La medida fue presentada ayer en la Torre Ejecutiva por Gaia, una organización liderada por abogados que trabaja por el derecho ambiental, y el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), con el respaldo de un grupo de vecinos de la zona de La Pedrera, Rocha.

El 14 de junio el Poder Ejecutivo firmó un decreto y dos resoluciones en las que aprobó “el Puerto de Aguas Profundas a instalarse en las costas del Océano Atlán
tico, Departamento de Rocha, entre las progresivas km 236,500 y km 242,000 de la Ruta Nacional Nº 10”, tal como lo dispuso la resolución TO/382. Para ello definió (mediante la resolución TO/383) la expropiación de 458 terrenos en esa zona. El Ejecutivo tomó las resoluciones basado en el decreto 259/12, en el que validó el informe final de la comisión interministerial para analizar la viabilidad de un puerto de aguas profundas (creada en noviembre de 2011) y encomendó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a dictar los actos administrativos necesarios para desarrollarlo mediante un contrato de participación público-privada. El 3 de julio se supo, luego de una reunión entre José Mujica y directivos de Zamin Ferrous (Aratirí), que sería esta empresa la que desarrollaría junto con el Estado el primer puerto de aguas profundas (ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/7/como-por-un-tubo/ ).

Presidencia de la República denomina esa zona El Palenque. Guillermo Palfy, habitante de La Pedrera, discrepó con el nombre manejado públicamente. Señaló que así le llamaban antiguamente los pescadores y que en realidad el sitio queda entre La Pedrera (a ocho kilómetros) y Cabo Polonio (a 30 kilómetros), y que no se difunde su ubicación con los nombres reales para evitar la asociación con dos de los principales balnearios rochenses. Palfy contó que cerca de 70 vecinos de la zona de La Pedrera se reunieron el sábado y recibieron a integrantes de Movus; opinó que el proyecto no parte de un estudio de impacto ambiental sobre los dos balnearios y cuestionó: “¿Qué va a pasar con la zona cuando el hierro se termine y quede este puerto que no necesitamos?”.

Víctor Baccheta, de Movus, y Alberto Gómez, de Gaia, fueron los dos voceros de la conferencia de prensa realizada ayer en la sede de Redes Amigos de la Tierra. Según el Ejecutivo, el informe final de la comisión interministerial “integra los estudios realizados de acuerdo a los cometidos asignados, incluyendo aspectos técnicos, económicos, ambientales y legales, entre otros, para determinar la viabilidad de instalar un puerto de aguas profundas en la costa este de nuestro país”. Los voceros cuestionaron ayer ese informe, dijeron que lo que se ha difundido públicamente es un resumen de las conclusiones de dicho documento y reclaman conocerlo. “A nosotros nos consta que no existen los estudios suficientes, no hay estudios científicos, físicos, de lo que significaría una obra de esta envergadura”, dijo Baccheta.

Gómez alegó que la Ley de Impacto Ambiental establece que las obras que se proyecten en la faja de defensa costera deben tener la autorización ambiental previa de la Dirección Nacional de Medio Ambiente: “La ley dispone quién es la autoridad competente para evaluar las potenciales afectaciones ambientales de un proyecto, ésta es una comisión constituida ad hoc [...] No consideramos que ése sea el ámbito donde tiene que resolverse esa cuestión”. El abogado señaló que el Ejecutivo tiene ahora 180 días para responder al recurso de anulación que presentarion y que si no lo hace, pueden recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Paralelamente la decisión del Ejecutivo motivó una acción de inconstitucionalidad presentada la semana pasada por diputados nacionalistas contra el artículo 473 de la Ley de Presupuesto. Éste estableció que si la Asamblea General no se expide durante los 30 días siguientes a la aprobación del MTOP de puertos ubicados en Rocha (entre Santa María y el arroyo Chuy), “se tendrá por concedida la habilitación”. Ese plazo ya pasó, pero los nacionalistas apelan a la Constitución de la República, que pauta que los puertos deben ser aprobados por dos tercios de la Asamblea General. De ahí la contradicción de lo que marca la Ley de Presupuesto.