Privados de libertad
Ayer la noticia del incendio dentro de la cárcel de Rocha conmovió a los uruguayos. El fuego, que no fue intencional sino fortuito y que, según explicó la Policía local, se inició a partir de un cortocircuito o de la quema de alguna prenda con calentadores utilizados por los procesados; dejó como saldo doce presos fallecidos y ocho heridos. El antiguo edificio penitenciario está ubicado en el centro de la cuidad de Rocha y alberga a más de un centenar de hombres reclusos y a una veintena de mujeres privadas de libertad. Sin embargo, el subjefe de Policía de Rocha, inspector mayor Celso Sosa Lemos, dijo en entrevista con radio El Espectador que la edificación fue concebida para no más de 60 personas. Tres de los heridos fueron derivados al Centro Nacional de Quemados (Cenaque), ubicado en el Hospital de Clínicas, otros tres fueron atendidos en Rocha y dos en Maldonado. En el correr de la jornada, por distintos medios televisivos, los familiares de los reclusos expresaron indignación por las demoras en la atención médica y en la apertura de la celda. Expresaron que la Policía no actuó a tiempo por no contar con la autorización de la dirección del centro, por lo que no se brindó la asistencia sanitaria necesaria. Sobre la responsabilidad de los funcionarios policiales el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo: “Lo que queda ahora es la investigación posterior; si hubo o no hubo demora le corresponde al juez”. Por otra parte, el ministro adelantó que las autoridades del ministerio prevén brindar asistencia psicológica a los familiares, a los presos y también a los policías; asimismo, hizo referencia a otro elemento que será tratado posteriormente, un posible apoyo financiero. En el ámbito de la ceremonia de asunción de la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, el presidente, José Mujica, se limitó a decir sobre el tema que había sido “una desgracia terrible” y que todo era “demasiado dramático”. Hacia la tarde, algunos portales capitalinos informaron que se había confirmado la muerte de un recluso más. En comunicación con la Jefatura de Policía de Rocha se dijo que la situación era la misma que en horas de la mañana, con doce muertos y ocho internados. Sosa Lemos confirmó a la diaria que los tres reclusos internados en el Cenaque estaban “en recuperación” y que la noticia que estaba circulando de una muerte más era “una mala versión”. Asimismo, señaló que no tienen novedades sobre el origen del fuego. Cabe recordar que en agosto de 2009 se registró un incendio en un módulo del Comcar. En la oportunidad el fuego se inició por la quema de colchones efectuada por los reclusos como medida de reclamo. El resultado de la protesta fue de cinco personas muertas por asfixia y por quemaduras.
El 3 de mayo, una comisión multipartidaria formada por cuatro integrantes -Jorge Orrico, del Frente Amplio; Aníbal Gloodtdofsky, del Partido Colorado; Carlos Moreira, del Partido Nacional, y Mariella Demarco, del Partido Independiente- terminó de redactar el proyecto de ley de emergencia carcelaria. Era de suponer su pronta aprobación, puesto que nacía de un acuerdo interpartidario.
Consultados por la prensa el día después, los representantes del FA y de los partidos Nacional y Colorado señalaban que suponían que en menos de una semana el proyecto contaría con el visto bueno del Poder Ejecutivo y aseguraban que el tratamiento parlamentario sería “muy rápido”.
El borrador se demoró un tanto más de lo esperado en el Poder Ejecutivo, que lo modificó mínimamente y lo envió al Parlamento el 26 de mayo. La Cámara de Diputados iba a tratarlo el 2 de junio, lo postergó unos días, aprobándolo finalmente la semana siguiente. Desde entonces se está a la espera de la resolución de los senadores, que iban a tratarlo el martes, y luego el miércoles pasado, pero lo postergaron porque el tiempo fue dedicado a tratar otros temas del orden del día. Probablemente sea aprobado el martes 13 de julio.
Medidas propuestas
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento fue firmado por el presidente, José Mujica, y por los ministros del Interior, de Economía y Finanzas y de Defensa Nacional. En el preámbulo se refiere así a la actual situación carcelaria: “El deterioro edilicio que presentan los centros penitenciarios con el colapso total del sistema eléctrico y sanitario de alguno de ellos, el hacinamiento generalizado de reclusos, el desbordamiento de la capacidad material de los recursos humanos disponibles para la custodia del número de internos alojados en las cárceles conllevan a un agravamiento constante de las condiciones de vida de los internos y del personal policial encargado de su custodia”.
Se justifica de esta manera la adopción de tres medidas de urgencia para modificar la situación. Se autoriza al Poder Ejecutivo, por única vez, a recibir de Rentas Generales un monto de hasta 292 millones de pesos (casi 14 millones de dólares). El dinero será destinado a la “construcción, instalación, reciclaje, readecuación y, en general, toda modificación edilicia en edificios e instalaciones penitenciarias”; a la compra o arrendamiento de locales; a adquirir el equipamiento para las instalaciones y a gastos de realojamiento, alimentación, cobertura de necesidades básicas, higiene y salud.
Se autoriza, también, instalar reclusos en instalaciones militares (como máximo hasta el 31 de diciembre de 2012) hasta que se disponga de los centros penitenciarios necesarios.
La tercera medida es la creación de 1.500 cargos en la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, del Ministerio del Interior.
Enrejados
La cárcel de Rocha es la que tiene mayor hacinamiento de todo el país, superando el doble su capacidad. Ayer por la tarde el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj, Uruguay) y el Observatorio del Sistema Judicial (Fundación Justicia y Derecho) emitieron un comunicado de prensa en el que afirman: “En los pasados 1º y 2 de julio ingresamos concretamente al establecimiento penitenciario de Rocha, donde una de las constataciones más graves fue la exacerbada precariedad de las condiciones de vida dentro de las cuadras. Estas irregularidades y deficiencias edilicias y la ausencia de condiciones elementales vienen siendo constatadas y denunciadas por el Serpaj desde hace más de siete años”.
El comunicado insta a que las autoridades implementen “urgentemente las mejoras imprescindibles para eliminar los riesgos latentes de todos los establecimientos carcelarios”.
¿Se podría haber evitado el incendio si se hubiera votado la ley y si se hubieran trasladado reclusos hacia instalaciones militares? El senador Carlos Moreira dijo a la diaria que para solucionar el hacinamiento de la cárcel de Rocha no era necesario contar con el proyecto que no ha aprobado la cámara a la que pertenece. “Se podría haber logrado trasladando reclusos de Rocha hacia otros establecimientos en los que haya menos hacinamiento. Hay 29 establecimientos carcelarios en Uruguay y algunos no tienen hacinamiento, lo único que se necesita para trasladarlos son camionetas policiales”. Este medio intentó comunicarse con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para conocer por qué no se procede a una redistribución de este tipo -con ésta y otras cárceles que están en la misma situación-, pero la comunicación no fue posible.
Al mediodía de ayer, Bonomi dijo a la prensa que ya manejaban la “posibilidad de cerrar esta cárcel [de Rocha] cuando nos entreguen la nueva cárcel de Maldonado y la que nosotros vamos a hacer en espejo a ésa que nos van a entregar el mes que viene”.
Pero el invierno llegó antes y las necesidades de calefacción en medio de pésimas condiciones de hábitat hicieron lo suyo.
Ayer, el padre de uno de los jóvenes fallecidos dijo a la prensa que su hijo estaba preso “por fumar cuatro porros” y señalaba la consternación respecto a cómo se “lo habían entregado”.
El comunicado de Serpaj complementa esta idea: “El Estado tiene el deber de proteger a los privados de libertad contra todo tipo de actos contra su integridad física o mental y como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos. La condición de garante del Estado le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a su vulneración. Por lo que no se trata de un mero accidente respecto del cual no es posible determinar responsabilidades”.
Las celdas ardieron fácilmente por las frazadas que usaban los reclusos para tener mínimas separaciones. También porque las camas eran de madera y los colchones de polifón, lo que los hace, además de inflamables, letales, porque su quema desprende un tóxico mortal. ¿Por qué las camas no eran de hierro o por qué los colchones que se compran no son de otro material que no sea polifón?
Ocho jóvenes con graves quemaduras y una docena de jóvenes calcinados y asfixiados mientras intentaban huir es el saldo de algo que sucedió ayer en la cárcel de Rocha, pero de no tomar medidas a tiempo, puede suceder en cualquier momento en otro de los tantos centros donde hay hacinamiento.