El martes, el Parlamento y los países miembros de la Unión Europea (UE) acordaron establecer una serie de medidas orientadas a reforzar la disciplina fiscal e imponer sanciones a los Estados con elevados déficits de sus cuentas públicas. Son seis medidas conocidas como "six pack", que habiendo sido presentadas el año pasado por la Comisión Europea (CE, Ejecutivo del bloque), no prosperaron por las ásperas disputas surgidas en el seno de la institucionalidad comunitaria. Dos puntos especialmente conflictivos fueron el fuerte papel que se otorga a la CE y la automatización de la aplicación de sanciones. El presidente de la CE, el portugués José Manuel Barroso, dijo que hasta ahora no existía ninguna herramienta para evitar caídas en niveles de deuda insostenibles. Barroso defendió el acuerdo expresando que el reforzamiento de la "gobernanza" económica proveerá instrumentos de anticipación de desequilibrios potencialmente amenazantes para la estabilidad de la eurozona. "Si bien se hará hincapié en la prevención, también tendremos la capacidad para tomar medidas correctivas de manera más rápida y más decidida que nunca, con un mayor automatismo en la aplicación de sanciones".
Ayer, la diaria informaba que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a los responsables institucionales del viejo continente "avanzar en la integración europea" ante la magnitud de su deterioro financiero. "Los países deben estar dispuestos a sacrificar parte de su soberanía por el bien de Europa", reclamó el organismo.
Estado y mercado
Las intervenciones estatales en los asuntos económicos ante una situación de crisis y riesgo de recesión siguen agitando el debate entre demócratas y republicanos en Estados Unidos desde que el presidente Barack Obama recurrió, a partir de la segunda mitad de 2008, a estímulos fiscales y monetarios para dinamizar su debilitada economía.
El retorno al "keynesianismo" y a ciertas medidas desarrollistas avivaron un viejo debate entre los defensores ortodoxos de la abstención del Estado y quienes entienden que su intervención es indispensable para restablecer las dinámicas de una economía real golpeada por el descalabro financiero-bursátil. Ahora es el turno de Europa, donde la discusión por los efectos de la crisis incorpora paulatinamente otro de naturaleza política en torno a los límites de las potestades del Estado-nación. El economista, docente y académico francés Jacques Sapir publicó en 2004 la primera edición de su obra Economistas contra la democracia, en la que analiza lo que el subtítulo del libro precisa como "Los intereses inconfesables de los falsos expertos de la economía". El autor caracteriza que "la política económica se ha confirmado, y más tarde se ha impuesto como una de las formas principales de la acción política", tendencia especialmente verificable en el ámbito internacional, "el de las grandes organizaciones como el FMI, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio" (OMC). Luego precisa: "Nos hallamos frente a una tendencia dual que, por un lado, impone la economía como forma privilegiada de la acción política, mientras que, por otro lado, despolitiza la economía y la reduce a una técnica". Esta evolución demanda especial atención "cuando la economía se ve transformada de manera progresiva en un sistema técnico en el que los términos en los que se presentan las distintas opciones ya no son accesibles al simple ciudadano". Más aun, sostiene Sapir, "se trata de una cuestión central para comprender la evolución de la democracia en nuestros países". Evoca después a la conservadora ex jefa de gobierno británico Margaret Thatcher cuando pontificaba que "no hay alternativa" a las políticas económicas liberales, fórmula que "es una mentira cuando la pronuncia un economista desde su posición de experto. Cuando la pronuncia un político es prevaricación", dispara. Luego refiere a su concepto de "pensamiento político espontáneo" para explicar que "ciertas concepciones del orden económico" alimentan determinada idea de "orden social y político". Así, el análisis de ese pensamiento "es una tarea de salud pública" dado que éste "lleva en sí los gérmenes de la despolitización de la política económica, de la sustitución de las opciones democráticas por opciones técnicas. Conduce sin brusquedad, de manera gradual, a la tiranía".
Derecho divino
El autor señala que ese proceso condujo a una "naturalización de la economía" y a la reducción del derecho "a la condición de una simple técnica", al ser utilizado para establecer "las condiciones de la toma de decisiones, lo que se llama la 'gobernabilidad'”. Este pensamiento incluye el paradigma de la independencia de los bancos centrales respecto de la conducción política de la economía, "una apología sin reservas ni límites de las agencias de regulación llamadas independientes, tanto en el ámbito nacional como en el internacional; y subyace al discurso tranquilizador que va unido a lo que hoy se ha convenido en llamar la globalización".
Sapir avanza en su análisis indicando que todo ello configura un proyecto que "reposa sobre el gran mito fundacional de una hipotética constitución económica", concepción "presente en el tratado de Maastricht de 1992 y en el Pacto de Estabilidad de Amsterdam" que articularon las relaciones económicas al interior de la UE. "También se encuentra en la base de los acuerdos de Marrakech" que dieron nacimiento a la OMC.
Tal proyecto apunta a un objetivo "sencillo" y "extremo: desposeer al poder político y, en particular, al poder político democrático, de la soberanía en el campo de la política económica". Pretende internalizar "la naturalización de la economía", sacándola del campo de "un conjunto de relaciones humanas" para restringirla a un conjunto "de leyes inmanentes. De modo que, quienes pretenden dominar esas leyes, pueden también pretender dominar a los hombres". Ese proyecto "falaz" y "peligroso" expresa "la miseria de la política económica actual", denuncia Sapir.
Alerta democrática
El autor fustiga después “el discurso antipolítico” de quienes define como “economistas al uso”, que promueve la “fetichización de las reglas”, tendencia que se afirma mediante “la repetición obsesiva de la noción de 'estado de derecho' en el discurso económico contemporáneo”. De ese modo, “el pensamiento político implícito” de esos economistas “comporta el riesgo de encerrarnos en la alternativa de crear sistemas políticos tiránicos -las dictaduras de la mayoría- o de abandonar la democracia”.
El gobierno de los técnicos, resumido en “la noción de constitución económica”, representa “el arquetipo de las instituciones internacionales de regulación que se intenta construir”. Y si bien “las constituciones no son necesariamente malas por naturaleza” y, “en algunos casos, son del todo necesarias”, el punto crucial es otro: “¿Puede considerarse que algunas medidas relacionadas con la organización de las actividades económicas (desde la moneda hasta la protección de la propiedad privada) están situadas al margen del debate político?”. Las respuestas y nuevas preguntas que se derivan de esa interrogante “remiten a la relación que mantiene el pensamiento económico dominante con la democracia y con las dos nociones íntimamente ligadas a ella, esto es, la legitimidad y la soberanía”. Previsiblemente, “el discurso económico liberal contemporáneo es portador de una visión de la organización política que no se explicita sino en contadas ocasiones”. Apenas un conjunto de premisas sobre la necesidad de reglas “necesarias para que los agentes decidan” en el fragor del mercado, y en torno a “la exterioridad” de esas reglas respecto de su ámbito local de aplicación, sostiene la pretendida autoridad del discurso constitucionalista. “El constitucionalismo económico y, en términos más generales, la iniciativa dirigida a confiar a colegios de expertos las decisiones económicas en detrimento de la representación popular y democrática, tienen su fundamento en cierto número de conjeturas” de matriz legalista y naturaleza meramente formal, advierte Sapir.