La parte más visible del juicio ciudadano es la instancia abierta al público, en la que el panel ciudadano interrogará a expertos y autoridades gubernamentales. Esto será el fin de semana del 26 y 27 de noviembre en el Paraninfo de la Udelar, con transmisión en vivo on line; el lunes 28 los panelistas darán a conocer las recomendaciones y conclusiones a las que arriben, dirigidas a quienes toman decisiones políticas. Resulta interesante visibilizar el camino que recorren los panelistas para llegar a esa instancia, que requiere del estudio individual y de una coordinación grupal.
En el banquillo
Los juicios ciudadanos son mecanismos de participación ciudadana en temas controvertidos sobre Ciencia y Tecnología. Nacieron en Dinamarca, donde son utilizados regularmente para asesorar al Parlamento en temas ambientales, de salud y de uso de tecnologías. Luego el mecanismo fue replicado en otros países; Uruguay, de la mano de la Universidad de la República, lo adoptó en 2010, para estudiar el uso de la energía nuclear en nuestro país.
Paso a paso
Participar en un juicio ciudadano da la posibilidad de formarse en la temática, tener un contacto cercano con expertos, implicados, académicos y debatir en torno a información proporcionada por docentes de la Udelar. La propuesta es tentadora, y así fue que se inscribieron 264 personas que reunían las condiciones de no ser expertos ni implicados directamente en la temática, y estar dispuestos a compartir un proceso de aprendizaje y deliberación. Tal como estaba estipulado, los organizadores seleccionaron a 15 personas, intentando representar la diversidad etaria, de género, procedencia, formación y ocupación. Los participantes tienen entre 21 y 68 años, proceden de Montevideo, Canelones, Tacuarembó, Rocha, Colonia, Treinta y Tres, Río Negro, Florida, y tienen ocupaciones variadas: un transportista, una odontóloga, un publicista, un productor rural, un jubilado bancario, una diseñadora gráfica, docentes y estudiantes, entre otros.
La información que maneja el panel es pública y puede consultarse en el sitio web, www.juiciociudadano.org; éste es un gran mérito del proyecto, que apuesta a compartir la información con el resto de la población. Allí pueden verse documentos, ponencias, clips y entrevistas.
Los panelistas comenzaron estudiando un documento base elaborado por los organizadores, que cuenta con el aporte y correcciones de varios asesores. También allí pueden verse videos sobre las opiniones de panelistas, asesores y organizadores.
Los panelistas tienen tres reuniones de trabajo de dos días cada una. Alejandra Umpiérrez, coordinadora del proyecto, explicó a la diaria que son jornadas extensas de once horas de trabajo cada día; se hacen en la Udelar y se costean los gastos de alimentación de los participantes, así como el transporte y la estadía de quienes concurren desde el interior del país. La primera reunión de trabajo se desarrolló el 3 y 4 de setiembre. Allí los panelistas se conocieron y elaboraron una serie de preguntas dirigidas a los asesores. Las consultas (que al igual que las respuestas, pueden leerse en la web) abordan temas como desarrollo y recursos naturales, tipos de inversiones, reserva minera, suelos y tecnologías, beneficio para el conjunto de la sociedad, uso de los fondos estatales, condiciones mundiales sobre minería, experiencias de otros países, los impactos sociales y ambientales, prohibición de minería a cielo abierto en otros países; fiscalización del estado uruguayo de los emprendimientos actuales, modificaciones al Código Minero, y hay un capítulo sobre Aratirí donde se indaga en el proyecto, la negociación, la capacidad de control del Estado, el uso energético y la evaluación de impactos ambientales y sociales.
Las respuestas formaron parte de la segunda reunión, desarrollada el 1 y 2 de octubre. En esa instancia respondieron Pier Rossi, director de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Raquel Piaggio, encargada de la Unidad Ambiental del MIEM, Daniel Collazo, integrante de la División de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y los docentes Andrés Rius, Reto Bertoni y Andrea Vigorito hicieron un mini coloquio sobre Desarrollo y Minería.
Ahora los panelistas se preparan para la última reunión, que será el 5 y 6 de noviembre, de la que surgirá la lista de preguntas que el jurado hará a los expertos en la instancia pública. Hasta el 18 de noviembre se reciben a través de la página web las preguntas que cualquier ciudadano quiera enviar al panel para que las consideren como insumos.
Umpiérrez indicó que el tipo de conclusiones a la que el panel arribe "es incierto, va a ser lo que surja del grupo" y marcó que los organizadores no inciden en ese documento final, sino que sólo facilitan el proceso de reflexión.
Deliberantes
El factor común de los participantes es informarse. Juan Carlos Lena, de 21 años, procedente de Juan Lacaze y estudiante de la Licenciatura en Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales, explicó a la diaria que así como el tema del desarrollo, las actividades económicas y las prácticas, le interesa la interacción del hombre con el ambiente y la modalidad de aprendizaje que propone el Juicio Ciudadano. Agregó la oportunidad de contar con el asesoramiento de académicos y la posibilidad “de tener una postura más activa y de compromiso con las decisiones que se están tomando como país”. Lena destacó el cúmulo de información a la que está accediendo, el relacionamiento respetuoso entre los panelistas, y el ida y vuelta a través de correo electrónico que mantienen intercambiando documentos. Precisó que ha accedido a información técnica “que no manejan los medios de comunicación”, aunque está disponible en la página. El estudiante señaló que los organizadores marcan oportunamente las reglas, graficó diciendo que “uno siempre quiere hablar, pero hay límite de tiempo y hay que jerarquizar, decir esto es lo más esencial y esta discusión es para otros temas”, y valoró que “la modalidad de discutir, dejar de lado las posiciones que se puedan tener y discutir objetivamente, es un ejercicio democrático que hace falta”. El muchacho espera que cuando presenten las conclusiones “se tenga en cuenta que no son opiniones tiradas a la ligera, que hubo un estudio, una discusión. Como participante me gustaría poder influir, siempre pensando en que pueda ayudar, la idea es ésa, tratar de alguna u otra forma de contribuir a que se tome la mejor decisión”.
Alejandro Niski, tiene 50 años, es gerente en una empresa de distribución y vive en Montevideo. Dijo a la diaria que la instancia “realmente es una escuela de democracia, uno aprende a intervenir cuando es estrictamente necesario, a sintetizar mucho sus argumentos y a decirlos sólo si vale la pena”. Este participante sostuvo que trata “de leer todos días un poco y los fines de semana esquematizar las conclusiones”. Además de aprender técnicamente, resaltó la variedad de puntos de vista: “hay una señora que vive en Cerro Chato [epicentro de la minera Aratirí] y tiene toda la vivencia del lugar, que de repente uno acá en Montevideo se la pierde y no vive en carne propia las ventajas y las desventajas. Cada uno aporta un enfoque interesante”.
Niski señaló que la gran cuestión a responder es “si puede ser compatible con nuestro modelo de desarrollo la minería a cielo abierto a gran escala”. Dijo que para eso están tratando de elaborar las mejores preguntas, para que implicados, a favor o en contra, puedan dar respuestas que sean realmente conducentes a una conclusión”. “La gran tarea es condensar las preguntas. Surgieron 300 preguntas, pero hay que reducirlas y de repente quedarnos con 40, que sean abarcativas pero que las respuestas definan”, y puedan desarmar respuestas tendenciosas. El panelista agregó que aspira a que el mecanismo se “institucionalice para otros grandes temas que van a venir en el futuro”.