Integrantes del Movimiento por un Uruguay Sustentable, de la Asamblea Por el Agua y el Colectivo Espika quedaron a la espera de la resolución que tomara la Junta Departamental de Canelones luego de que el lunes 18 de noviembre se reunieran con el colectivo para tratar el asunto de la posible venta de 700 hectáreas de monte nativo que pretendía llevar a cabo la Intendencia de Canelones.
Florencia Fernández, que integró la comitiva, comentó a la diaria que expusieron su preocupación y aludieron a aspectos técnicos y jurídicos sobre el asunto al tiempo que realizaron consultas a los ediles sobre el futuro de esos terrenos. Todo comenzó hace casi un mes, cuando integrantes de las organizaciones se enteraron de que la comuna saldaría una deuda que mantiene con ANCAP con la desafectación del uso público de los padrones 2.366 de Santa Lucía y 3.232 de Ciudad de la Costa. La comuna solicitó a la Junta Departamental -mediante sendos expedientes generados el 11 y el 18 octubre, respectivamente- enajenar los padrones mencionados.
De acuerdo a lo destacado por la delegación que concurrió a la Junta, el padrón 2.366, que “se extiende desde Santa Lucía hasta Aguas Corrientes, es en su mayoría monte ribereño y humedales, que tienen una función vital para el ecosistema y el mantenimiento de la calidad del agua. Este monte es esencial para amortiguar los efectos del modelo productivo que se viene promoviendo en el país”. Según plantearon, aspiraban a que el padrón quedara en manos de la intendencia para uso de las comunidades y para la recuperación del monte ribereño. Carlos Dárdano, integrante del colectivo, mencionó que llama mucho la atención esta situación, porque se trata de un monte nativo y forma parte de una zona prioritaria para la conservación de la cuenca del río Santa Lucía. Entre las preguntas que las organizaciones formularon a los ediles, se cuestionó a quién le podría interesar adquirir un terreno en el que no se pueden desarrollar actividades productivas. Además, se les planteó una serie de solicitudes de información sobre el asunto, conocer qué uso estaba previsto para el territorio, acceder al documento por el que la intendencia adquirió el predio, informes jurídicos y notariales sobre el asunto y conocer datos precisos sobre la deuda de la comuna con ANCAP y la posición de los Concejos Municipales involucrados en el tema. Adicionalmente se presentaron diez solicitudes de amparo en la Ley de Acceso a la Información Pública a la intendencia con el fin de conocer los datos relevantes.
Sobre las 20.00 de ayer, la Junta Departamental trató el tema, y según confirmó a la diaria el edil del Frente Amplio Rafael Calvo, se resolvió -con 24 votos en 30- excluir de la solicitud el padrón 2.366 porque “nosotros no estamos de acuerdo en no considerar el tema del monte nativo”.