector Público divulgado por el BCU, para el año próximo el nuevo gobierno deberá afrontar el pago de 2.556.000.000 de dólares por concepto de intereses y amortizaciones de obligaciones del Estado. De esa cifra, 63% corresponde al pago de vencimientos -amortizaciones- y 37% a la cancelación de intereses. Para 2011, la cifra global de vencimientos asciende a 2.411.000.000 de dólares y la proporción entre amortizaciones e intereses es idéntica a la de 2010: 63% y 37% respectivamente. El volumen total -amortizaciones + intereses- a ser enfrentado durante los próximos dos años casi triplica los 1.787.000.000 de dólares que debió asumir el actual gobierno durante 2009. Para después de 2011 el calendario de vencimientos muestra cierto alivio en los montos totales a liquidar, ya que el servicio de deuda alcanzará a 1.552.000.000 de dólares para 2012, a 1.448.000.000 de dólares en 2013 y a 1.328.000.000 de dólares en el año 2014.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la deuda, el nuevo gobierno deberá lidiar con una situación que, lejos de ser inmanejable, tendrá sin embargo que ser abordada con relativa cautela. El incremento de vencimientos e intereses en los dos próximos años exige más cuidado sobre el manejo del frente fiscal, de modo de no deteriorar demasiado el resultado final de las cuentas públicas. Como alivio provisorio, parecería que en 2010 los suplicios del déficit hídrico y el encarecimiento energético no golpearían con tanta virulencia al país como lo hicieron durante el año que termina.
Otro factor a tener en cuenta es que, hoy por hoy, Uruguay atraviesa un momento en que las condiciones para la emisión de deuda pública resultan ciertamente ventajosas para el país. Esto es así debido a la conjunción de una serie de factores. Por un lado, el riesgo-país se encuentra en niveles bajos en comparación con períodos anteriores, lo que actúa como un elemento facilitador a la hora de colocar bonos y otros instrumentos de deuda. Además, en este momento, el rendimiento de los bonos uruguayos -al igual que el de otros países emergentes- resulta atractivo para los inversores en comparación con el que ofrecen los títulos emitidos por los países desarrollados, situación que se explica parcialmente por las bajas tasas de interés que mantienen vigentes los gobiernos de algunas de las economías más importantes del globo, con el objetivo de estimular la actividad local en cada uno de ellos. Esta coyuntura ha aparejado una gran migración de capitales hacia los países emergentes, acentuando el proceso de depreciación de las divisas y, sobre todo, del dólar.
No obstante, el mercado mundial de capitales ha demostrado que su especialidad no es quedarse quieto, por lo que el flujo podría invertirse ante algún eventual cambio en las condiciones actuales. De producirse esto, el financiamiento del déficit público puede transformarse en el asunto de mayor prioridad para la economía.