¿Sintomático?
Otro aspecto del estado de situación actual es la incertidumbre jerárquica del INAU. Durante el verano, Clausen -quien estaría acompañado por González como directora y por otro director más- lideró el futuro directorio y la transición con la actual presidenta, Nora Castro. Sin embargo, hace un mes (ver la diaria del 19/3/2010) desistió de su nombramiento. Semanas antes había hecho lo mismo González por discrepancias en la continuidad de algunos mandos medios del INAU que ejercían funciones en el Semeji desde el período electoral de setiembre de 2009. Resulta sintomático que, igual que en la primera administración de izquierda, este directorio sea de los últimos en conformarse y no sea parte de las venias enviadas por el Ejecutivo al Parlamento esta semana, entre las cuales sí se encuentra el nombramiento de Castro como integrante del Consejo Directivo Central de la ANEP. Por ahora, Ferrando asegura que su continuidad no está asegurada y que la titularidad de ambos directores dependerá de quién presida el organismo, algo que declaró no haber sido decidido por el Poder Ejecutivo. Fuentes consultadas por la diaria indicaron que se avanzaba en designar a Miguel Fernández Galeano (ex subsecretario de Salud Pública), quien respondió a este medio haber recibido “sólo rumores, pero ningún ofrecimiento del presidente de la República”.
El coordinador del Comité, Luis Pedernera, recordó que el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, vigente desde 2004, sacó de la órbita penal a los adolescentes pero no avanzó en una institucionalidad que “aborde la temática desde una perspectiva de derechos del niño y cambiando el chip de trabajo”, una realidad que va en contra de los estándares exigidos por la Convención Internacional. Para esta coalición de ONG que hacen el seguimiento de su aplicación desde 1991, el problema de raíz está en que la discusión actual no ubica como norte la lógica de defensa de los derechos del adolescente. Para muestra basta un botón, ya que la cobertura periodística la semana pasada centró el dilema en tres ejes: fugas, problemas con los trabajadores y hacinamiento, pero nunca se orientó desde la lógica de derechos humanos. “Si seguimos pensando estos temas desde esas perspectivas acotadas, las respuestas también lo serán”, afirmó Pedernera, sin lograr zafar del ‘accionar bombero’.
“Lamentablemente avizoramos que se piensa bajo la lógica ‘seguridad y más seguridad adulta’. Pero no olvidemos que niño y adolescente es todo menor de 18 años que se encuentra en etapa de desarrollo conformando su personalidad. Por eso la respuesta penal no puede estar asimilada a la de los adultos, como escuchamos que dicen los integrantes de la comisión de seguridad. El componente socioeducativo debe ser la razón de ser de la sanción”, apuntó el integrante del Comité.
Por otra parte, es llamativo que el tema sea abordado desde una comisión sobre seguridad y no desde los ámbitos gubernamentales que definen las políticas sociales o de infancia. Asimismo, el nuevo organismo pasaría a depender de Presidencia de la República, una decisión administrativa también cuestionada, ya que, por ejemplo, si se toma en cuenta parámetros cuantitativos, podría ser más correcto ubicarlo en el Ministerio de Desarrollo Social o en el área de la salud, ya que hay más adolescentes con patologías psiquiátricas que procesados por la justicia especializada.
Y... veremos
El director del INAU, Jorge Ferrando, explicó a la diaria que este tema se ha debatido públicamente desde la institución que integra y que esas discusiones se publicaron en 2007. El jerarca aclaró: “Primero nos importan las definiciones por un proyecto de sistema articulado, antes de decidir si éste debe estar fuera o dentro del INAU”. La afirmación deja en evidencia una llamativa descoordinación entre el instituto y los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues el tema ya fue laudado, según señalaron a Montevideo Portal, El Espectador y Últimas Noticias los legisladores opositores Gustavo Borsari, Carlos Moreira y Alberto Scavarelli, respectivamente. Ante esta realidad, Ferrando respondió: “Y, bueno, ahora veremos las características de ese proyecto”.
Respecto de los adolescentes involucrados en estas definiciones, Pedernera remarcó que de los 60.000 niños y adolescentes con los cuales trabajan directamente en diversas modalidades, sólo alrededor de 400 están privados de libertad. Sobre el sistema que trabaje con ellos, el Comité apuesta a “uno de justicia especializada para los menores de 18 años con las fases de detención, judicial y ejecución integradas, pero con el norte puesto en que la privación de libertad es el último eslabón en una cadena socioeducativa”. Asimismo, Pedernera aclaró que en los últimos diez años no ha habido un aumento de la violencia ni una disminución en las edades de los adolescentes que cometen crímenes: “La participación de adolescentes en actos delictivos se ha mantenido en la franja de 16 a 18 años, y casi exclusivamente en rapiñas”.
Diana González es abogada especializada en derechos de niños y adolescentes y fue propuesta por Leonardo Clausen para integrar el futuro directorio del INAU (ver recuadro). En diálogo con este medio, señaló como uno de los principales problemas “el gigantismo patológico del INAU por ser órgano rector. Pareciera que se ocupa de todos los problemas de infancia y eso lo lleva a excluirlo, aislándolo del sistema, en lugar de poder transversalizar la infancia en todas las políticas públicas”.
Respecto de la propuesta de separar al actual Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji) del INAU, González cree que en primer lugar hay carencias en el debate sobre infancia. “No es parte de la agenda pública, nadie sale a discutirlo o pensarlo para rediseñarlo”, sostuvo, y luego apuntó hacia el sistema político: “¿Desde qué óptica miramos a estos sujetos de derecho? ¿Priorizamos la conducta agresiva que tuvieron y su sanción respecto de la protección y la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y conductas para la reinserción en la sociedad? Ésta es una definición profundamente política e ideológica que trasciende lo partidario”. La abogada fue más lejos y destacó otra dimensión de la problemática: “La mayoría de la ciudadanía no ha pensado el tema desde un enfoque de derechos, y los actores políticos no son la excepción; lleva a revisar toda la vida personal de cada uno: cómo he vivenciado mi niñez, cómo la valoro y cómo reviso mis propias prácticas como adulta sobre la infancia”.
Si bien es partidaria de desconcentrar el Instituto, llama la atención sobre que alejar al actual Semeji del INAU y hacer un gran centro de privación de libertad con todos los servicios dentro es “hacer exactamente lo contrario a lo que recomiendan los organismos internacionales, que demandan que la mayor cantidad de los servicios que se le brindan al adolescente estén fuera del espacio de reclusión porque hay que oxigenarlos, pues las instituciones totales o cerradas son contraproducentes”. La recomendación parte de la premisa de que “cuanto más pequeñas son estas instituciones, mejor se evita la masificación y cosificación de los niños y adolescentes”, explicó González.