En la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) se firmó ayer un convenio que contribuirá a la formación de personal del Ministerio del Interior (MI). Ambas partes firmaron el acuerdo que posibilita la realización de un diploma de posgrado en Género y políticas públicas con énfasis en seguridad pública. El cupo es reducido, sólo 30 funcionarios del MI podrán inscribirse; 60% de los lugares está reservado para oficiales policiales, mientras que el 40% restante estará habilitado para trabajadores de otros escalafones, de cargos administrativos o técnicos.
Marisa Lindner, directora nacional de la División de Políticas de Género del MI, explicó que se les dio prioridad a los funcionarios policiales porque “son los que van a efectuar las políticas de seguridad de forma directa”.
El diploma consta de 250 horas presenciales y está pensado sobre la base del posgrado que actualmente se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, denominado Género y políticas públicas.
Lindner definió la iniciativa como “una primera experiencia que permitirá darle mayor profundidad a la mirada de los temas de seguridad”, en un contexto en el que “hay poca generación de masa crítica en los temas de seguridad y género”; y no descartó que a futuro el curso sea abierto a universitarios en general.
A cambio
Durante la presentación, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi; el rector de la Udelar, Rodrigo Arocena; y la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Susana Mallo, celebraron la firma de un acuerdo que involucra a actores de distintas áreas para buscar soluciones a un problema que es “multicausal”. “Este convenio es la prolongación de diversos elementos en los que estamos trabajando y continuaremos en este camino en busca de una sociedad más madura, más culta, más educada y, sobre todo, no violenta”, resumió Mallo.
Por su parte, Arocena destacó que el acuerdo representa una oportunidad para la Udelar de cumplir “con lo que debe hacer”, es decir, “atender los diversos problemas de la sociedad”. Puntualizó que, a diferencia de otras universidades, la pública tiene un “mandato inusual”, por ley y por tradición: “Contribuir a la solución de los problemas de interés general, a la defensa de los derechos humanos y a la defensa del régimen democrático republicano”.
El ministro del Interior reiteró que la problemática de la violencia doméstica y la violencia en general se tiene que abordar desde la educación y la cultura, porque no se soluciona solamente con más policía ni con más tecnología. Al respecto se refirió a las tobilleras electrónicas popularmente denominadas pulseras; dijo que la salida no es la tecnología, sin embargo, el ministerio “hará todo lo que esté a su alcance” para evitar hechos de violencia doméstica. Cabe señalar que el organismo prevé implementar un plan piloto de 100 tobilleras antes de fin de año, y ahora está atravesando diversos procesos administrativos: adjudicación de los dispositivos electrónicos; la conformación de un equipo de aproximadamente 18 funcionarios que van a trabajar en el centro de monitoreo que hará el seguimiento de las personas que porten la pulsera; intercambio con representantes de la Suprema Corte de Justicia, desde donde se determinará quién portará este mecanismo; y la elaboración de un protocolo operativo de intervención para cuando se dispare una situación de riesgo.