Había muchas extranjeras, la mayoría procedían de Perú pero había también de Bolivia, Colombia, México y Cuba. Entre las uruguayas había tres referentes del sector, Nora Pacheco, Matilde Castillo y Liliana Serrat, que fueron fundadoras del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD), afiliado al PIT-CNT. Por diferencias internas, las tres mujeres -que compartían la experiencia del Sindicato de la Aguja- junto con otras seis compañeras se escindieron del SUTD en octubre de 2011 y formaron la Agrupación María Godetti, que también tiene el objetivo de difundir y defender los derechos de las trabajadoras domésticas. Aclararon que en un país que cuenta con 120.000 domésticas hay lugar para más de una organización; por otra parte, comentaron que si bien se abrieron del sindicato, derivan allí a aquellas trabajadoras que necesitan asesoramiento legal.
Las tres destacaron los avances del sector: en 2006 se votó la ley 18.065 que reconoce y regula el trabajo, en 2008 comenzaron a participar en los Consejos de Salarios y en 2010 tuvieron un importante incremento salarial (por 44 horas semanales cobran 8.534 pesos), puesto que hasta el momento cobraban por debajo del salario mínimo nacional y de la línea de pobreza. Pero nada fue gratis; Matilde Castillo comentó: “En 2010 tuvimos más de 300 trabajadoras despedidas porque las patronales decían que no les podían pagar el salario”. Asimismo, denunció incumplimientos: “Hay trabajadoras domésticas con cama que duermen en los sótanos, que no tienen agua caliente para bañarse, que no tienen sus comidas diarias”.
Al menos irregulares
Hace un año, Cotidiano Mujer comenzó a organizar talleres con trabajadoras migrantes para que conozcan sus derechos. A comienzos de julio la ONG denunció ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a Javier Fernández y Nathalie Manhard, del barrio Carrasco, a partir de testimonios de varias trabajadoras bolivianas que delataban “extensas jornadas laborales, falta de horas de descanso, incumplimientos de la legislación vigente y no tener días libres”, explicó Lilián Celiberti, integrante de la organización.
Ante la negativa de la familia a permitir el ingreso de inspectores del MTSS, el organismo ingresó con orden judicial el 2 de agosto, donde encontraron a dos trabajadoras que estaban en negro. “Pero en el interín pasa otra situación”, agrega Celiberti, que también involucra al matrimonio Fernández-Manhard: “Dos trabajadoras [bolivianas] fueron llevadas compulsivamente a Migraciones para hacer su tarjeta de salida y fueron conducidas a la terminal de ómnibus para sacar un boleto a Buenos Aires, deduciéndoseles de su paga la multa de Migraciones más el pasaje a Buenos Aires”. Como no tenían dinero casi, las mujeres resolvieron no viajar y brindaron su testimonio a Cotidiano Mujer, que presentó la denuncia ante el Juzgado del Crimen Organizado. “Esta situación configura una apropiación de las personas: las traigo y después las echo del país. Configura un patrón por lo menos a investigar, si no se está ante un tema de trata con fines de explotación laboral”, sentenció. En su edición del viernes 10 de agosto, el semanario Brecha recogió el testimonio de trabajadoras domésticas que habían sido contactadas por una agencia ilegal de Bolivia para ser empleadas por Nathalie Manhard como personal doméstico en su casa, en la de sus padres y en la de amigos.
Diversas experiencias
No todas las trabajadoras consultadas quisieron hacer declaraciones ante la grabadora encendida, y muchas prefirieron que no fuera publicado su nombre; el miedo está latente.
Una mujer de una provincia de Perú, de 33 años, hace tres que está en Uruguay; contó que su primer empleo aquí fue en Carrasco, donde estuvo más de un año en negro y sin que se le permitiera sacar la cédula; se armó de coraje, renunció y dio con una familia en Pocitos con la que se siente a gusto, tiene cédula y está en caja, aunque reconoce que reclamar por los derechos nunca es sencillo.
Una señora peruana de 53 años hace 12 que está en Uruguay con una misma empleadora, también de Carrasco, con la que el vínculo laboral siempre ha sido legal. “La señora es bien conmigo”, comentó, pero agregó que en estas semanas “tuvimos un altercado, no me quiso subir el sueldo”. Le preguntó dónde se había enterado del aumento salarial, a lo que la trabajadora respondió: “Voy a reuniones de Cotidiano”. En seguida exclamó: “¿Cómo vas a ir? Ellos te lavan el cerebro; a mí no me gusta que te juntes con esas personas”. “Le dije: ‘Señora, usted me trata bien, no tiene por qué preocuparse, me tiene en caja, eso es para las personas que de verdad están pasando mal”, detalló la trabajadora. Finalmente, no le subió el sueldo, pero como está por encima del mínimo, la trata bien y “el trabajo no es mucho”, resolvió quedarse.
Gladis, peruana de 43 años, hace tres meses que está en Uruguay y se siente muy bien tratada por la familia empleadora. Opinó que en nuestro país el trabajo de las empleadas domésticas “tiene más valor, acá hay más beneficios, hay una ley”.