La mayoría de las 19 mujeres que fallecieron eran ex parejas de sus agresores. “Ese dato es relevante porque demuestra que se animaron a dejar a sus esposos e irse de sus casas. Antes no fueron asesinadas porque a los que son esclavos no se los mata”, reflexionó Jenny Escobar, integrante del Colectivo Mujeres de Negro.

En comparación con el año pasado, en lo que va del 2010 aumentaron las muertes. Este año se registra una muerte cada cinco o seis días, mientras que el año pasado se promedió en un episodio cada 11 o 12 días. Escobar expresó al respecto: “No quiere decir que haya más muertes: es que la gente denuncia más y las mujeres se van más de sus casas”.

Por su parte, Teresa Herrera, coordinadora de la Red, manifestó preocupación por las cifras registradas. “Estamos peor porque existen leyes pero no hay redes de contención para las mujeres que denuncian”. Además, destacó que hay omisión del Estado en el tema.

Grito de dolor

En silencio, activistas de diversas organizaciones se expresaron. Algunas lo hicieron con los ojos vendados con cintas negras, para denunciar la ceguera de la justicia, y otras con la boca sellada con cintas blanca, representando el silencio cómplice. Asimismo, mostraron fotos de la vida de Lourdes Vaz, que fue asesinada hace tres años y su agresor ya disfruta de salidas transitorias de la cárcel de Florida por tener “buena conducta”, a pesar de haber sido sentenciado a 14 años.

Antes del encuentro, la Red le hizo llegar al presidente José Mujica una carta en que se reclama el cumplimiento de la ley elaborada para luchar contra la violencia doméstica (Nº 17.514) y que el Estado disponga de un presupuesto fijo para hacer frente a la temática. “Se está empezando a hacer presupuestos y nosotros queremos un ingreso fijo para crear redes sólidas de atención”, expresó Herrera. Este dinero tendría que ser asignado a los distintos organismos vinculados con la problemática, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública y el Poder Judicial. De esta manera se dispondría de tribunales especializados en el interior del país; “ahora no hay, los jueces de familia atienden la materia y lo hacen como pueden”, comentó.

Otro reclamo efectuado radica en la recepción de las denuncias. “Queremos que si una mujer es lesionada vaya al juzgado de lo penal y después al de violencia doméstica. Si me pega un vecino no voy a ir al juzgado de familia, voy a ir al penal; cuando el que pega es el esposo tiene que ser sancionado de igual manera que un desconocido”, detalló Jenny Escobar.