De acuerdo con estudios realizados por el PIT-CNT en 2001, el sector de los trabajadores rurales, que representa el 9% de la población económicamente asalariada, sufrió ese año la mayor parte de los accidentes laborales fatales (19,3%), seguido por la construcción, sector en el que se produjo el 16%. La principal causa de muerte en el sector rural es consecuencia del uso de maquinaria agrícola, como tractores u otras similares, que al volcar o al no contar con los elementos de protección necesarios, aplastan o lastiman al trabajador. También sufren los riesgos de trabajar con animales, de estar expuestos a condiciones climáticas severas y a la aplicación de agroquímicos sin la indumentaria necesaria.
Las botas del aguador
Durante los meses de verano algunos trabajadores del arroz se dedican al riego de este cultivo, que se realiza por inundación de los campos. Quienes llevan a cabo esta tarea son denominados “aguadores” y están constantemente en contacto con el agua contaminada con agrotóxicos, que les llega casi hasta las rodillas. “Esto les produce irritaciones en la piel, pierden el pelo de las piernas; es una situación muy complicada”, explicó Pérez. El decreto exige a los empleadores brindar botas de goma adecuadas para realizar esta tarea, pero, como explicó Pérez, es difícil que los trabajadores opten por utilizar este calzado caluroso en pleno verano. Por ese motivo, la Unidad de Extensión de la Universidad de la República (Udelar) está realizando un estudio junto con los trabajadores para diseñar botas especiales para realizar esta tarea, en el verano. “Entendemos que tienen que ser como un guante de goma, porque con las comunes es bravo andar en verano”, explicó.
Recientemente, el convenio 184 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud en el agro, promulgado en 2001, fue ratificado por Uruguay y reglamentado en el decreto 321/09, convirtiéndose en el primer país latinoamericano que lo aprueba. El decreto fue discutido durante dos años y aprobado por la Comisión Tripartita Nacional Rural, integrada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Unión Nacional de los Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) y el PIT-CNT, en representación de los trabajadores, y la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación Rural y la Asociación Nacional de Productores Lecheros, en representación de los empleadores. Según dijo a la diaria la inspectora general del MTSS, María Narducci, el reglamento “dispone las condiciones mínimas necesarias para que la labor agrícola no afecte la salud de los trabajadores. El empleador es responsable de que los procesos de trabajo, las máquinas y las herramientas estén en condiciones tales que no afecten la salud del trabajador”.
A su entender, este decreto es la primera norma específica para la prevención de riesgos en el ámbito laboral rural. “En 1914 se promulgó la ley 5.032, que establece que es responsabilidad del empleador organizar el trabajo de manera que no afecte la integridad física de los trabajadores. De esta ley general se derivan distintos decretos reglamentarios específicos para cada sector. La construcción, la industria y el comercio tienen su decreto. En el sector forestal hay una norma específica, pero el sector rural, que es muy amplio y cuyos trabajadores están expuestos a muchos riesgos que van desde el uso de agrotóxicos y maquinaria hasta el contacto con animales, no contaba con una. Este nuevo decreto está hecho a la medida de los riesgos potenciales a los que puede estar expuesto el trabajador rural, orienta en la prevención de riesgos, brinda al trabajador un marco de derechos que antes no existía y, además, le da al empleador pautas precisas sobre cuáles son sus obligaciones”, señaló.
En la misma línea, el coordinador del Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, Walter Migliónico, consideró que el decreto “es fundamental porque es una vieja reivindicación laboral para un sector tan postergado como el de los trabajadores rurales, que no tenían una norma de esta importancia”.
Migliónico sostuvo que los accidentes en el campo no tienen la misma visibilidad que los de la construcción, que cuenta con un gremio más organizado.
Cubiertos
El decreto dedica un capítulo al uso de la maquinaria y otro al de los agroquímicos. Por ejemplo, establece que las máquinas que tengan zonas peligrosas deben estar provistas de elementos de seguridad apropiados y que los tractores deben tener barras antivuelco y cinturón de seguridad. El empleador deberá capacitar al trabajador sobre la forma adecuada de utilización de los productos químicos. La norma también se refiere al uso de equipos de protección especiales y de indumentaria adecuada, como sombreros, calzado y guantes, para los diferentes sectores. Además, cuando están expuestos al sol, los trabajadores tienen derecho a contar con protector solar que se les dará en forma gratuita.
Cuadro telúrico
Dardo Pérez es trabajador del arroz e integrante de Unatra. A su entender, el decreto es muy beneficioso para el sector y el desafío es poder difundirlo. “Para nosotros es una herramienta muy válida porque aporta los primeros pasos para reglamentar la seguridad en el trabajo y en ella queda muy claro lo que se puede hacer y lo que no. La cuestión ahora es llevar la normativa a los trabajadores y a los empleadores. Los decretos son herramientas buenas si los podés usar; para eso, tanto los patrones como los trabajadores deben tener más conciencia.
Según Pérez, en la producción de arroz los accidentes fatales ocurren como consecuencia del uso de maquinaria. Otro problema que afecta a la salud de estos trabajadores es el contacto con agrotóxicos. “Menos del 10% de los trabajadores del arroz llega a jubilarse, el resto muere antes como consecuencia de años en contacto con químicos, de trabajo a la intemperie con mucha carga horaria, entre otras cosas”, señaló.
Héctor Piedrabuena, integrante de Unatra y delegado en la Comisión Tripartita Nacional Rural, explicó que no fue fácil llegar a un acuerdo con los empleadores. “Nunca se había visto a los trabajadores rurales sentados negociando con las patronales. Al principio fueron muy reacios a negociar algunos aspectos, como el tema de la indumentaria especial que se exige, la seguridad de la maquinaria y la protección en la aplicación de agroquímicos”.
Según Piedrabuena, la comisión especial está trabajando en la difusión del decreto. “Lo importante es llevarlo a los lugares más alejados del país. Ahora lo que nos preocupa es que llegue a todo trabajador y trabajadora para que conozca la ley y sepa que hay algo que lo defiende”, explicó.
Para la inspectora de trabajo, “el tema de la seguridad laboral es más complejo y no se resuelve con la aplicación de un decreto exclusivamente”. “Para que la seguridad se traduzca en algo tangible tienen que modificarse muchas costumbres y hábitos. Creo que el tema de la prevención de riesgos debe trabajarse desde la escuela”, afirmó. A partir del 21 de enero los inspectores comenzarán a fiscalizar la norma.