“Por fin los organismos internacionales se acuerdan de los pobres, que son quienes producen los alimentos que después todos consumimos”, comenzó diciendo el senador del MPP y ex ministro de Ganadería Ernesto Agazzi, quien además integra la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la cámara alta. El senador defendió la política que el Frente Amplio (FA) impulsó para la regulación del mercado laboral rural, y dijo que las mejoras que se dieron responden al cambio de signo político en el gobierno a partir de 2005. En esta línea, sostuvo que durante muchos años el agro estuvo “convenientemente desregulado” para favorecer a los empresarios dueños del capital y la mayoría de las tierras.
Bajarlo a tierra
El coordinador de la OIT en Uruguay, Fernando Casanova, mostró las definiciones del organismo en el tema. El diálogo social comprende “todos los tipos de negociación, consulta e intercambio de información entre integrantes del gobierno, empleadores y trabajadores”. Agregó que cuando estos procesos son exitosos, se avanza hacia la estabilidad social y se favorece la gobernanza. Sin embargo, comentó que para que los procesos de diálogo sean exitosos es necesario el respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, la fortaleza e independencia de las organizaciones de trabajadores y de empresarios, la voluntad política y compromiso de los actores, y un respaldo institucional adecuado.
Agazzi remarcó que las medidas más importantes que tomaron los dos gobiernos de izquierda son la reinstauración de los consejos de salarios y el rol protagónico que el Estado asumió en ellos, y la aprobación de la ley que estableció la jornada laboral de ocho horas para los peones rurales. Además, sostuvo que el índice de Gini en nuestro país es más alto cuando se trata de tierras que cuando se mide la acumulación de capital, lo que deja en evidencia que muy pocas manos son las propietarias de la mayoría de las superficies, y marcó que uno de los problemas más importantes del Uruguay es el acceso a la tierra. Acerca del mercado laboral agrícola, Agazzi señaló que su mayor dificultad es el alto nivel de informalidad, si bien destacó que en los últimos años se redujo 23%, ubicándose en el actual 31%. Sin embargo, consideró que muchos de los empleos “no son de calidad”, y que la pobreza sigue existiendo.
Algunas salidas
Agazzi recordó que desde 1986 los jardineros estaban incluidos entre los trabajadores rurales y que el gobierno tuvo que aprobar una ley hace unos años para excluirlos, y vinculó esto a los problemas regulatorios que el sector enfrentó durante años. El ex minisitro afirmó que deben promoverse políticas diferenciadas debido a que un empresario y una familia de productores “no actúan de la misma manera”, y habló de políticas que buscaron el impulso de pequeños emprendimientos mediante financiamientos. En este sentido, llamó a promover redes sociales de inclusión, herramientas que fomenten el asociativismo -como fortalecer los sindicatos-, aunque estimó que la “cultura de individualismo” que predomina en el campo “complica la lucha”.
El director nacional de Empleo, Eduardo Pereyra, habló de la importancia de la existencia del “diálogo social” y señaló que, de acuerdo a las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca de ese concepto (ver recuadro), actualmente Uruguay se encuentra “en un momento de plenitud”. En este sentido, recordó que cuando hubo ausencia de negociación colectiva en el país, ello generó una incidencia directa en la rebaja de salarios y precarización de las condiciones de trabajo en general. Pereyra ilustró que el momento más fuerte de precarización y persecución sindical fue la dictadura, y que pese a que se registró una mejora con la salida democrática, la situación volvió a empeorar en 1992 con la supresión de los consejos de salarios. Según comentó, desde ese año y hasta el primer gobierno del FA, se volvió a la situación de precariedad y persecución, excepto por algunas instancias puntuales de negociación.
El informe de la FAO señala para el caso uruguayo que si bien se registraron avances desde la salida de la crisis de 2002, quedan algunas “materias pendientes”, como la existencia de dificultades para la sindicalización de trabajadores rurales asalariados, que acompañado de un debilitamiento de los sindicatos -sobre todo en ramas como el tambo, la ganadería y la agricultura de secano- constituyen “una limitación persistente a la modernización de las relaciones laborales”. Además, el informe -que estuvo a cargo de Martín Buxedas, Marcelo Perera y Marcela Barrios- sostiene que el cumplimiento de las normativas ya vigentes y la realización de distintos controles se dan de manera “despareja”.
Toda la chacra
El informe para toda América Latina y el Caribe establece que “las características del mercado de trabajo en las áreas rurales explican en parte las condiciones de pobreza de la población que vive y se emplea allí. Dichas características se relacionan, por una parte, con debilidades en el diseño y el funcionamiento de las instituciones del mercado de trabajo, como el salario mínimo, la protección social, la sindicalización y las formas de contratación de la mano de obra, entre otras”. Además destaca una serie de problemas que “contribuyen a reproducir la pobreza de los trabajadores rurales, entre los que se cuentan el trabajo infantil y la discriminación hacia las mujeres”, además de “procesos tales como las migraciones internas e internacionales y los mecanismos de certificación laboral de productos”.
En el seminario también se comentó la experiencia argentina; Guillermo Neima, quien realizó el estudio del caso para la FAO, señaló que la indigencia en las familias del agro en ese país oscilan entre 40% en algunas provincias como Misiones, y 10%. En el caso de la pobreza, varía desde 60% -también para el caso de Misiones- hasta 17%, y el investigador explicó que “los indigentes que pasan a la pobreza son más que los pobres que salen de la pobreza”.
Una diferencia importante se da entre los trabajadores asalariados y los temporales debido a que los hogares de estos últimos dependen en mayor medida de otros ingresos laborales o extralaborales, como ayudas de programas estatales.
Contrario al caso uruguayo, en Argentina la mitad de los trabajadores rurales gana por debajo del monto del salario mínimo nacional, porcentaje que asciende a 90% en la provincia de Misiones. El investigador marcó la necesidad de fortalecer los ámbitos de negociación y comentó que actualmente en ellos se discuten únicamente aspectos salariales.
Por su parte, un representante de los trabajadores rurales de ese país dijo que en Argentina desde hace décadas funcionan mecanismos de discusión tripartitos y eso “no ha solucionado nada”. El trabajador estimó que hay un cierto grado de resignación de que la situación en el agro no se puede cambiar y destacó que las políticas impulsadas por el gobierno de Cristina Fernández van a comenzar a cambiar el sistema después de muchos años.