“Las empresas, desde las pymes hasta las multinacionales, son un agente de cambio formidable. Entonces es una contradicción que quienes tanto aportan sean tan poco reconocidos”. Esas palabras, pronunciadas por el presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Carlos Borba, sirvieron para dar la bienvenida al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Fernando Lorenzo, el subsecretario de esa cartera, Alejandro Antonelli, el director de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara.
Para comenzar, el titular del MEF agradeció la posibilidad de plantear los “debates más profundos” y destacó que no es posible explicar el crecimiento de los últimos años “si no entendemos que estamos ante cambios que modificaron la estructura productiva”. También afirmó que la naturaleza y envergadura del cambio estructural está directamente vinculada al aumento de la productividad. “Una sociedad que avanza, que se quiere superar, tiene que tener la mirada puesta en la productividad”, destacó, y afirmó que Uruguay está viviendo el mayor crecimiento de la productividad “desde que se llevan estadísticas económicas de forma sistemática”. “Competitividad es productividad y productividad es competitividad”, sintetizó.
Recordó que además del diseño de las políticas públicas, su efectividad en términos sociales depende de lo que hagan los actores que las reciben. “Todo este conjunto de incentivos se hace con fines justos y nobles, pero hay que tener cuidado para que los incentivos no generen conductas perversas y los actores no los absorban para su propio interés y se pierda la capacidad de derramar sus efectos favorables”, aclaró.
Lorenzo recordó que la “caja de herramientas” que apoya la producción puede dividirse en tres bloques: “Los que tienen más capacidad transformadora tienen que ver con la inversión, zonas francas, regímenes sectoriales, régimen general de inversiones. Otro conjunto está formado por el puerto libre, parques industriales, viviendas de interés social y régimen de free shop; los que tienen menor capacidad transformadora, donde hay una batería para apoyar al sector exportador, que no tiene relación con los procesos de inversión. Por último, hay dos sectores con subsidios, textil y régimen automotor”.
Respecto del régimen general de promoción de inversiones, Lorenzo apuntó que en 2007 se reformuló la ley de 1998, que, según dijo, “retaceaba beneficios”, y calificó el esquema original como un régimen “ciego”, que no implicaba ningún compromiso de parte de quienes los recibían. “Uruguay hace promoción de inversiones desde los años 70, pero jamás hubo ni la transparencia ni la envergadura y accesibilidad que ha tenido a partir del decreto 455, de 2007”, remarcó. Con este régimen se benefician más de 3.900 proyectos, por más de 10.000 millones de dólares. “El 84% de la inversión que obtuvo beneficios realmente ocurrió [...] en todos los indicadores llegamos a cumplimientos de entre 90% y 98%”. “Fuimos a ver los proyectos, a evaluar a las empresas para saber cómo se utilizó este régimen. El cumplimiento es tremendamente elevado y sigue gozando de aceptación por parte de las empresas”, destacó.
Virtuosos y viciosos
Lorenzo elogió la capacidad transformadora del régimen de zonas francas y recordó que la inversión acumulada allí alcanza a 4.000 millones de dólares. Además, destacó que “no hay otro sector exportador con tanto valor agregado como los servicios globales de exportación de las zonas francas” y concluyó que “sin este instrumento, estas inversiones no estarían radicadas en el país”.
El ministro puso como ejemplo “virtuoso” el software, que “para despegar utilizó el régimen de promoción, y cuando se inició el proceso de retiro de las promociones respondió favorablemente”. Por otra parte, comentó que el sistema de vivienda de interés social logró alinear la rentabilidad social con la rentabilidad privada.
Lorenzo calificó el anterior régimen de promoción de exportaciones, como “caótico”, y afirmó que en la actualidad los apoyos recibidos por el sector exportador tienen beneficios “que en promedio son superiores a la contribución de la sociedad uruguaya”. “Hay sectores como el automotor y las curtiembres en los que los apoyos triplican las contribuciones que realiza a la sociedad”, remarcó.
Lorenzo indicó que en 2012 el costo total de los estímulos directos a las políticas productivas fue de 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que en cifras de 2012 significa 1.674 millones de dólares, 11% del gasto público total. “Uruguay es el país de América Latina que da más apoyo al sector productivo si se mide con gasto tributario; el segundo es México”, dijo. El total de la “renuncia fiscal”, según Lorenzo, representó 5,8 puntos porcentuales del PIB en 2011, 3,2 de los cuales fueron incentivos a la producción. “Uruguay ha sido sensible con los sectores que han estado en dificultades, pero los que tienen más dificultades no forman parte de los sectores amparados por estos incentivos”, recordó.
Tenemos estudios
El director de la Asesoría Macroeconómica dijo que el gasto público no es una variable que explique la evolución del tipo de cambio real y mencionó que en una muestra de 100 países Uruguay tiene un gasto pequeño, que en los últimos 11 años “creció poco en relación al PIB”. En opinión de Masoller, se verifica un continuo crecimiento de la inversión: “Si se invierte es porque el negocio es rentable”, afirmó. Se preguntó cuántas son las empresas que tienen pérdidas. “Hicimos un estudio con la DGI [Dirección General Impositiva] que nos permite ver la rentabilidad promedio después de impuestos tanto de sectores transables [como de] la industria y el agro, y la conclusión es que no hay un cambio significativo; la rentabilidad de los últimos años ha sido más alta”. En relación a los costos laborales de las empresas, señaló que si se los ajusta por productividad, “se observa que crecieron los costos laborales y también los ingresos”.
La cantinela del gasto
Por su parte, el presidente del BCU reconoció que “si hay una variable que desentona un poco es la inflación” porque “está un poco por encima de lo que la sociedad y las autoridades quieren”. Bergara expresó que “mantener la estabilidad de precios es una responsabilidad ética” porque afecta más a los pobres. Afirmó que “ya nadie tiene dudas de que la política monetaria es contractiva” y mencionó que la situación fiscal “es ordenada”. Comentó que es “bastante más difícil bajar la inflación si la economía está creciendo fuerte”, y que si bien hay un vínculo entre la situación fiscal y los precios, el gasto público no es “un elemento central del diagnóstico”. Mencionó además que en el Fondo Monetario Internacional se señala que por cada punto de inflación que se pretenda bajar mediante una reducción del déficit fiscal, “el gasto público debería reducirse en dos puntos y medios del Producto, más que todo el presupuesto de la educación”.
