La calificadora de riesgo Fitch Ratings decidió rebajar un escalón la nota de riesgo de la deuda española y se sumó a la corrección a la baja que ya había efectuado su par Standard & Poors a fines de abril. Según Fitch, el recorte es consecuencia de un posible enlentecimiento de la recuperación económica, producto de los efectos del plan de ajuste fiscal aprobado recientemente por el gobierno ibérico. La medida fue anunciada el viernes tras el cierre de las bolsas europeas, pero con la operativa aún abierta en los Estados Unidos, lo que condujo a que los índices bursátiles de la bolsa de Nueva York cerraran en rojo y a que el euro se debilitara.
Este lunes, el Ibex 35 (principal índice bursátil de la bolsa de Madrid) cerraba la sesión con una caída de 0,7% y culminaba su peor mes desde el descalabro bursátil generalizado provocado por la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers, en octubre de 2008. Según informaba el diario madrileño El País, la caída acumulada por el índice español durante mayo fue de 10,8%. También se disparaba la prima de riesgo (riesgo país), que durante la jornada de ayer alcanzaba los 178 puntos básicos, situándose por encima del anterior máximo de 164 puntos al que había llegado a principios de mayo, momento en que España era atacada por los mercados por el temor al contagio de la crisis de deuda griega, previo a la aprobación del megapaquete de asistencia financiera acordado entre la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La nueva rebaja de su nota de deuda soberana llega cuando el país experimenta serias diferencias internas en torno a los caminos para gestionar la crisis económica. La semana pasada el gobierno pudo sacar adelante ante el Legislativo su proyecto de ajuste fiscal por un solo voto de diferencia, pero quedó en solitario a la hora de sumar los votos necesarios para aprobarlo.
El decreto-ley redactado por el Ejecutivo encabezado por Zapatero no fue rechazado gracias a la abstención de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CIU). En su intervención en el Congreso, el portavoz parlamentario de CIU, Josep Duran i Lleida, explicó que su partido se abstendría para evitar el castigo de los mercados ante el posible rechazo del plan de ajuste, pero le pidió a Zapatero que “no convoque a elecciones ahora” porque “lo peor que puede pasar en el actual momento de crisis es quedarnos sin gobierno”.
No obstante, le exigió que “asuma su responsabilidad, realice los deberes que le piden desde fuera, deshaga todo lo que ha hecho mal, que no es poco, y cuando se debatan los presupuestos, váyase”, sentenció.
Está previsto que el Presupuesto de 2011 comience su trámite en el Legislativo a fines de este año. La falta de mayorías parlamentarias podría dejar en situación de parálisis a los planes fiscales del gobierno, de no mediar acuerdos con otros partidos de la oposición. El clamor de elecciones anticipadas, con el que el conservador Partido Popular (PP) viene insistiendo desde hace varios meses, ha cobrado nueva fuerza ante la amenaza de CIU, que es el tercer partido con mayor número de escaños en el Congreso de los Diputados.
De prosperar un llamado a elecciones generales sin que el gobierno en funciones pueda concluir su mandato, el cual debería durar hasta marzo de 2012, la situación podría interpretarse desde el exterior como un síntoma de inestabilidad política, lo que, seguramente, terminaría por ponerle a la economía ibérica más presión de la que recibe ahora.
Mal momento
Actualmente, la tasa de desempleo de España es cercana al 20%, casi el doble que la media europea, y si bien su deuda pública no es tan alarmante con relación a la de otros estados europeos y a la de Estados Unidos, se estima que la deuda privada española triplica la deuda pública y representa un 178% del Producto Interno Bruto. El endeudamiento tanto de empresas como de familias está altamente relacionado al sector de la vivienda, cuyo vertiginoso crecimiento generó una fuerte burbuja inmobiliaria que, tras su pinchazo, paralizó la economía y el empleo.
Por estos días, las negociaciones en torno a la instrumentación de una reforma laboral se encuentran trancadas por las diferencias entre sindicatos y empresarios, mientras que el gobierno intimó a ambas partes a que lleguen a un acuerdo ya que, de no hacerlo, sacará adelante la reforma mediante decreto. Las principales diferencias surgen en torno a la flexibilización del costo de despido: mientras que empresarios y gobierno abogan por generalizar un despido que otorgue 33 días de seguro de desempleo por año trabajado, las organizaciones de trabajadores se niegan a reducir la cobertura vigente de 45 días por año.
La implementación de la reforma laboral ha sido uno de los principales asuntos que tanto la UE como el FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico le han exigido a España para tranquilizar a los mercados financieros. La falta de acuerdo podría hacer recrudecer el conflicto social y precipitar la tan temida convocatoria a huelga general por unos sindicatos que, hasta ahora, han dado muestras claras de moderación y de apertura al diálogo tras los recortes sociales derivados del ajuste fiscal aprobado por el Parlamento la semana pasada.