Un relator de Naciones Unidas presentó, en abril de 1984, un informe sobre tendencias delectivas, funcionamiento de los sistemas judiciales y estrategias de prevención del delito. Allí se afirma que en 1975 se registraron en nuestro país 5.737 delitos y que esa cifra trepó a 12.736 en 1980. En el caso de Montevideo cuando se comparan esos años los delitos se multiplicaron por siete.

Luego se indica que los procesamientos por narcotráfico pasaron de ser inexistentes en 1970 a contabilizar 16 casos a comienzos de la década del 80, y las agresiones físicas aumentaron de 307 en 1975 a 1.469 cinco años más tarde. Otro dato es que el número de efectivos policiales también creció, a la par que los delitos: en estos años Uruguay pasó de tener 3.672 a 4.507 funcionarios del Ministerio del Interior.

Dos para Duffau

-Los datos muestran que el delito aumentó durante la dictadura. ¿Por qué estaba instalada la idea contraria? -Asociar a la dictadura con el período de mayor seguridad termina siendo cortoplacista. Quizá la idea está vinculada al contexto actual de inseguridad, a un intento por reflejar que en ese momento se vivía mejor y que en definitiva la mano dura es el mejor camino. La Policía en esos años era como la cenicienta, porque si bien a partir de 1972 está militarizada, no estaba preparada desde el punto de vista técnico para encarar un combate eficaz a nuevas tipificaciones delictivas, como la minoridad, el tráfico de drogas y los delitos contra el patrimonio. Entonces hay que desmitificar esa idea de que el régimen aportó “tranquilidad”, porque en realidad aumentaron los delitos. -O sea que no se vivía mejor en ningún sentido... -En nada, claramente. Manejando un concepto amplio de inseguridad, no sólo aumentaron los delitos contra la propiedad, también estaba la violación permanente de las libertades individuales que ya conocemos. Por otra parte, hay una institucionalidad en conflicto ya antes de la dictadura, entre el Poder Ejecutivo y la Justicia, por las medidas prontas de seguridad y la aplicación del Estado de Guerra. En este contexto, el combate a la inseguridad en una primera etapa se presenta como la lucha contra la subversión, con las medidas de excepción, pero después continúa para combatir la delincuencia común. Es importante empezar a ver la dictadura como un período que intentó construir consensos más amplios, y no sólo para enfrentar una determinada situación política.

Los datos están citados en un artículo del historiador Nicolás Duffau incluido en la publicación El Poder Judicial bajo la dictadura, compilado por el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico. El trabajo se presenta hoy a las 19.00 en la sede de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) y se llevó a cabo a instancias del Centro de Investigación y Estudios Judiciales (CIEJ) de ese sindicato.

Los autores atribuyen ese aumento de los delitos y de la conflictividad social a la agudización de la crisis económica, el desplazamiento de la población hacia zonas periféricas (sobre todo de Montevideo) y el desborde de la capacidad operativa del Estado, entre otras cosas.

En definitiva, siguiendo a Rico, el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 significó un quiebre y al mismo tiempo la continuidad de un proceso que había comenzado con las medidas prontas de seguridad que se venían aplicando desde 1968. “Estos cambios comenzaron a cuestionar las representaciones sociales del Uruguay del pasado, como un país inclusivo, tolerante e integrado”, afirman los autores.

La investigación de Duffau genera insumos para otros debates actuales, por ejemplo, cuando aborda las discusiones sobre minoridad infractora, un tema que ya estaba instalado en la agenda en aquellos años.

El artículo cita una declaración del juez letrado de Menores, Roberto Parga Lista, efectuada en 1983 en la revista especializada Jurisprudencia y doctrina. El magistrado sugería que la Policía debía “infiltrarse en el medio subcultural de la gente joven, de las barriadas, villas, cantegriles, para inducir a los extraviados que se encuentran en situación de peligro, a que aprovechen las ventajas que les ofrece la comunidad”. Eso podía plasmarse, según Parga Lista, por medio de centros recreativos “controlados muy disimuladamente por personal de educación vigilada o de policía tutelar de menores”.

Otro tema medular en la investigación es la tensión que existía entre las autoridades del régimen dictatorial y el Poder Judicial, una animosidad que ya venía de antes. Se recuerda, por ejemplo, que en 1971 la Suprema Corte de Justicia promueve un juicio político contra Pacheco Areco por desconocer disposiciones relacionadas a las medidas prontas de seguridad, que no prosperó por falta de apoyo en el Senado. El discurso “oficial” de los militares para atacar al Poder Judicial -que se había originado en sectores del gobernante Partido Colorado ya a fines de los años 60- apuntaba a la lentitud y la debilidad institucional, sobre todo para enfrentar las nuevas tipificaciones delictivas, en “clara referencia a los delitos políticos”, afirman.

Entrevistado por la diaria, Duffau concluye que analizar esa relación entre los sectores más conservadores y la Justicia también permite establecer otras continuidades con nuestros días: “Por un lado, se reclama justicia, pero al mismo tiempo se descree de la Justicia como institución, como les pasó a los militares, favoreciendo esa idea de que los delincuentes entran por un lado y salen por el otro”.