Sumamente compleja y poco clara es la situación que enfrenta Metzen y Sena, y la posible solución de los conflictos parece estar más en los juzgados que en la fábrica.
Barreto se presentó ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado el 14 de julio, donde esgrimió sus argumentos respecto de lo que a su entender fue una "expropiación".
Allí recordó que el 30 de noviembre de 2009, el día después de la segunda vuelta electoral que determinó a José Mujica nuevo presidente, fue la fecha en la que "el sindicato, junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS], tomó la empresa por la fuerza e hizo salir de allí a todo el personal no sindicalizado". Ese año se había negociado entre los accionistas de la firma y el gobierno la instrumentación de dos fideicomisos por 20 millones de dólares, cuyo contrato se firmó en junio de 2009 con los ministerios de Industria (MIEM) y Economía (MEF). Para constituir los fideicomisos se ponían como garantía todos los bienes de la compañía, que una firma contratada por el Estado tasó en 306 millones de dólares de acuerdo a la declaración de Barreto a los legisladores. Sin embargo, el asunto se dilató y el último día de noviembre se decidió no viabilizar los fideicomisos y, en su lugar, llamar a concurso a la empresa por "la deuda que se mantenía con la Dirección General Impostivia [DGI]”, aunque Barreto aseguró que "la empresa no tenía ninguna deuda con la DGI". Declaró haberle ganado dos juicios por ese motivo al organismo recaudador, el cual "tuvo que hacer un mandado como herramienta extorsiva que no se basaba en ningún argumento fiscal ni tributario".
Acoples
Las instancias judiciales derivadas han llevado a que la puesta en marcha de Metzen y Sena se haya estancado, por lo que el gobierno y el sindicato evalúan un proyecto alternativo que implica la creación de una fábrica de cerámica independiente.
Solucionados los problemas en la Justicia, se acoplaría a la fábrica actual.
Soca confirmó que se está "trabajando a nivel técnico". "Nos fijamos un plazo de tres meses: van dos y está bastante avanzado el proyecto". De su lado, Barreto apuntó que "el presupuesto para instalar una empresa nueva [...] sería de 50 millones de dólares, sólo por la parte de revestimientos", lamentando que "sólo daría trabajo a 100 personas". Asimismo, fustigó que su producción apuntará al mercado brasileño, con el cual "Metzen y Sena nunca fue ni va a ser competitiva" porque allí producen con "arcillas que suponen un 25% menos de costo de energía". Pero Soca explicó que la idea "es producir las tres líneas", comenzando por la de revestimiento para sumar luego sanitaria y vajilla. Sobre los destinos de ventas, dijo: "No descartamos nada". "Tenemos contactos con clientes de Chile, Argentina, algunos de Brasil e incluso de Estados Unidos, hablando de las posibilidades de producir a mediano plazo", detalló el sindicalista. En cuanto a Brasil, aseguró que "hay alguna diferencia en precio pero se compensa con cierta calidad". "Algunos clientes finales que hemos tenido han manifestado sus quejas por los productos brasileños", finalizó.
Barreto detalló que el pasivo total asciende a 90 millones de dólares, de los que 16 millones correspondían a una deuda con UTE y ANCAP, diez millones se debían al Banco de Previsión Social y unos 60 millones se adeudaban a 15 bancos de plaza y una emisión de obligaciones negociables, aunque 50 millones adeudados databan de antes de 2005, cuando asumió el control de la empresa.
No molestes a los vecinos
Evaluó que la deuda más "acuciante" para Metzen y Sena es la que tiene con los dos entes energéticos, generada a raíz de "un impuesto ilegal" aplicado a partir de 2008 por Argentina a la exportación de gas natural, que elevó el costo del insumo de 200.000 a 900.000 dólares mensuales. Fundamentó que ese tributo, "además de injusto, era totalmente ilegal en función de los convenios" vigentes con Aladi y el Mercosur.
Explicó que el entonces ministro de Industria, Daniel Martinez, le explicó que "Uruguay no estaba en condiciones -y era una decisión tomada- de reclamar en la órbita del Mercosur a la Argentina por este tema, porque se agravaría el conflicto con Botnia".
Como alternativa, se planteó la posibilidad de financiar la diferencia de 700.000 dólares mensuales para no perder mercados y no dejar "en la calle" a los 780 trabajadores, lo cual fue aceptado porque se estimaba que el tema se resolvería en pocos meses. No obstante, el accionista aseguró que la situación se prolongó durante 17 meses y generó un pasivo de 16 millones de dólares. “Ésas son las deudas que tiene la empresa y por las que la prensa ha tratado de decir que la administración que he llevado adelante vació la empresa o que era una mala administración", aseveró. Al respecto, recordó que la CND lo denunció penalmente "en seis oportunidades y lugares diferentes -en Pando, en Jefatura y en el Juzgado de Crimen Organizado, entre otros- con el fin de que fuera procesado, pero no lo logró porque no se encontró ningún elemento objetivo para alcanzar dicho propósito". Además, denunció que el entonces presidente de la CND, Arturo Echevarría, había manifestado que Barreto junto con otros accionistas eran "los chivos expiatorios", y que "un tío de Echevarría" quedó como veedor de la CND dentro de la fábrica durante la ocupación y fue quien armó el proyecto. "Lo que he venido denunciando ante la Justicia es que hubo un complot de parte de la CND con el MTSS y los sindicatos para apropiarse de mi empresa", y añadió que todo ello obedece a "un capricho de armar una cooperativa de autogestión que sea el buque insignia de las empresas recuperadas en este país".
También criticó al sindicato de la firma afirmando que entre la población de Empalme Olmos hay "miedo a los 60 'duros' de la cooperativa y del sindicato que no permiten que se alce otra voz en el pueblo pidiendo la reapertura de la empresa". Por ese motivo, Barreto advirtió que analizar la posibilidad de iniciar un juicio por más de 200 millones de dólares al Estado por "esta expropiación encubierta de la empresa". Explicó que el juicio sería por ese monto y no por los 306 millones de dólares tasados porque "no tenemos el 100% del capital accionario". En diálogo con la diaria, confirmó que efectivamente evalúa realizar un juicio "porque acá hay un daño y hay que repararlo". "El Estado actuó en connivencia con el sindicato y trataron de apropiarse de forma indebida de un bien de terceros, trataron de hacer una expropiación de forma oblicua y tenemos los elementos para probarlo", añadió. Respecto de la comparecencia de Barreto en la citada Comisión parlamentaria, el senador nacionalista Eber da Rosa -que la integra- valoró que las de Barreto son acusaciones "muy graves", que refieren "a una maniobra de un grupo de trabajadores de la planta [...] con un cierto apoyo del gobierno para impulsar la transformación de la empresa en autogestionada y dirigida por los trabajadores". "Eso tiene connotaciones graves, porque habría una mutilación de su derecho de propiedad", agregó. Sin embargo, aclaró, "oyendo a una de las partes no se puede fijar posición", por lo que se determinó solicitar información al MIEM, e incluso se evaluará convocar al ministro Kreimerman para que brinde detalles sobre el punto.
Da Rosa adelantó que probablemente ello se realice en los primeros días de agosto.
No es para tanto
En torno a la deuda generada por el precio del gas natural argentino, el senador y ex ministro de Industria Daniel Martínez admitió a la diaria que "el sobrecosto que generaban en el gas natural las retenciones que nos cobraba [Argentina] sin duda impactaban" en los números de la firma. "Sin embargo, no justifica el pasivo total que tuvo esta gente", aclaró. Recordó que las retenciones se concretaron en un momento de crisis energética en el país vecino, cuyo gobierno definió entonces que, para exportar gas natural, debía venderse al precio más alto al que lo importaba desde Bolivia. "Por supuesto que si ves los contratos originales siempre quedaba la duda de si estaba bien lo que nos cobraban o no respecto a los costos, pero era discutible" la opción de reclamar a nivel internacional. "Uruguay podría haberse tirado hacia un juicio y podría haber tenido éxito o no", comentó Martínez. Debido a lo largo del proceso, a la temporalidad de esa situación de crisis energética -"que no era todo el año"- y a los problemas que generaría en el relacionamiento bilateral, en el gobierno "se valoró que no tenía sentido" el reclamo. El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, contó a la diaria que el incremento del gas no fue aplicado sólo a Metzen y Sena sino que “ésas eran las reglas de juego que tenían todos" los compradores, añadiendo que el incremento "era legal y lo podían aplicar perfectamente".
Tras las rejas
En cuanto a los motivos para no efectivizar el fideicomiso, quien salió a responder con fuerza fue Echevarria -actual director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo-, quien declaró estar "absolutamente convencido" de que Barreto "debería estar preso". Evocó que, al analizar la situación de la compañía, la realidad "no era la que planteaban" los accionistas. "Es como cuando acordamos la compraventa de un coche y cuando lo voy a revisar veo que la chapa está arreglada con masilla, el motor atado con alambre y además no sos el dueño, o no está claro [quién lo es], o tenés un juicio que dice que el auto se lo debés a otro. Son inconvenientes importantes que determinaron que decidamos que no era posible llegar a ese fideicomiso", graficó. Sobre Barreto, aseguró que representaba "una situación complicada", donde "era acreedor y titular de determinadas cuentas. Descubrimos que había estafado a la DGI con una solicitud de certificados de crédito mal solicitados; que había hecho compras por bienes que no valían lo que él decía; que en las sociedades con las cuales se presentaba como dueño era otro el titular, había un enmascaramiento de los titulares de las sociedades anónimas", enumeró el jerarca. Además, "es una barbaridad" la cifra de 306 millones de dólares en activos reivindicada por el empresario, y Echevarría entiende que esa estimación se hizo "en función de la capacidad potencial que podría tener la cantera de arcilla". "Es como que yo valúe el campo donde está la minera [Aratirí] en función del hierro que va a salir de allí en los próximos 25 años", agregó, interpretando que Barreto "hace menjunjes extraordinarios". "Es un delincuente", disparó, estando "absolutamente convencido de que sería mucho más sano para la sociedad uruguaya que este hombre estuviera preso". Acerca de la participación de su tío como veedor, reconoció la contratación oficial de "personas de confianza". "Gracias a esos controles tuvimos acceso a determinada información que nos abrió los ojos para no seguir cometiendo el error de entregarle plata a esta gente, que la iba a malgastar y utilizar de forma fraudulenta y en contra del gobierno uruguayo". Por su parte, el titular de la DGI, Pablo Ferreri, se excusó de brindar información ya que "violaría el secreto tributario", pero puntualizó que "la administración tributaria actúa con absoluta profesionalidad". "Rechazamos la acusación, y los uruguayos bien saben que actuamos con parámetros de transparencia muy altos", defendió. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, prefirió no hacer comentarios en torno a las acusaciones de Barreto. la diaria también llamó a Kreimerman pero no respondió.
Only way
En tanto, los trabajadores de Metzen y Sena están enfocados en la concreción de un proyecto alternativo (ver recuadro), y destacaron que la solución laboral buscada por la vía de la cooperativa “es la única que permitía la ley” de concursos. El sindicalista Andrés Soca explicó a este medio que “el director de la empresa fue desplazado por las autoridades, lo que le imposibilita gestionarla”. Muy lejos de las cifras manejadas por Barreto, Soca aseveró que los activos suman unos 27 millones de dólares: siete millones correspondientes a la unidad productiva y los 20 restantes, al área forestada de la firma.
“A no ser que se hayan tasado cosas que no sabemos que existan, no es ese valor”.
Acerca de la referencia a una supuesta implicación del sindicato en una maniobra expropiatoria, aseguró que obedece a “una campaña para ensuciar a la comisión y el trabajo que se está haciendo”. “Los trabajadores en su grueso están de acuerdo con esta alternativa [de cooperativa] y todos queremos trabajar”, aseveró, para indicar después: “No hemos sido cerrados. Tratamos de reunirnos con posibles inversores empresarios y ninguno quería agarrar la empresa en la situación que estaba, porque era más riesgo que otra cosa. Con Barreto no nos reunimos porque al haber sido desplazado judicialmente no tiene ninguna posibilidad de trabajar”, sostuvo Soca, concluyendo que “si se soluciona el tema judicial y queda despejado de todo eso, será cuestión de reunirnos y trabajar juntos”.