Lourdes Leivas y Juan Murchio conforman una de esas parejas que no se cansan, que se caen y vuelven a levantarse manteniendo intacto el sueño de tener un hijo. Hace cinco años que son pareja y saben que sólo pueden concebir mediante un tratamiento de fertilización in vitro (FIV), que es la técnica de más alta complejidad para resolver casos de infertilidad. Quienes llegan a esa etapa ya pasaron, sin éxito, por las técnicas de baja y mediana complejidad, que comprenden la estimulación con hormonas y la inseminación artificial (que es cuando se inyectan los espermatozoides en la cavidad del útero). En la FIV se le practica a la mujer una hiperestimulación ovárica con hormonas, se aspiran los folículos y se ponen en contacto con espermatozoides para formar los embriones. Generalmente, dos de éstos se implantan en el útero y el resto (debido a la hiperestimulación suelen obtenerse varios gametos) puede ser conservado a 196 grados bajo cero, lo que se denomina criopreservación. En caso de no concebir o de querer tener otro hijo, la pareja puede recurrir a esos embriones para evitar pasar por otra hiperestimulación ovárica. El problema es que estos procedimientos son muy costosos.
Se estima que cerca de 15% de la población nacional padece problemas para concebir. Procrea es una asociación civil creada en 2010 por parejas que tienen algún tipo de infertilidad y pelean en varios frentes. Piden que la esterilidad y la infertilidad sean consideradas una enfermedad, como lo entiende la Organización Mundial de la Salud; el reconocimiento habilitaría a considerar los tratamientos de reproducción asistida una prestación obligatoria. Ese argumento fue recogido por el diputado nacionalista Luis Lacalle Pou, que presentó un proyecto de ley a fines de 2010. Procrea también reclama que el Parlamento otorgue un marco legal a la reproducción asistida y que la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) culmine los tratamientos autorizados en 2009.
ASSE y deshace
A mediados de 2009 el organismo resolvió que usuarias del hospital de Las Piedras y de la Unidad de Reproducción Asistida del Pereira Rossell (que realiza desde hace 20 años procedimientos de baja y mediana complejidad) pudieran acceder a la FIV. Para ello, firmaron un convenio con los doctores Roberto Suárez y Carlos Duarte, integrantes del Centro Iberamericano de Reproducción Asistida (CIRA), una de las cuatro clínicas que hacen estos tratamientos en nuestro país. La iniciativa fue anunciada de manera rimbombante, puesto que marcaba un cambio histórico al permitir que las parejas de bajos recursos accedieran gratuitamente a los tratamientos. Sin embargo, en agosto de 2010 ASSE suspendió la incorporación de nuevos pacientes y se comprometió a culminar con los inscriptos. Pero eso no ha ocurrido hasta ahora y las parejas involucradas no han dejado de movilizarse, entre ellos Lourdes y Juan.
“El reloj biológico no espera”, explica Lourdes, de 37 años. En enero los médicos de la Unidad de Reproducción Asistida les dijeron a las parejas que tenían que actualizar los estudios y la toma de anticonceptivos (para conocer el período de ovulación) y el ácido fólico, porque pronto retomarían los tratamientos. “El Pereira ya controló a casi todas las parejas, pero falta firmar el convenio que está trancado en ASSE”, aseguró el miércoles la pareja.
Pero aparentemente hay buenas noticias: Alicia Ferreira, gerenta general de ASSE, anunció ayer a la diaria que el organismo hizo un llamado abierto al que se presentaron tres clínicas y que ahora los beneficiaros podrán elegir en cuál atenderse. El directorio autorizó financiar hasta dos intentos de implantaciones. Son más de 100 las parejas en lista de espera y el plan es atender a diez por semana. La jerarca dijo que tenía entendido que las parejas habían sido notificadas, aunque a Lourdes y Juan todavía no les había llegado la información.
Ferreira alegó que el convenio con CIRA había sido una experiencia piloto de un año y que se suspendió por dos motivos. Uno es la falta de regulación sobre la FIV, “la demanda de tratamiento mostró que la legislación es necesaria para afinar prácticas de este tipo, sobre todo en el sector público”, dijo. El segundo motivo es de prioridad presupuestal: cada tratamiento cuesta cerca de 5.000 dólares y ASSE está enfocada en fortalecer el primer nivel de atención, explicó.
Vacío legal
En 1996 el senador Alberto Cid presentó un proyecto de ley para regular las técnicas de reproducción humana asistida, que fue tratado a lo largo de los años, pero nunca llegó a buen puerto. En junio de 2011 el diputado Álvaro Vega reformuló la propuesta de Cid, que es estudiada desde entonces en la comisión de Salud Pública de Diputados.
El miércoles los legisladores volvieron a tratar el proyecto y resolvieron discutir artículo por artículo a partir del martes 15, con miras a aprobarlo en junio, sostuvo Vega. Tanto él como la diputada Bertha Sanseverino reconocieron el vacío legal. “Es una ley que viene mucho más atrás de los acontecimientos científicos que vive el país. Hace 20 años que las personas que tienen una buena situación económica pueden hacerse estos tratamientos. Aspiramos a una ley que regule todo el sistema y que también involucre a la sociedad. El argumento más fuerte es cómo legalizás una práctica que se hace, que no está prohibida y que queda en manos de la responsabilidad de las clínicas”.
El texto legislaría de manera general, porque las técnicas son cambiantes y si se va demasiado al detalle se corre el riesgo de que no se apruebe. En él se considera a la esterilidad una enfermedad crónica, pero, a diferencia del proyecto de Lacalle Pou, no pretende que las técnicas sean prestaciones obligatorias para las instituciones de salud.
Lourdes y Juan dijeron que la intención de Procrea no es que las instituciones financien por completo los tratamientos, sino buscar la manera de costear gastos entre ellas, el Estado y las parejas; entre otras iniciativas, sugirieron poder contar con líneas de crédito accesibles, dado que muchas parejas terminan hipotecando sus casas.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) también discute la posibilidad de que estas técnicas sean consideradas una prestación más. El subsecretario del MSP, Leonel Briozzo, dijo a la diaria que en 2011 se pidió una consultoría que “está pronta y va a darnos luz para tener una opinión formada que todavía no se ha conseguido”.