La película de los realizadores británicos Toni Harman y Alex Wakeford relata la historia de una partera húngara, Agnes Gereb, que apoya a mujeres que dan a luz en sus domicilios y que fue encarcelada luego de que un bebé muriera por complicaciones en el parto. Anna Ternovsky, una de las madres que parió con la asistencia de Gereb, acudió a la Corte Europea de Derechos Humanos mientras cursaba su segundo embarazo y ganó un caso histórico que reconoció a las mujeres el derecho legal de decidir dónde y cómo dar a luz.

Una veintena de organizaciones uruguayas adhieren a la convocatoria de Naciendo Padres, Nacer Mejor y Movimiento de mujeres, hombres y familias organizadas a debatir y a presenciar el estreno de Libertad para nacer que tendrá lugar hoy a las 19.30 en el Museo Nacional de Artes Visuales. Estas organizaciones entienden que impedir la asistencia domiciliaria significa restringir el libre ejercicio de la profesión. Esta posibilidad fue admitida por Briozzo el 11 de agosto a El Observador.

En tratamiento

El tema no se ha tratado en ningún ámbito formal del Parlamento ni del Frente Amplio (FA) pero está en la agenda en la Unidad Temática de las Ciudadanas, que reúne a las mujeres de ese partido, informó en diálogo con la diaria su coordinadora, Leonor Soria. Las legisladoras oficialistas tienen matices y diferencias de enfoque pero todas las que opinaron están de acuerdo en que prohibir el parto fuera de las instituciones de salud no es un buen camino. Las senadoras Lucía Topolansky y Constanza Moreira, ambas del Espacio 609, se excusaron de hacer declaraciones por no haber estudiado el tema.

Las condiciones sanitarias son un punto que aparece con mucho énfasis. Las diputadas Daniela Payssé (Asamblea Uruguay, AU) y Susana Pereyra (Espacio 609) entienden que en la actualidad las mayores garantías en ese sentido están dadas en las instituciones formales de salud. “Acepto todas las libertades siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida del bebé y la supervisión de profesionales garantice todo lo necesario”, resumió Pereyra.

Su colega Bertha Sanseverino (AU) dijo desconocer los fundamentos de quienes están en contra de la medida al tiempo que planteó dudas acerca de casos que se den en zonas alejadas y con difícil acceso a centros de salud por cualquier complicación que pudiera surgir. Para la socialista María Elena Laurnaga tendría que permitirse, pero bajo la responsabilidad de las mujeres, y si existe una supervisión solvente frente a complicaciones.

“Estamos viviendo una época de derechos pero no podemos entreverar. El derecho a elegir dónde parir hay que respetarlo, pero también tengo que velar por la salud del niño o niña a nacer”, graficó Payssé, quien defendió, como otras de las consultadas, el trabajo legislativo en torno a la humanización del parto con la aprobación de la ley de acompañamiento.

En ese sentido, la senadora por el Partido Socialista (PS) y presidenta del FA, Mónica Xavier, señaló que hay que tener presente que la mejora en las condiciones del parto y de los indicadores vinculados -como mortalidad infantil o detección de enfermedades- se produjeron en el marco de nacimientos institucionalizados. Estos registros y el control de los embarazos, sostuvo, deben mantenerse sin importar el lugar donde se dé a luz. Mientras tanto, la senadora Susana Dalmás (AU) consideró que actualmente es una opción válida y bien implementada, en cuanto a que se toman ciertas precauciones cuando una madre pide tener a su hijo en el domicilio, y dijo no entender por qué motivo debería ser prohibido.

Médicos e instituciones

La diputada Daisy Tourné (PS) consideró que muchas veces en los temas vinculados al parto siempre termina prevaleciendo únicamente la visión de los médicos y que las parteras siempre se han visto desplazadas por éstos. Previo a la aprobación de la ley de parto humanizado, señaló, el tema estaba “muy medicalizado”, lo que se reflejaba en una elevada e “innecesaria” cantidad de cesáreas, aunque Payssé admite que esta situación continúa existiendo. “Acá también hay intereses”, apuntó en alusión al poder médico.

Las legisladoras reconocen la existencia de violencia de género durante el parto y también en otras áreas de atención en las instituciones de salud, y coinciden en que hay que seguir trabajando para revertirlo. Sanseverino se mostró optimista acerca de un cambio en la relación “patriarcal” que se produce en el sistema de salud, principalmente porque el tema se incorporó a instancias de capacitación.

En 1979, la diputada Graciela Cáceres (Espacio 609) eligió dar a luz a su segundo hijo en la casa de la partera que le supervisó el embarazo porque “el frío de la sala de partos” le generaba “rechazo”. “Vivíamos en el campo, había una gran tormenta y no había teléfonos. Llegamos [a Fray Bentos] y fue fabuloso, la cama impoluta y a las dos horas [de parir] me trajeron un pastel de arvejas. Te da otra libertad. Si querés gritar o no. Nadie puede decidir en momentos sublimes que una atesora para siempre. Como acto médico no puedo opinar; como acto de amor al niño considero que [el parto] debe ser en el lugar más amigable y en el que se sienta más cómoda [la mujer]”, señaló.

Con relación a la propuesta de Briozzo, Cáceres apuntó que “antes de legislar hay que conversar con las personas involucradas”. “Hay que dejar participar y decidir. Es un tema de democracia de nuestro cuerpo. Los académicos muchas veces definen las cosas con sus criterios o con parámetros muy médicos pero también hay otras cosas”, añadió.