La gestión del gobierno en este frente se facilitaría con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que, de acuerdo con la evolución del indicador en el primer semestre de 2010, sería al cabo del año mayor que las previsiones iniciales.

De todos modos, aún resta saber si los recursos que se obtengan por esa vía se destinarán a incrementar el gasto público o si, por el contrario, serán reservados para intentar acercar los números al tan ansiado equilibrio fiscal.

El resultado global del sector público registró un déficit equivalente a 1,1% del PIB en el año móvil cerrado en setiembre, lo que significó un leve deterioro desde el 1% de agosto, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ese leve aumento estuvo asociado a dos factores principales: una caída de los ingresos -fundamentalmente explicada por un menor superávit de las empresas públicas- y un aumento de los egresos por concepto de gastos, pasividades, transferencias y pago de intereses de deuda pública. A pesar del incremento de una décima de punto porcentual en el déficit de setiembre, el rojo de las cuentas públicas ha venido mostrando en lo que va del año un resultado más equilibrado que el constatado en 2009, cuando alcanzó 1,7% del PIB, cuatro décimas de punto porcentual por encima de 2008. Este empeoramiento había sido producto de un menor crecimiento de la recaudación, de un mayor gasto y de las inversiones públicas.

Sin paraguas

La principal vía de recomposición del frente fiscal en lo que va de 2010 ha sido la mejora de los ingresos de las empresas públicas. Fue notoria la incidencia de UTE, cuyo resultado sufrió en 2009 el efecto de la sequía que elevó sus costos de producción de electricidad, dado el mayor uso de petróleo, así como por la compra a los países vecinos de energía más cara que la generada por las represas uruguayas. Las cuentas de UTE registraron en 2009 un déficit de 4.744 millones de pesos (unos 237 millones de dólares), pero en lo que va de 2010 acumulan un superávit de 5.882 millones de pesos (aproximadamente 294 millones de dólares).

La previsión original del gobierno ubicaba el déficit del sector público para este año en 1,2% del PIB. El resultado de setiembre se encuentra una décima de punto por debajo del objetivo planteado para este año en la exposición de motivos del proyecto de ley de presupuesto, y al cabo de los 12 meses podría ser aun menor que el pronóstico oficial debido a un mayor dinamismo de la economía.

Los expertos del MEF basaron sus cálculos para el presupuesto sobre un crecimiento del PIB de 6,5% para 2010. Y por estos días se espera que el gobierno corrija esa proyección al alza, tras conocer los resultados de la producción nacional del segundo trimestre del año.

El informe sobre las cuentas nacionales publicado a mediados de setiembre por el Banco Central (BCU) da cuenta de un crecimiento del PIB de 9,6% en términos interanuales para el primer semestre, lo que induce al gobierno y los analistas privados a augurar una expansión mayor al que ellos mismos preveían inicialmente.

Lo dice el oráculo

El diario El País indicó el viernes, basándose en fuentes propias, que se espera que el gobierno eleve su proyección de crecimiento del PIB para el año a 8,5%. El porcentaje sería similar al que manejan los expertos de 27 firmas e instituciones públicas y privadas consultados para la encuesta de expectativas económicas publicada en octubre por el BCU, que arrojó un promedio de 8,05%. El mismo sondeo incluye una mediana de proyecciones de déficit fiscal de 0,81% del PIB, inferior al objetivo que consta por ahora en los papeles del Poder Ejecutivo.

Un crecimiento de la economía mayor al proyectado inicialmente podría servir para que el gobierno se plantee un objetivo fiscal más ambicioso, pues debería traducirse en una mayor recaudación. Para saber si este escenario finalmente se concreta habrá que esperar a ver si la nueva previsión oficial sobre el PIB viene acompañada por otra meta, también nueva, en materia de cuentas públicas.

La ley de presupuesto abrió el debate acerca de la implementación en Uruguay de una regla fiscal (una meta fija de resultados de cumplimiento compulsivo para los gobiernos), camino que finalmente la administración decidió no recorrer por medio de la ley, a pesar de no descartar reasignaciones presupuestales en caso de un empeoramiento del escenario macroeconómico.

El gobierno podrá contar con mayores recursos de los previstos para 2010, lo que deja abierta la puerta a un aumento del gasto en algunos rubros que pueden ser considerados estratégicos, o de intentar alcanzar un resultado fiscal mejor al que se trazó en primera instancia.

Seguramente el aumento del gasto corriente no esté entre las opciones favoritas del Poder Ejecutivo, dado el fuerte componente de remuneraciones dentro de ese rubro y de los efectos que un mayor incremento al previsto de éstas sobre los precios. La inflación acaba de superar el rango meta de inflación definido por el gobierno (ver nota en esta página), y los efectos de las presiones al alza son poco previsibles para el mediano plazo.