Henry es de Paysandú, tiene 28 años y desde hace cinco está trabajando en el rubro forestal aplicando agrotóxicos en las plantaciones. Cuando se le pregunta si las condiciones laborales en que se desempeña son difíciles, abre grandes los ojos y sin decir una palabra asiente como si dijera “no te hacés una idea”. Y es que no debe ser fácil tener dos horas de traslado como mínimo hasta el lugar de trabajo, usar un equipo de protección y acarrerar una pesada mochila cargada con agrotóxicos recorriendo casi dos hectáreas de terreno mientras rocía el químico. Henry apunta que no se trata de gustos o preferencias sino que, simplemente, “es lo único que hay para hacer en la zona”.
Para ampliar un poco más la comprensión pública de las condiciones en las que laboran todos los Henry que viven en Uruguay, la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina (RAP-AL) y la REL-UITA (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación) publicaron los resultados de la investigación “Uruguay: trabajo y agrotóxicos en la forestación”, estudio que no obstante plantea “sólo una parte de la problemática que existe en torno a los empleados del rubro forestal y la utilización de agrotóxicos”.
Su autora, María Isabel Cárcamo, realizó una presentación de los principales contenidos del trabajo, que se centra en las plantaciones de la empresa Forestal Oriental (FOSA), propiedad de la compañía UPM (ex Botnia), a la que abastece de materia prima para el posterior procesamiento de madera en bruto en pasta de celulosa. Esa empresa fue elegida -explicó la autora- porque es la principal del giro y además cuenta con la certificación del Consejo de Manejo Forestal FSC, un importante aval en materia de calidad. Y si bien se trata simplemente de “una empresa”, “la forestación es bastante más que FOSA”, donde también se verifican condiciones similares a las descritas o peores. FOSA despliega actividades directas en los departamentos de Durazno, Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Soriano y Tacuarembó, involucrando en total entre 800.000 y 1 millón de hectáreas; además, empresas tercerizadas con plantaciones en Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rocha y Cerro Largo le venden madera. Cárcamo criticó la evolución local porque “una de las razones” para fomentar el desarrollo de la industria forestal había sido la generación estimada de mano de obra, pero el trabajo está mayormente tecnificado y la cantidad verificada de puestos de trabajo es muy baja.
Dos realidades
Uno de los focos de la investigación está centrado en el uso de diversos agrotóxicos en la producción, algo que se entiende “innecesario” y que genera efectos nocivos tanto para los trabajadores que los manejan como para el ambiente en su conjunto. Alertó que todas las sustancias utilizadas en el rubro forestal “son potencialmente cancerígenas” y generan “efectos nocivos de diverso tipo a la salud y al ambiente”, sin que sea necesaria ninguna investigación para conocer esos efectos, ya que basta con “simplemente leer la etiqueta de los productos”.
Cárcamo realizó comentarios sobre algunas sustancias en particular, como el caso del Haloxifop metil, que está prohibida en la UE por ser “altamente contaminante y peligrosa”. Y añadió una crítica a FOSA: la empresa realizó un estudio cuyo resultado determinó la existencia de “una alternativa no contaminante -inocua para el personal y el medio ambiente-” para el uso de fipronil, que consiste en la utilización de hongos entomopatógenos; la investigación se hizo en 2007 y culminó en 2008, pero la empresa alega que “está en una fase de aplicación en una escala de cuadro de plantación y de evaluación de la viabilidad económica” de la opción, citó la autora. El segundo foco del estudio se vincula directamente al anterior y hace referencia específica a las condiciones de trabajo de los aplicadores de agrotóxicos sobre las plantaciones de FOSA: el proceso de selección de personal es, en realidad, de “autoselección” porque se busca “gente joven y fuerte”, dada la necesidad de una capacidad física adecuada para soportar el trabajo; la mayoría de los trabajadores no supera los 32 años y como parte del trabajo éstos cargan una mochila, que vacía pesa unos tres kilos, cargada con unos 15 litros de agrotóxicos; en verano deben “soportar” temperaturas de hasta 35 grados con un equipo de protección cuyo uso es obligatorio, “lo que es muy bueno”, y así recorrer unas 2,2 hectáreas en un terreno con malezas; y si bien “hay un curso de preparación” para los empleados, generalmente “se da luego de años de estar trabajando”; Cárcamo también contó que los días de lluvia o viento no se trabaja, por lo que los empleados no cobran, y las licencias se disfrutan “cuando el contratista lo decide”; los descansos durante la jornada laboral se hacen con el equipo puesto, por lo que los trabajadores “siguen en un entorno contaminado”, y pese a que hay áreas de descanso libres de contaminación, muchas veces no caminan hasta ellas; para llegar a sus puestos de trabajo los obreros deben cubrir trayectos que les insumen “como mínimo dos horas”, que además “no se consideran extra, como se deberían considerar” a efectos del pago.
Tras la disertación, se produjo un amplio debate entre los asistentes, en cuyo marco fue largamente criticado el carácter de la certificación FSC de que gozan tanto FOSA como “casi el 100% de las empresas del rubro”; tales certificaciones “no son demasiada garantía” porque incluyen sólo algunos estándares internacionales para “tranquilizar conciencias en el norte”.
No obstante, se reconoció, “ha mejorado muchísimo el nivel y la calidad del trabajo”, habiendo ahora mayor capacitación y mejor cobertura, aunque la situación aún es “terrible”, constatándose “dos realidades” bien diferenciadas, “una al sur del Río Negro y otra al norte”.