Antonio Baylos, Francisco Trillo y Joaquín Aparicio disertaron sobre “La Reforma Laboral en España y la Unión Europea” (UE) en el marco de un seminario organizado por la Facultad de Derecho bajo el título “Rumbos de la(s) reforma(s) laboral(es) en América Latina y España”. Allí detallaron el proceso de reformas que afronta el viejo continente, proceso caracterizado por un recorte de los derechos laborales asociado a la búsqueda de promoción de una mayor inversión privada. Sin embargo, los tres expertos expresaron sus reparos respecto de ese análisis de causa y efecto.

Baylos destacó que el “crack del 2008” generó “una reacción contra los derechos laborales” evidenciado principalmente a partir de 2010, “donde se entendía que la salida a los problemas de endeudamiento necesitaba una reacción clásica, que en América Latina no es necesario recordar porque los vivieron, que son las ‘recetas del FMI [Fondo Monetario Internacional]’, que obligan a una mayor flexibilidad laboral”.

Comentó que esas “recetas” ahora se están extendiendo prácticamente por toda la zona euro e implican, por un lado, la reducción del gasto público y de los salarios de los funcionarios públicos; por otro, una “reforma estructural del mercado de trabajo”, que Baylos entiende que debe leerse como una mayor flexibilidad para el despido de trabajadores; por último, la reducción de pensiones y endurecimientos de las condiciones para su acceso.

Para el caso de España, criticó que la reforma laboral -decretada en junio de 2010 y aprobada por el Parlamento en setiembre- “impone una regulación diferente a la que había surgido de acuerdos tripartitos” entre gobierno, empresarios y trabajadores en 2006, añadiendo que se establece “un nuevo modelo de gestión de empresa en el que se institucionaliza el despido”. “Se trata de la eliminación del lenguaje de los derechos laborales de nuestra legislación”, concluyó.

Para la mano (invisible)

Trillo, o Paco, como lo llaman sus colegas, sostuvo que la flexibilidad laboral (reducción de horas de trabajo o de salarios) es impuesta por los gobiernos “como una necesidad”, que se convierte luego en “una manta del neoliberalismo”, implicando “un perjuicio para los trabajadores”. Explicó que la flexibilidad tiene como telón de fondo “la idea de que la marcha de la economía por sí sola se va a encargar de equilibrar la situación y va a generar mejores condiciones sociales”. Por otro lado, apuntó que existe una “paradoja” en torno a quiénes son los que reclaman esa flexibilidad laboral, porque “no son los empresarios” sino “el mercado internacional”. Advirtió que la aplicación de esta política “va alterando la caracterización de las relaciones laborales”, ya que “si no es negociada, es autoritaria, y así empeora las relaciones” entre trabajadores y empresarios. Según Trillo, ello niega el pretendido concepto de que la reforma europea está orientada al mejoramiento de la relación entre ambos factores de la economía.

Al mismo tiempo, destacó que esa legislación provoca “una degradación progresiva de las condiciones de trabajo, de reducción de jornadas laborales”. Además, criticó el hecho de que su aplicación “no logró la creación de empleo”, como reivindican sus defensores, sino que, en cambio, “degradó las condiciones de trabajo”. Fustigó que la reforma “frena la tendencia a la contratación” de nuevo personal y ejemplificó el caso recordando que a un año de implementada “no hubo creación de empleo. Por el contrario, se han perdido puestos de trabajo y han empeorado las condiciones de trabajo”. También valoró negativamente que actualmente “hay una pérdida de democracia a nivel legislativo de los países europeos”, en referencia a la presión que ejerce el Banco Central Europeo (BCE) para que Grecia apruebe el plan de rescate asegurando que es “su única opción”.

Cabecitas cuadradas

A su turno, Aparicio fue crítico con aspectos relevantes de la política económica en la UE, señalando que si bien los países de la eurozona tienen “algunas ventajas” derivadas de la membresía, “la política monetaria está totalmente excluida de las competencias de los estados”, dado que es definida por el BCE, “que sigue los patrones clásicos dictados por los alemanes”.

El experto también denunció el intento de “salvar el euro” a través de la “institucionalización del despido”. “¿El despido va a salvar al euro?. No lo creo”, comentó.

Evocando a los señores feudales del medioevo cuando iban a las aldeas en busca de mano de obra para utilizar por sólo un día, sentenció que las reformas y la flexibilización de los despidos representan una forma de “volver al feudalismo”. Argumentó la necesidad de establecer requisitos formales para la presentación del despido, la existencia de una causa y de un tribunal que revise la sanción, añadiendo que éstos son principios incluidos en la Constitución de España pero también en la normativa de la UE y de organismos multilaterales como la Organización Internacional del Trabajo.

Respecto de las protecciones laborales legales, reconoció que siguen existiendo pero lamentó que actualmente el incumplimiento sólo es castigado con “una sanción monetaria, una multa, y no el reintegro del trabajador”.

En cuanto a la causa para despedir, explicó que se ha producido una “extraña derivación de la jurisprudencia”, por la cual ya no se busca determinar si la medida es correcta o no, sino apenas fijar el monto a indemnizar. “Es un planteamiento incorrecto, que hemos tratado de explicar a los jueces, pero tienen cabeza dura y les cuesta entenderlo”, sostuvo Aparicio, añadiendo que con el criterio vigente “se banaliza la existencia de la causa”. “Si no hay una causa para despedir, no se puede despedir”, enfatizó.

Finalmente, enumeró las causas de despido previstas en la reforma, que pueden ser: económicas, disminución de ingresos capaz de afectar el funcionamiento futuro de la empresa, causas técnicas, de organización y productivas. Criticó que todas estas variables son de difícil control judicial por las dificultades inherentes a la definición de los propios aspectos, que en muchos casos son objetivos. También puntualizó que “el empresario debe acreditar” las situaciones económicas adversas a que se enfrentaría, aunque inmediatamente cuestionó: “¿Cómo se pueden acreditar elementos que todavía no pasaron?”. Con un fuerte tono crítico concluyó que “el legislador español se hizo esclavo de los economistas caducos provenientes de la escuela de Chicago (corriente doctrinaria ortodoxa partidaria del libre mercado y fundada por Milton Friedman), que desafinan en todos los organismos internacionales”.