El viernes 30 la Agrupación de Guardavidas de Canelones (AGC), afiliada a ADEOM, resolvió en asamblea aceptar lo propuesto por la Comuna Canaria el martes 27. La discusión entre el sindicato y las autoridades había consumido buena parte de diciembre, por cuestiones relativas a la forma de contratación y por la falta de materiales considerados imprescindibles por los trabajadores: torres, cobertura de emergencias móviles, botiquines, vestimenta, protectores solares, hidratación y teléfonos celulares para que haya comunicación entre los responsables de cada torre.
Delegados de la AGC aclararon a la diaria el día previo a esa reunión (ver edición del 27/12/11), que el tema de la contratación estaba en un segundo plano, y que lo central era buscar la forma para evitar que todos los años, cuando arranca la temporada, no estén listas las condiciones para brindar un buen servicio.
Esta vez la negociación tuvo un gran avance respecto a la contratación. Edgardo Camejo, delegado de AGC, dijo a este medio que la intendencia se comprometió a dejar de lado la modalidad del vínculo zafral, que entablaba con cerca de la mitad de los guardavidas. Ahora todos tendrán contratos de función pública por un año, con renovación; esto implica tener la cobertura médica asegurada durante ese período y el entrenamiento físico a partir de los tres meses previos a la temporada, momento en que deben rendir una prueba de suficiencia para poder ocupar el puesto.
Al aire libre
Durante el fin de semana la AGC difundió fotografías en las que podían verse torres que habían quedado en pie desde la temporada pasada, a las que les faltaba -en algunos de los casos- parte del techo, del piso o de las paredes; en otros no existía ni eso, y allí los guardavidas habían improvisado un toldo con tejido sombra para protegerse del sol.
Camejo explicó que las torres son imprescindibles porque son sitios de resguardo de los trabajadores y de los insumos personales y de trabajo; la altura de las garitas proporciona una buena panorámica del área de cobertura, que es también la referencia para los bañistas, porque allí se colocan las banderas (verde, roja o amarilla) que marcan los grados de peligrosidad de las playas.
José Lacreta, guardavidas coordinador de la zona de la Costa de Oro, que va desde el arroyo Solís Chico al Solís Grande donde hay 29 puestos, dijo que ayer se iban a colocar diez torres nuevas, pero que de acuerdo a lo que supieron, esto podría concretarse recién el jueves o viernes. En otros lugares los trabajadores fueron emparchando las ya existentes, mientras que en ese trayecto había cinco puestos sin cobertura: La Tuna, Santa Lucía del Este (en las dos bajadas principales a la playa), Guazuvirá Viejo, y la tercera bajada de San Luis. Lacreta agregó que en esos puntos los guardavidas recorren las playas "anunciando que no hay servicio y denunciando la precariedad en la que hemos bajado, porque es una falta muy repetida de previsión en cuanto a la implementación".
Algo similar ocurría ayer en dos de las bajadas comprendidas entre Lagomar y Solymar, donde los trabajadores no habían ocupado los puestos en las garitas en mal estado y recorrían las playas caminando. Consultado al respecto, Alejandro Pereda, director de Deportes canario, respondió que las dos empresas que fabrican e instalan las casillas habían solicitado, a comienzos de diciembre, el pago adelantado de 50% "para empezar los trabajos, la intendencia no los tenía, y hubo que negociar la forma de pago". El jerarca señaló que ese retraso ocasionó que recién sobre fines de esta semana estén disponibles las nuevas estructuras. De ellas, 25 son de un modelo diferente a las usadas tradicionalmente. Pereda destacó que contemplan demandas de los guardavidas para realizar mejor la función y aparentemente serían más duraderas; el resto se cubrirá reponiendo las casetas del estilo anterior.
Que no se repita
Camejo indicó que están en tratativas para concretar, en febrero, una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con ADEOM y el secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Mencionó que se puede extender a las brigadas de Rocha y Maldonado, que anualmente suelen pasar por las mismas dificultades que ellos, puesto que “las intendencias de Montevideo, Florida y Salto han dado respuesta permanente a su dinámica de guardavidas”. El objetivo es que las autoridades comunales tengan resuelta la totalidad de los recursos materiales para que pueda implementarse el servicio cuando comienza la temporada.
Por ejemplo, los guardavidas de Rocha también bajaron más tarde este año, el 25 de diciembre; lo hicieron luego de aprobar, en asamblea, la última propuesta de las autoridades comunales manifestada ante el MTSS. Para ellos, el punto clave era conseguir el pago por más días de entrenamiento al año; hasta ahora tenían diez, ellos habían planteado que, gradualmente, se fueran incorporando diez por cada año de gestión. Alberto González, delegado de los guardavidas rochenses, dijo días atrás a la diaria que se les otorgó 35% de lo que pedían y que aceptaron para bajar a cubrir cuanto antes el servicio, y que también quedó para próximas negociaciones el punto de la cobertura médica.
Pereda también se mostró expectante respecto a lo que pueda resolverse en el MTSS y agregó que fue la comuna la que mandó el oficio para la reunión, convocando también a organismos del gobierno nacional -entre los que mencionó al Banco de Previsión Social- porque “es una problemática que requiere de una intervencion más global y que otros actores se involucren”. Dijo que el servicio de guardavidas le cuesta a Canelones más de 3.000.000 de dólares por temporada, de los cuales 2.500.000 corresponden a sueldos.
Debido a que ese costo debe ser afrontado por cada intendencia, Pereda indicó que en principio la reunión se planteó sólo para la de Canelones, pero que “sería conveniente” que se involucren todas las que brinden el servicio, ya que “cada departamento tiene una forma de contratación” distinta. Consideró necesario “ir unificando criterios” y legislar.
El jerarca planteó que allí se podría discutir algo que también preocupa a los trabajadores: cuál será su futuro laboral cuando no estén en condiciones físicas de garantizar la cobertura en las playas; en ese sentido, dejó entrever la posibilidad de gestionar una jubilación anticipada, lo que también se discutirá con el gobierno nacional.
