A fines de 2008 el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, ubicado en el departamento de Río Negro, fue incluido en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Se trata de un humedal con islas fluviales sobre el río Uruguay que limita con dos pequeñas localidades: San Javier al norte y Nuevo Berlín al sur. El área protegida alcanza a casi 6.000 hectáreas, y está pensada la "incorporación gradual" del resto del humedal, que abarca una superficie mayor. El área de manejo del Parque Forestal está en proceso de elaboración; Guillermo Scarlato, coordinador general del SNAP, explicó a la diaria que la meta es tenerlo finalizado para los primeros meses de 2012 y evaluó que el proceso "está avanzando muy bien y con bastante participación".
La pregunta planteada por Santos desde el título no tiene respuesta en el tomo y "por suerte" respondió el autor al ser consultado, luego de aclarar que el objetivo del texto es "contribuir a generar discusión" entre las distintas partes involucradas -sociedad, Estado, actores productivos-, "brindar herramientas para discutir qué queremos que protejan", dijo.
El libro (Trilce, 2011) es la síntesis de la tesis de maestría en Ciencias Sociales realizada por el autor entre 2009 y 2010 en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina; para la publicación contó con el apoyo del Fondo María Viñas de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Santos hace un atractivo detalle histórico del lugar describiendo los diversos usos productivos que se han hecho de los territorios, define la implementación del SNAP, desglosa las formas de participación, analiza los discursos y las dinámicas locales, y desemboca en un tema que atraviesa todo el libro: observar las desigualdades sociales en Farrapos desde un enfoque de la justicia ambiental.
Que sea parejo
Santos explicó a la diaria que el término "justicia ambiental" se desarrolla desde fines de la década de 1970 a partir de la acción de grupos sociales perjudicados por la contaminación, que detectaron que en los barrios más deprimidos socioeconómicamente era donde se autorizaba la instalación de industrias contaminantes.
En el caso concreto de Esteros de Farrapos el autor ejemplifica la situación con una frase dicha por los pescadores en torno a la política ambiental: "cortar el hilo por el lado más fino". Se señala que hasta ahora las medidas para frenar la degradación del ambiente han puesto más el foco en la pesca artesanal que en minimizar los impactos de la aplicación de agrotóxicos (que se usan en los cultivos de soja transgénica que rodean el área protegida) cuya cuantificación ha sido evaluada en peces y abejas. Santos aclaró que las medidas aplicadas hasta ahora no han sido impulsadas por el SNAP, sino por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) mediante vedas de capturas, así como por el Programa de Producción Responsable del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que intentó minimizar (con limitado éxito) la cantidad de residuos vertidos por los pescadores sobre el río. La sensación es que se hace un control "sobre aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad económica o porque la práctica es más reconocible a nivel local; si uno pregunta quiénes son las personas que están plantando soja ni siquiera se puede identificar las empresas".
Santos explicó que lo deseable es que además de conservar los recursos naturales se proteja "a las personas que viven y usan estas áreas desde hace muchos años con prácticas amigables como la apicultura y la pesca artesanal", donde parte de la caza también podría incluirse.
Tierra de todos
El autor habla de territorialidad en contraposición a la idea de un solo territorio. Señala los diferentes usos productivos que hacen del lugar los habitantes de San Javier (que crían ganado dentro del área) y de Nuevo Berlín (apicultura y pesca), y además, menciona el escaso vínculo que tenían ambas localidades previo a la creación del Parque Nacional, dado que San Javier se relaciona más con Paysandú y Nuevo Berlín que con Fray Bentos.
Sostiene que considerando esas diferentes dinámicas productivas, culturales y económicas convendría pensar estrategias adaptadas a cada lugar. En ese sentido, considera acertada la implementación que viene realizando el SNAP de los espacios de participación, cuyas reuniones se realizan alternadamente en ambas localidades, “pero la pregunta que genera este estudio es si no sería necesario implementar diferentes ámbitos de participación, uno en cada lugar, y después desarrollar una instancia mayor donde se integren las visiones”.
“La cuestión en juego es cómo se construye una nueva territorialidad única a partir de un área protegida. El gran desafío que tiene la gente que está pensando áreas protegidas es cómo hacer convivir la nueva territorialidad de la protección de la naturaleza con estas territorialidades subyacentes o anteriores”, sostiene.
Por otra parte, al autor señala en el texto que el diseño de los ámbitos de participación de las áreas protegidas “parece estar más orientado a facilitar la articulación al interior del propio Estado -entre diferentes reparticiones y entre diferentes niveles- que entre el Estado y la sociedad”. Santos atribuye esto a la ley del SNAP, creado en el 2000 “con una cabeza que responde a fines de la década del 90”, cuando la mayoría de los espacios están “plagados de” representantes institucionales, con pocos puestos para los sociales.
Tanto el libro como el documental son considerados insumos para una discusión que necesariamente debe darse con las comunidades involucradas, por lo que el texto será presentado en el departamento de Río Negro. También el audiovisual, cuyas versiones preliminares ya fueron compartidas con pobladores locales, y el producto final recoge algunos de sus aportes.