Usos y desusos
La ocupación del barrio Nuevo Capra evidenció una contradicción que podría resumirse en un graffiti montevideano que dice “Tanta casa sin gente y tanta gente sin casa”. El tema de las fincas abandonadas y ocupadas en la capital del país es uno de los que trabajó en 2010 la Defensoría del Vecino de Montevideo, involucrando a los ministerios del Interior, de Vivienda, de Desarrollo Social y de Trabajo, el Poder Judicial, la Intendencia y la Junta Departamental de Montevideo, la Universidad de la República, el Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay y la Cámara de Representantes. Fernando Rodríguez, defensor del vecino de Montevideo, explicó a la diaria que el grupo continuará trabajando este año para lograr una legislación que le permita al Estado obtener aquellos bienes (casas, edificios, campos) abandonados por sus propietarios. El ombudsman hizo referencia al artículo 37 de la ley 18.308 de Ordenamiento Territorial, que explicita el deber de los propietarios de mantener los inmuebles “en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando las obras de conservación oportunas”. Rodríguez resaltó que la ley aún no se ha reglamentado, y que por ésa u otra vía hay que buscar que se tipifique el concepto de abandono, teniendo en cuenta algunos parámetros, como puede ser el abandono superior a diez años, perjuicios ocasionados a terceros debido a la falta de mantenimiento, o acumulado importante de deuda. Una vez que se logre esa normativa, el Estado podría adquirir un inmueble catalogado en situación de abandono, por tratarse de “un uso antisocial de la propiedad” y amparándose en el concepto de bien común. La Defensoría del Vecino ha contabilizado 490 “fincas abandonadas y en muy malas condiciones”, considerando tanto edificios abandonados en proceso de construcción como viviendas viejas u otras, como empresas que se disolvieron o están en procesos judiciales. Si bien se encuentran en casi todos los barrios capitalinos, principalmente están en el Centro y Ciudad Vieja, también las hay en el Cordón, la Aguada, Colón, sobre Gral Flores, Millán y Agraciada. Respecto de la ocupación del barrio Nuevo Capra, el defensor del vecino dijo que “es parte de la carencia de vivienda que hay en Montevideo”, e identificó que hay 55.000 propiedades vacías que están en condiciones de ser totalmente habitables. Expresó que son casas que “no salen al mercado por decisión de sus propietarios e inmobiliarias, porque si salen baja el precio de los alquileres”. Asimismo recordó que el Estado es responsable de garantizar el derecho a la vivienda.
El terreno fue ocupado por los vecinos el 17 de enero, tres días después de que se incendiara y no apareciera el dueño. Los habitantes del barrio afirman que el terreno permanecía deshabitado e improductivo desde hacía al menos treinta años.
Se desocupó el miércoles 19, tras la intervención judicial que contó con la intermediación policial. El viernes de noche, algunos vecinos ocuparon otro terreno, a unos ochocientos metros del primero, que fue desocupado el sábado, luego de una rápida intervención del propietario.
Después de los hechos desatados, cerca de ochenta personas optaron por conformar una cooperativa de vivienda, según explicó a la diaria Rodolfo Silva, ex ocupante del predio. Para esto mantienen contacto desde la semana pasada con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM); anoche tuvieron otra reunión.
Difícil cuando no hay tierra
“Les estamos planteando lo mismo que a todos los grupos que se forman: les explicamos que tienen que organizarse, qué es una cooperativa, qué significa ser, el tema de la entidad jurídica, el tema de los recursos”, explicó a la diaria Diego Bonilla, presidente de FUCVAM. Agregó que les aclararon que no tenían “soluciones inmediatas”; si bien la situación es más ágil que antes de 2008, cuando surgió una reglamentación que unifica el proceso de solicitud de préstamos ante el Ministerio de Vivienda, el acceso a la vivienda se puede trancar. Bonilla indicó que desde que se conforma la cooperativa hasta que efectivamente se accede a la vivienda pueden transcurrir dos años, siempre y cuando no haya problemas de acceso a la tierra, lo que es, en los hechos, un obstáculo.
El dirigente explicó que la Intendencia de Montevideo cuenta desde la primera administración comunal de Tabaré Vázquez “con un fondo rotatorio social que compra terrenos inutilizados para ponerlos a disposición de las cooperativas FUCVAM y Fecovi [Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo], por el cual cuando las cooperativas van a recibir el préstamo [para construir] pagan el terreno y la intendencia compra más terrenos. Eso les permite a los grupos cooperativos de Montevideo acceder de una forma más rápida a la tierra, pero no pasa lo mismo en el interior del país, hay departamentos en los que no hay una gota de tierra”. Puntualizó que las intendencias que tienen convenios similares son las de Soriano, Canelones y Maldonado, y que actualmente se está trabajando para lograr otro en Treinta y Tres. Señaló que hay lugares donde “no hay nada de tierra”, que está concentrada en latifundios, como el caso de la localidad de Río Branco, y los departamentos de Florida y San José, en donde “las cooperativas están trancadas por no tener tierra”.
Tomando forma
Respecto de los anuncios de ayer tras la sesión del Consejo de Ministros, Bonilla sostuvo que son bienvenidos pero insuficientes, porque se les asignarían 5.000 viviendas pero en este momento hay 7.000 que reúnen las condiciones de inscripción en el Ministerio y están a la espera de tierra o del préstamo para edificar, además de las que se van conformando.
“Lo que pasó en Capra lo vemos seguido, la realidad va mucho más rápido que todos los planes y reglamentos que se hagan. Si no hay política de Estado para solucionar el tema vivienda, la problemática sigue creciendo y va a haber muchas más ocupaciones”, afirmó Bonilla. El dirigente identificó avances en relación con dos décadas atrás, como el acceso a préstamos y los subsidios que otorga el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a aquellas familias que tienen ingresos inferiores a las 60 unidades reajustables, para que no pasara como antes, que tenían que abandonar la propiedad si se quedaban sin trabajo.
Bonilla identificó como un obstáculo el hecho de que “los reglamentos son producto de una administración y cuando se va una administración termina esa relación que estaba dada; con cada una hay que ir a discutir todo lo que ya estaba resuelto”. Precisó que el Fondo Nacional de Vivienda debería volver a sustentarse mediante un impuesto, como sucedía antes del gobierno de Luis Alberto Lacalle, en el que patrones y trabajadores aportaban 1%, de forma tal que no depende exclusivamente del Presupuesto Nacional.
Afirmó que el gobierno tiene herramientas, como la Ley de Ordenamiento Territorial, que se está esperando que se regularice. “Dará herramientas para pasar terrenos improductivos a la cartera nacional; reivindicamos que se regularice, para no depender de la iniciativa de cada intendencia”.