Las idas y vueltas en torno al Hotel Casino Carrasco comenzaron en 1997, durante la primera gestión del arquitecto Mariano Arana en la Intendencia de Montevideo (IM).

Ese año la administración frenteamplista decidió privatizar los servicios del hotel, a la luz de algunas cifras preocupantes: se estima que entre 1990 y 1996 el casino del hotel había arrojado pérdidas por aproximadamente seis millones de dólares. El proceso de privatización fue muy discutido y generó una recordada crisis en el Frente Amplio (FA), al punto de que un año después el proyecto elaborado por la IM no pudo ser aprobado en la Junta Departamental, un ámbito en el que el oficialismo tenía mayorías ajustadas.

El edil electo por el Movimiento de Participación Popular (MPP) y presidente de la Junta Departamental, Jorge Zabalza, desacató un mandato del Plenario del FA, del 7 de setiembre de 1998, para que todos los ediles votara la licitación, lo cual derivó en que la iniciativa fracasara.

Este episodio provocó la renuncia de Tabaré Vázquez a la presidencia del Frente Amplio y el comienzo del fuego cruzado entre sectores de la coalición de izquierda por la participación de privados en emprendimientos de carácter público.

Vázquez había declarado en ocasión de este diferendo: “Esta actitud lastima profundamente y de gravedad la credibilidad del FA. Se deben respetar la decisiones orgánicas”. Aquellas críticas fueron respaldadas por varios legisladores, entre ellos Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), quien por aquellos días reflexionaba: “Cuando se rompe con el vínculo político y alguien se desacata [...] se coloca unilateralmente del lado de afuera”.

Zabalza abandonó el legislativo departamental y declaró que “elijo ser coherente con mis principios”, en lo relativo a la posición de la izquierda ante las privatizaciones. El abogado Helios Sarthou defendió a Zabalza, con quien luego conformaría la Corriente de Izquierda de cara a las elecciones de 1999, ya por fuera del MPP.

“Es importante que la gente observe que existe coherencia en las posiciones de fondo y no sólo en el funcionamiento orgánico”, planteaba Sarthou, y luego agregaba: “Somos un frente, y no un partido político, y por esa razón reclamamos un referéndum para decidir sobre la privatización”.

Finalmente, la IM entregó la concesión al grupo austríaco Veltica, pero debido a las irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas, entre ellas haber adjudicado la licitación sin dar “vista a los demás oferentes”, terminó siendo anulada.

Luego, la licitación del Hotel Casino Carrasco pasó a manos de Carmitel Sociedad Anónima, una empresa integrada, entre otros, por Mario Garbarino, Juan Carlos Garramón y Roberto Siegfried, y que administraban el Punta Carretas Shopping y el Hotel Sheraton de Montevideo.

Detenida, detenida

La firma se había comprometido a reabrir el hotel en 2003. Sin embargo, en 2002 las obras quedaron paralizadas porque, según la empresa, ya se sentían las consecuencias de la crisis económica que ese año impactó en nuestro país. En resumidas cuentas, durante los seis años de licitación Carmitel había concretado 
apenas el 25% de las obras proyectadas.

Finalmente, en 2006, la IM le rescindió el contrato, luego de que se denunciara que un año antes el entonces intendente interino Adolfo Pérez Piera había modificado el contrato con la concesionaria del antiguo Hotel Carrasco sin la autorización de la Junta Departamental. También se responsabilizaba a la administración por haber firmado una prórroga, ese mismo año, con Carmitel, cuando las obras llevaban ya tres años paralizadas.

Otra denuncia relacionada al vínculo de Carmitel con la comuna capitalina tenía que ver con la instalación de un “anexo” del Casino Carrasco en el hotel Oceanía. Pero no sólo la IM destacó en aquel momento las virtudes de Carmitel. En 2002, cuando la empresa detuvo las obras, una resolución de Presidencia de la República le otorgaba la declaratoria promocional del emprendimiento y la concesión de beneficios promocionales, tomando en cuenta un informe del Ministerio de Turismo y Deporte de la época, que aseguraba que la firma “es viable, técnica, financiera y económicamente”.

En 2009 la IM otorgó la concesión a Carrasco Nobile por 30 años. Estaba formado por el grupo español Codere (que maneja salas de juego en Argentina, España, Panamá, México, Colombia, Brasil e Italia, y que tiene 50% de Hípica Rioplatense, que administra el Hipódromo de Maroñas) junto a VR Capital (de accionistas rusos y norteamericanos) y AGG (Argentine Gaming Group). Se asociaron con Sofitel, firma del grupo Accor, empresa que se encargaría de la gestión hotelera y de la restauración, y en 2010 comenzaron las obras.

Codere tiene una fuerte presencia en la región y, a pesar de que la nacionalización de YPF empeoró su riesgo crediticio, según Moody’s, en 2011 57% de sus ganancias brutas provinieron de Argentina.

En 2010 una de las empresas que se presentaron a licitación, Dongara-Hyatt (del grupo Libermann, que junto con Codere forma Hípica Rioplatense), denunció irregularidades en el proceso de selección de las propuestas. Afirmaba en aquel momento que Codere no presentaba la capacidad financiera claramente identificada para la inversión y que había incumplido con condiciones del pliego. Luego presentó un recurso solicitando la nulidad del proceso y la suspensión del acto administrativo que adjudicó la obra. El Tribunal de Cuentas realizó observaciones al proceso de licitación, pero la intendencia capitalina decidió seguir 
adelante.