El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó datos sobre la situación socioeconómica de la población rural, que superaron ampliamente las expectativas de los jerarcas. En palabras del subsecretario Enzo Benech, los resultados son producto de varios años de gestión orientados a una mejor redistribución de la riqueza, acompañados de una coyuntura internacional favorable. De todos modos, se encargó de dejar en claro que la mejora de los indicadores socioeconómicos de la población que vive en el medio rural no corresponde únicamente a la gestión de su cartera sino a la de todo el gobierno.

Calidad y cantidad

Acerca de la precaria situación laboral de los trabajadores rurales, Benech dijo que el gobierno reconoce la situación y agregó que está comprometido a seguir articulando esfuerzos para cambiarla. Señaló que debe tenerse en cuenta factores políticos y empresariales, y valoró que haya cada vez más puestos de trabajo en el agro.

El director de la Oficina de Planificación y Política Agropecuaria (OPYPA), Carlos Paolino, explicó que los datos fueron recabados por el Instituto Nacional de Estadística y que luego fueron “ordenados” por la oficina. Tanto para el cálculo de la pobreza como para el de la indigencia tuvieron en cuenta el ingreso por núcleo familiar en relación con el precio de los alimentos. En el caso de la pobreza, la línea que situó los hogares dentro o fuera de esa situación también tuvo en cuenta un plus destinado a otros gastos además de los alimenticios.

Para Paolino, los resultados de la sistematización de datos son “impactantes”. En 2006, 25,7% de la población nacional estaba bajo la línea de la pobreza, porcentaje que llegaba a 26% en Montevideo, 35,3% en las localidades del interior con más de 5.000 habitantes y alcanzaba el 17,9% de la población rural dispersa. En 2011 esta situación cambió y el porcentaje de pobres a nivel nacional se ubicó en 9,5%: 11,6% en la capital, 12% en las localidades del interior y 4,6% en los pobladores rurales dispersos. Según el director de la OPYPA, el porcentaje siguió bajando en 2012.

En el caso de la indigencia, durante igual lapso, a nivel nacional se redujo de 1,5% a 0,3%, de 1,3% a 0,3% en Montevideo, mientras que en el interior la disminución fue de 2,3% a 0,2% en las localidades con menos de 5.000 habitantes y de 2% a 0,3% en el caso de la población rural dispersa. Otro de los datos brindados por el MGAP fue el referente a la redistribución de la riqueza, a partir del Índice de Gini, cuyo valor oscila entre 0 y 1, y habla de una mejor distribución cuanto menor sea el número.

Paolino explicó que dicho indicador en Uruguay llegó a 0,401 en 2011, lo que ubica al país en la mejor posición en América Latina respecto de la redistribución del ingreso. Como valor de referencia, habló de que el Índice de Gini promedio de los países de América Latina y del Caribe en 2011 fue 0,51. En el caso de los espacios rurales ampliados, el índice es aún menor que en el resto del país; se ubicó en 0,317 en las localidades con menos de 5.000 habitantes y en 0,37 en la población rural dispersa.

El porqué oficial

Paolino sostuvo que las políticas públicas impulsadas desde los distintos organismos del Estado fueron claves para la mejora en los indicadores. Según explicó, las políticas de transferencias de ingresos impactaron 20% en los ingresos de las familias pobres, mientras que las políticas de empleo impactaron 60%. Por su parte, Jacqueline Gómez, de la Dirección General de Desarrollo Rural, habló de la importancia de la creación de esa dependencia, en 2005, en conjunto con la Unidad de Descentralización del MGAP, a partir de la que se realizaron varias mesas de desarrollo rural en territorio.

Según explicó, los actores sociales también generan riqueza, y sería imposible haber concretado mejoras en su calidad de vida sin su participación en la elaboración y aplicación de políticas. Gómez también se refirió a la importancia de la articulación con otras instituciones públicas, como el Movimiento por la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, el Instituto de Colonización y el Banco de Previsión Social. Respecto de las políticas de este último, ilustró que cerca de 10.000 productores rurales familiares se vieron beneficiados por distintas políticas ejecutadas por dicho organismo.