Finalmente, el gobierno encabezado por el demócrata negro Obama logrará la sanción legislativa de su proyecto de reforma financiera. La iniciativa, que ya había sorteado el trámite parlamentario en la cámara baja estadounidense, tenía que ser ratificada en el Senado, cosa que sucederá en la jornada de hoy. Tras arduas negociaciones, el proyecto impulsado por el Ejecutivo saldrá adelante merced a los votos de tres senadores del Partido Republicano, lo que permitirá llegar a la mayoría necesaria para obtener el visto bueno definitivo.
Una de las principales modificaciones que introduce la reforma consiste en adjudicar un rol más protagónico a la Reserva Federal (Fed, equivalente al Banco Central) a la hora de la supervisión de las instituciones financieras. La Fed supervisará y podrá, incluso, intervenir aquellas instituciones que representen un riesgo para el conjunto de la economía estadounidense. Además de controlar a la banca tradicional, las nuevas potestades de la entidad incluyen a los hedge funds (fondos de inversión de riesgo) y las aseguradoras. Por otra parte, las entidades financieras que demuestren problemas de solvencia deberán reforzar su capital y acreditar mayores niveles de liquidez. También se establece un Consejo Regulador, encabezado por el Departamento del Tesoro (Ministerio de Economía), que informará a la Fed sobre posibles riesgos globales para el sistema financiero.
La reforma también crea un organismo que intentará proteger a los consumidores de servicios financieros contra posibles prácticas abusivas en productos como tarjetas de crédito, créditos e hipotecas. Es que dejará de funcionar la agencia estatal encargada hasta ahora de regular a las instituciones que brindan préstamos hipotecarios, como las quebradas Fannie Mae y Freddie Mac, cuya tarea quedó severamente cuestionada tras el colapso de las hipotecas inmobiliarias subprime. El organismo central a crearse para sustituir las funciones de dicha agencia supervisará, en todo el país, a las entidades que conceden créditos para la compra de vivienda, las que hasta ahora habían sido controladas por distintas agencias de supervisión de cada estado.
A lo anterior se sumará otro cambio, por el cual los fondos de inversión alternativa (entre los que se incluyen los conocidos como fondos de riesgo) deberán registrarse previamente en otro organismo que regulará la actividad bursátil y que examinará los libros contables de las firmas y consorcios que gestionan aquellos recursos. Mientras tanto, las agencias calificadoras de riesgo de deuda soberana, severamente cuestionadas en el marco de la crisis global, deberán cumplir con algunas normativas adicionales a las actuales y también ajustar más sus criterios a la hora de adjudicar sus notas. Por el lado de los bancos, se espera que vuelvan a cumplir su papel comercial más tradicional de instituciones captadoras de depósitos y facilitadoras de crédito, apostándose a una sensible reducción de su papel como agentes de inversión.
No te derives
Los cambios en el sector financiero que impulsa la reforma han sido fuertemente cuestionados desde Wall Street, sede física y política del sector financiero, entre otras cosas porque imponen regulaciones más severas a las empresas del ramo y reducen sus beneficios actuales. Según informó la agencia española de noticias EFE, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por su sigla en inglés) publicó un estudio en el que se indica que, de aprobarse finalmente el proyecto, las compañías tendrán que disponer de 400.000 millones de dólares como respaldo colateral para cubrir su exposición a las transacciones de productos financieros derivados en los mercados extrabursátiles. El ISDA señaló en un comunicado que, según sus estimaciones, las compañías necesitarán otros 370.000 millones de dólares “para mantener la cobertura de futuras exposiciones que procedan de esas transacciones”. Y advierte a sus socios que “si los mercados vuelven a la situación anterior a fines de 2008, sus necesidades de [solvencia] colateral totalizarán alrededor de un billón de dólares”, de acuerdo a esa asociación empresarial.
Wall Street fue blanco de críticas cuando se inició la crisis financiera, ya que muchas de las instituciones que operan en ese circuito tuvieron un rol protagónico en el descalabro de la economía, la estadounidense primero, y en una de las recesiones más duras de la economía global, después. Los cuestionamientos más duros cayeron sobre las conocidas como “ventas en corto” o “al descubierto”: transacciones de acciones que no se poseen al momento de cerrar el negocio y que los agentes de bolsa esperan poder comprar a un precio menor al que inicialmente ellos mismos vendieron. Esta apuesta en negativo en torno al futuro de las acciones es concebida como una de las operaciones con mayor componente especulativo de los mercados de valores.
Ante la inminente aprobación de la reforma en el Senado, Obama declaró: “Todos hemos visto lo que pasa cuando no hay una supervisión adecuada y una falta de transparencia en Wall Street”. Y pregonó a continuación: “Las reformas que avanzan en el Congreso harán que Wall Street pueda ser responsabilizado para que podamos prevenir otra crisis financiera como ésta de la que todavía no nos recuperamos”, según consignaba la agencia estadounidense de noticias AP. El martes, el mandatario agregó que la reforma “pondrá fin a una era de irresponsabilidad que llevó a la pérdida de ocho millones de empleos y billones de dólares en riqueza”.
Capital vs. capital
En tanto, la Comisión Europea (CE, Ejecutivo del bloque) también propuso, el pasado lunes, una serie de medidas para reforzar la protección de los depósitos bancarios en caso de quiebras de entidades financieras y de las inversiones ante posibles negligencias de los operadores, todo con el objetivo de restaurar la confianza en el sistema financiero europeo. Según consignó EFE, “Bruselas plantea elevar hasta 100.000 euros la garantía de los depósitos bancarios en toda la Unión Europea (UE), tal y como ya habían acordado ‘los Veintisiete’, y acelerar los plazos para el pago hasta los siete días”. Europa ya había acordado en 2008, en pleno estallido de la crisis financiera global, una garantía para los depósitos de hasta 50.000 euros y un plazo máximo de devolución de seis semanas. La nueva iniciativa pretende llevar al doble el monto de los depósitos garantizados, a la vez que reduciría sensiblemente el plazo otorgado a los bancos para su reintegro.
En cuanto a las inversiones, la UE propone “proteger a los inversores aunque su entidad ceda la gestión de su dinero a una tercera firma, algo que no ocurría hasta ahora y de lo que se aprovechaba Bernard Madoff, quien cumple condena de 150 años por orquestar una multimillonaria estafa financiera”, explicó la agencia española de noticias. La CE también ha propuesto abrir el debate acerca de cómo proteger los derechos de los consumidores del viejo continente ante las compañías aseguradoras, ya que, hasta el momento, no existe legislación comunitaria sobre el particular.