Las crónicas originadas en Nicosia, la capital del Estado isla, daban cuenta ayer de que todos menos dos de los mayores bancos del país deberían haber abierto el martes, tras el acuerdo alcanzado el lunes con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que liberó un crédito de 10.000 millones de euros tras comprometerse, entre otras cosas, a reducir su sector bancario y confiscar parte del dinero de los clientes más acaudalados con fondos en los bancos en apuros.
Este modelo y las interpretaciones que hicieron de él algunos de los implicados generaron a su vez contradicciones en la interna del bloque. Abrió el juego el ministro de Finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem, quien además encabeza el grupo de ministros de Finanzas de la zona euro, cuando declaró a la agencia Reuters y al Financial Times que el programa de rescate acordado para Chipre representa un “nuevo modelo para resolver los problemas bancarios de la zona euro y otros países” que podrían tener que reestructurar sus sectores bancarios.
La solución acordada para Chipre, conocida como bail in, se da cuando, en primer lugar, accionistas y tenedores de bonos de bancos se ven forzados a compartir los costes de la reestructuración bancaria. Posteriormente, en caso de ser necesario, se acude a los depositantes de fondos no asegurados. En la situación particular de Chipre, se acordó cerrar su segundo banco más grande, el Laiki, y que sus depósitos asegurados -aquellos menores a 100.000 euros- sean trasladados al Banco de Chipre, la mayor institución bancaria de la isla.
En tanto la institución es reestructurada y recapitalizada, los depósitos no asegurados serán congelados y afrontarán pérdidas por 4.200 millones de euros, según confirmó el jefe del Eurogrupo a la agencia Reuters.
Para Dijsselbloem, “la reciente calma de los mercados financieros indica que ahora era el momento de aplicar cambios”, aunque reconoció que existe “cierta preocupación por nuevas turbulencias”. “Si queremos tener un sector financiero saludable y sólido, la única forma es decir: ‘Miren, ustedes corrieron los riesgos, afróntenlos, y si no pueden encararlos, entonces no deberían haberlos tomado’”, resumió.
En caso de ser adoptado este “nuevo” modelo por el resto de la zona euro, “significaría que [los gobiernos] se ocuparán [de reducir el tamaño de sus bancos] antes de que esto sea un problema. Así, fortalecerán sus bancos, sanearán sus hojas de balance y tendrán claro que si uno de sus bancos está en problemas, la respuesta ya no será automáticamente que vendremos a solucionarlos. Vamos a exigirles más. Ésta es la primera respuesta que necesitamos. Se lo vamos a exigir. Ellos afrontarán el asunto”, afirmó.
Mucho tabú
Ante las declaraciones de Dijsselbloem, el presidente español, Mariano Rajoy, y el jefe de Estado francés, François Hollande, mostraron su rechazo a que los ahorradores se vean obligados a salvar a los bancos.
A Rajoy le pareció “bien” el acuerdo alcanzado para la isla mediterránea, pero sólo para ese caso, que es “único y excepcional”. Basó su opinión en que la garantía de los depósitos “es sagrada” y que “no se puede extrapolar al resto de los países europeos” la solución chipriota, según el diario español El País.
La negativa de Hollande se sostiene en que hay que “respetar dos principios esenciales”: “La garantía de los depósitos, que como dijo Rajoy es básica para dar confianza a los ahorradores, y la recapitalización de los bancos por medio del Mecanismo Europeo de Estabilidad”, un organismo creado por el Consejo Europeo ante la crisis en busca de la salvaguardia de la estabilidad financiera de la zona euro. La única solución posible, dijeron ambos mandatarios, es “caminar rápidamente hacia la Unión Bancaria”.
El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, insistió asimismo en “avanzar” hacia la unión bancaria europea “repartiendo las responsabilidades en la prevención de futuros problemas”. Tanto el partido de la canciller Angela Merkel como los socialdemócratas y los Verdes, con las elecciones a la vuelta de la esquina, están de acuerdo en que “el tabú de que los bancos no pueden quebrar debe caer”.
Mientas tanto, Sharon Bowles, presidenta de la Comisión de Economía de la Eurocámara, criticó que “declaraciones como las de Dijsselbloem -incluso si se ha retractado- demuestran errores de cálculo político o una mala interpretación de la crisis”. “En Europa no estamos cortos de talento individual”, dijo en relación con la gestión de la crisis chipriota, “pero está claro que los mecanismos institucionales no terminan de funcionar. Sobre todo cuando parte del contagio es atribuible a los intereses o a los tabúes de algunos grandes países”.