Ensayo sobre la sordera

En 2009, las cámaras de Comercio e Industrias presentaron, respaldadas por la Organización Internacional de Empleadores, una queja ante la OIT contra el gobierno uruguayo, por considerar que con los cambios introducidos en las leyes locales fueron violados los convenios internacionales de trabajo ratificados por el país. El fallo del organismo insta a que, “en consulta” con trabajadores y empresarios, el gobierno modifique la Ley de Negociación Colectiva, que establece el marco normativo de condiciones para la gestión de las relaciones obrero-patronales.

Desde el ámbito sindical se critica la postura empresarial, particularmente a las cámaras citadas, porque su accionar apuntaría a que la “OIT dé indicaciones al gobierno nacional, a trabajadores y empleadores, al Parlamento Nacional, y a la más que prestigiosa doctrina laboralista de nuestro país. Tiene como fundamento ideológico combatir el avance normativo que se viene produciendo precisamente en nuestra realidad desde el año 2005”. Así lo evalúa Mario Pomatta, abogado del departamento jurídico del PIT-CNT, en un artículo publicado por la revista Utopía de la central obrera, donde señala que el cuadro de modificaciones a la legislación laboral “coincide con las propias recomendaciones que esa organización internacional ha impulsado”.

Pomatta señala que no es su objetivo criticar la labor del Comité, que cumple un papel muy importante, sino mostrar la posición sindical “no sólo en lo que refiere a los aspectos puntuales observados, sino a la posición de los sectores de empleadores que propician estas denuncias, revelando su escasa cultura de diálogo, su vaguedad intelectual y jurídica, y por supuesto la levedad de su estrategia, pensada en función de intereses meramente corporativos”.

Considera que resulta “injusto e injustificado con el gobierno […], reclamarle diálogo, tripartismo, participación, consulta con las organizaciones profesionales, y respeto por los contenidos de los Convenios Internacionales de la OIT ratificados por el país, cuando esta administración ha inaugurado precisamente una etapa de reinstalación de derechos de […] los trabajadores […] e incorporando otros desconocidos para amplios sectores de la clase trabajadora”.

Asimismo, hace referencia a que, desde la propia OIT, su director general, Juan Somavía, utilizó a la regulación laboral de Uruguay como “modelo de tripartismo” que podría “dar solución a aspectos relevantes durante la reciente crisis mundial”. Pomatta resaltó lo actuado por el gobierno y fustigó a la representación orgánica del capital: “Las cámaras empresariales querellantes, quienes, con extrema ligereza, […] manifiestan que en el ejercicio político de las autoridades del gobierno ha faltado aquello que precisamente lo engrandece, referido a una seria, responsable, y sobre todo madura disposición al diálogo, con equilibrio y sobre todo apelando a mecanismos republicanos y democráticos, ajenos a las prácticas autocráticas y discriminatorias de las administraciones anteriores, que fueran permanentemente observadas por parte de este mismo ecléctico Comité de Libertad Sindical”.

Fachada

El delegado de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, indicó que, tal como afirmara a la diaria el subsecretario del Ministerio de Trabajo (MTSS), Nelson Loustaunau (ver la diaria del 7/05/2010), se mantuvieron contactos informales en los que el gobierno aseguró que “iba a haber una instancia de negociación para ver las recomendaciones de la OIT”. Sin embargo, esa instancia “no se ha concretado”, por lo que “los tiempos han pasado en exceso” y “parecería que la intención es posponerlos para luego de la negociación colectiva”, estimó Mailhos. En ese sentido, se trata de “una situación bastante desgraciada” que va “a ser motivo de que el sector empresarial continúe denunciando al gobierno uruguayo”. Expresó el deseo de que “las relaciones laborales mejoren” ya que actualmente “no gozan de buena salud”. “Estamos por iniciar una ronda de salarios y hay una gran desconfianza entre los actores; y hay una ley de negociación colectiva objetada por la OIT”, reiteró el directivo.

Respecto de la coincidencia entre el gobierno y el sindicalismo en cuanto a que la política laboral iniciada en 2005 permitió la apertura del diálogo multipartito, Mailhos apuntó que existe “una diferencia conceptual importante”. “El diálogo efectivo, como se establece, no es solamente informar a los sectores sociales sobre lo que se piensa hacer; un diálogo efectivo concreto es la toma en cuenta de las posturas de todos y que genere la mayor base de consensos”, recomendó el representante empresarial, evaluando negativamente que sólo hubo “un diálogo tripartito de fachada, no hubo una discusión en serio”.

Esa forma de diálogo, aseveró, “es contraria a la tradición del país” y su aplicación refleja la emergencia de “cosas que no pasaban antes y que son muy peligrosas. Estamos en un camino muy negativo”, alertó. Consultado sobre el criterio de la OIT de poner como ejemplo mundial al modelo uruguayo de relaciones laborales, Mailhos denunció que “hay una doble actitud”. “El gobierno trata de vender hacia afuera una imagen, y el sector empresarial ha mantenido un respetuoso silencio para no incidir en contra de la imagen internacional del país”, defendió.

Tensa calma

Desde el gobierno, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, confirmó a la diaria la trayectoria reciente del asunto. “Una vez conocida la recomendación [de la OIT] tuvimos intercambio con las partes, en principio una ronda de intercambios informales para ver cuál podría ser la agenda común”. Sin embargo, “ese proceso se vio interrumpido en parte por el inicio de la negociación colectiva, porque a nuestro entender no es bueno mezclar las dos discusiones”. Además, se registra una real “dificultad de disponibilidad de recursos humanos”, factor que “hizo que quedaran un poco en stand by estas instancias de intercambio, pero nuestra intención es continuar trabajando”, adelantó, para informar al respecto: “Luego de que se termine la instancia del Consejo Superior Tripartito y estemos con la negociación encaminada vamos a poder entrar en estas condiciones” de intercambio sobre la normativa vigente. El secretario de Estado fue optimista al valorar que la discusión propuesta por el sector privado y los cambios que se podrían derivar de ella “no ponen en riesgo para nada los acuerdos que se alcancen” en la ronda salarial.

Consultado en torno a los conflictos laborales más recientes que generaron preocupación pública, Brenta matizó la inquietud. “No percibimos un clima de tensión ni de conflictividad” desde el MTSS, aunque admitió que hay complicaciones. “Sí hay alguna situación conflictiva que nos preocupa y sobre la que estamos trabajando intensamente, como Conaprole (ver recuadro), y después hay situaciones puntuales, como la del Hospital Italiano, por cuestiones económicas. Pero la verdad es que no percibimos una situación de conflictividad: es una situación normal que se da en un democracia, donde hay posturas contradictorias”, puntualizó el ministro del ramo.