Siete años no son nada. Sin embargo, en materia de educación en cárceles se ha avanzado mucho. En 2006 sólo algunos establecimientos penitenciarios contaban con clases diarias. En marzo de 2013 y pasando una raya antojadiza, en todas las cárceles cuentan con al menos un docente designado oficialmente. Esto implica que tanto maestros, profesores y talleristas se vinculan diariamente con las personas privadas de libertad de todo el país.

Según datos de la Dirección Sectorial de Educación de Adultos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en Montevideo trabajan seis maestros y nueve profesores talleristas en las centros para adultos. También los hay en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), donde se encuentran jóvenes que fueron procesados con medidas privativas de la libertad; dos maestros y tres profesores. En la Colonia Berro trabajan dos maestros y dos profesores. En el resto del país también cumplen funciones los docentes; en total hay 18 maestros y siete profesores de Secundaria.

Si bien en su inicio la experiencia de educación en cárceles comenzó dictando clases de nivel primario, se fueron incorporando otras tareas extra curriculares mediante las cuales se comparten conocimientos sobre huerta orgánica, jardinería, teatro e informática. Lo que se vuelve "muy variable" es la cantidad de estudiantes por curso, porque la permanencia depende de los procesos que se den dentro de cada establecimiento y, casi siempre, se ajustan a los tiempos judiciales, ya que existen salidas transitorias que influyen en la asistencia a clases y también procesos de liberación del recluso.

Un trecho

Luego de promulgada en 2005 la Ley 17.897 sobre Libertad provisional o anticipada, que establece en su artículo 13 la redención de pena por trabajo o estudio, los jueces empezaron a contemplar que en aquellos casos en que los procesados y condenados estudiaran o trabajaran en la unidad a la que fueron destinados se reduciría su tiempo de permanencia. En los casos en que los reclusos asisten a cursos de Primaria se tienen en cuenta las horas dedicadas al estudio. Si asisten a 40 minutos de clase, se contabiliza una hora para redimir de pena, y cada seis horas de redención se descuenta un día. Para aquellos que toman cursos de Secundaria, no se contabiliza la presencia en clases sino que se tiene en cuenta la asistencia y aprobación de exámenes. Por presentarse a dar un examen se descuentan dos días y por salvar el mismo, dos días más.

Luego de la experiencia de cursos de Secundaria, se incorporó el Consejo de Educación Técnico Profesional-Universidad del Trabajo (CETP-UTU) con su propuesta de preparación en ciertos oficios.

A nivel institucional también se dieron varios cambios. Mucha agua corrió bajo el puente desde que el abogado Alvaro Garcé asumió como el primer Comisionado Parlamentario en 2005. Aquella nueva figura pasaría a desempeñarse como asesor del Poder Legislativo en su función de contralor del cumplimiento de las normas que atienden lo referente a las personas privadas de libertad en el país. En 2010 fue renovado en su cargo hasta 2015 por decisión unánime de la Asamblea General. Desde entonces, las políticas desarrolladas al respecto parecen haber adquirido ritmo y un camino novedoso.

En 2007, ante la necesidad de instrumentar una respuesta de aplicación para la ley, se creó la Comisión de Apoyo a la Educación en Cárceles, cuyo presidente fue Felipe Machín, de la ANEP, pero transcurridos algunos años y superada la primera etapa, dejó de funcionar. Según relató Machín a la diaria, este ámbito se formalizó para dar fuerza al proceso y ordenar algunos procedimientos, pero con el paso del tiempo las distintas instituciones (entre las que se encuentran ANEP, Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio del Interior) fueron cada una asumiendo un rol definido en el tema hasta que la misma quedó obsoleta. "Hoy en día los tribunales de examen, por ejemplo, se conforman metódicamente. Aunque todavía falta mucho por hacer, reconocemos que en pocos años y habiendo partido de nada, hay logros que destacar", comentó Machín.

Por su parte, Garcé dijo: "Es probable que la cantidad de personas que estudian sea menor a la que querría o debería hacerlo, pero hay que marcar como hecho relevante la tendencia de amplificación y diversificación de las propuestas en los distintos establecimientos, que serán de mucho valor cuando el recluso termine su pena", concluyó el comisionado. Estas propuestas adquieren mayor relevancia cuando se conoce que existe una tendencia marcada al aumento de cantidad de personas encarceladas. En siete años, la población masculina en cárceles se incrementó en 43% y 75% la de mujeres. Otro de los datos no menos relevante es que el promedio de edad de la población reclusa es cada vez más bajo y cabe prever que esta situación se continuará reproduciendo bajo las mismas características, comentó Garcé.

"Lo más importante a destacar es que en estos siete años se completó la designación de un maestro por cada establecimiento penitenciario, ya que no se había cumplido esta cuestión mínima que propone el acceso a la cultura", sostuvo el comisionado parlamentario.