El jueves 25, un comunicado de Antonio Dabezies, responsable de Espacio Guambia, anunciaba el cierre del establecimiento a partir del 1º de mayo. El motivo aducido era la imposibilidad de cumplir los requisitos exigidos por la Intendencia de Montevideo (IM) y por la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), entre ellos, la presencia permanente de un bombero (servicio 272) como paliativo temporal mientras se tramitaba un nuevo permiso que cumpliera con las nuevas disposiciones. Al no poder cumplir la DNB con el suministro de este bombero, y demorarse en estudiar los pedidos de prórrogas mientras se estructuraban las modificaciones necesarias para la habilitación final, las inspecciones de la comuna que comprobaban la ausencia de ese bombero comenzaron a multar por montos cada vez más elevados al local, hasta que su existencia se volvió inviable. Entonces Dabezies decidió cerrarlo.
La noticia causó una gran conmoción en los ámbitos relacionados con la música local, ya que Espacio Guambia había funcionado sin problemas de este tipo durante 12 años. No era el único caso; el 6 de febrero, los responsables del boliche Kalima habían emitido un comunicado similar en el que consignaban que su habilitación de Bomberos estaba detenida desde hacía seis meses en un trámite, y que careciendo tanto de ese aval como del bombero requerido en ausencia del permiso, la IM empezó a sancionarlos con multas económicas, desentendiéndose de la demora de la DNB. Antes Martín Daián había retrasado la inauguración de su proyecto de un cine en el Cerrito de la Victoria, el Grand Prix, al encontrarse con la misma exigencia de tener un funcionario de Bomberos en el lugar y que no hubiera personal disponible. Otros casos similares fueron relatados a Álvaro Ahunchain para su columna de Montevideo Portal por Patricia Olave, responsable del Espacio Cultural del Castillo Pittamiglio, y por las directoras de Espacio Palermo.
El común de todas las protestas no era la negativa o el cuestionamiento a la nueva reglamentación, sino la imposibilidad práctica de cumplirla, lo que hizo que el adjetivo “kafkiano” se repitiera como no se había repetido desde la edición de El proceso. Para agregar insulto a la herida, trascendió que la IM no cuenta con la habilitación de la DNB y que desde hace nueve años utiliza el recurso “temporal” de la presencia de bomberos las 24 horas pero, al parecer, en este caso sin problemas de asistencia.
Otro caso reciente es el de la discoteca Caín, la que para obtener la habilitación en el lento trámite de Bomberos (se trata de establecimientos ya en funcionamiento, en el caso de Caín desde hace 15 años, y cuya subsistencia depende de seguir abiertos mientras se mueven las lentísimas ruedas de la burocracia local) ya había invertido alrededor de 35.000 dólares en las reformas requeridas, pero comenzó también a acumular multas hasta ser intimada por la IM a dejar de funcionar (aunque no a dejar de pagar el impuesto de Espacios Públicos), lo cual anunció que haría el 1º de mayo si no llegaban a un acuerdo.
Un caso que no tomó estado público pero que ilustra lo frustrante de este “proceso” para los empresarios dispuestos a ofrecer actividades culturales en vivo es el de la librería La Lupa. Está instalada en un local pequeño en la calle Bacacay, en el cual, teniendo en cuenta el buen número de músicos que solían asistir, tuvieron la idea de realizar pequeños recitales acústicos -para no más de 20 personas-, con entrada gratuita. Prevenidos de las disposiciones requeridas, los responsables de La Lupa invirtieron (para algunos conciertos muy minoritarios y sin rédito directo para la librería) en cumplir todos y cada uno los requisitos de Bomberos (extinguidores, alarmas de humo, cursos para el personal y los propios estudios arquitectónicos exigidos por la DNB, que también van por cuenta del local), con lo que consiguieron que su permiso para realizar actividades musicales fuera preaprobado al dar constancia de que se cumplía con todas las exigencias de seguridad. Pero el proyecto quedó dormido en alguna oficina de la DNB esperando su aprobación final, y a pesar de tener disponible su preaprobación, la IM comenzó a asistir cada día de concierto y a fiscalizar la improbable presencia de un bombero, extendiendo la correspondiente multa en cada oportunidad. En una circunstancia nuevamente kafkiana, los responsables de La Lupa supieron que la asistencia del bombero era imprevisible (no así la de los inspectores de la IM), y que en caso de que no estuviera allí serían multados, con preaprobación o sin ella. Pero si, al no asistir el bombero, decidían suspender la actividad musical, también serían multados por haber comunicado a la sociedad un evento que no se llevó a cabo. Hoy, con la aprobación definitiva en sus manos, La Lupa ha retomado su ciclo de recitales, suspendidos ante la amenaza de su cierre definitivo, pero el costo de multas de esos minoritarios recitales gratuitos ascendió a unos 2.000 dólares.
Todas las voces todas
Pero fue el caso de Guambia el que detonó la discusión pública. No es de extrañarse; Espacio Guambia es un lugar particularmente estimado por los músicos montevideanos tanto en relación a sus buenas condiciones sonoras y de infraestructura como a la simple bonhomía de Dabezies, un empresario conocido por su generosidad y solidaridad hacia los músicos del ambiente.
El anuncio del cierre produjo de inmediato una conmoción en las redes sociales, donde más de un melómano o músico dio rienda suelta a su irritación, llamando a congregarse en forma de protesta y a movilizarse en forma activa para evitar el cierre. Entre los músicos, Leo Maslíah, un músico casi emblemático del local, escribió en su muro de Facebook: “Más allá de toda orientación política, lo que sucede en este caso y en tantas otras reparticiones públicas es que hay gente que se rompe el lomo trabajando y otra que prefiere no hacer nada o, cuando no se puede, hacer lo menos posible: en este caso, es más fácil cerrar Guambia que estudiar el tema, ver qué es lo que falló y tomar las medidas como para proteger este baluarte de nuestra música”. También se solidarizaron, por escrito o mediante su presencia frente al boliche en las protestas convocadas, músicos como Mauricio Ubal, Mónica Navarro, Rubén Olivera, Tunda Prada, Ney Peraza, Shyra Panzardo, Fernando Torrado, Jorge Galemire, Walter Bordoni y Jorge do Prado.
Entre la indignación general, algunos apelaron a considerar el problema desde todos los ángulos posibles, como el caso de Fernando Cabrera, quien declaró a la diaria lo siguiente: “Tengo la impresión de que no todos los locales de entretenimiento en Uruguay cumplen con las necesarias medidas de seguridad. Veo muy acertado que la IM se preocupe por este asunto, las tristísimas experiencias de los países vecinos así lo exigen. Digo esto porque asisto a estos locales como espectador y también como trabajador. Del mismo modo, opino que la IM, así como debe cumplir con este imprescindible papel inspectivo, debe también velar por que las soluciones sean rápidas, premura que también debe exigirse al Cuerpo de Bomberos. Vale decir, implementar una rápida ronda de intercambio de opiniones entre los implicados y aplicar las soluciones con celeridad. Son muchos los puestos de trabajo que están involucrados”.
La última frase es especialmente pertinente, ya que además de los trabajos directos que los boliches generan, éstos también producen una gran actividad indirecta (proveedores, iluminadores, sonidistas, etcétera) de la cual no es la menor la de los músicos. Jorge Schellemberg ha estado en ambas situaciones, la de músico y la de dueño de un boliche musical, y ha tenido siempre una buena relación con la IM, que colaboró para mantener abierto el boliche El Tartamudo, que estuvo a punto de cerrar por motivos totalmente ajenos a la IM (una serie de malas decisiones empresariales). Para Schellemberg no es una cuestión de antagonismos: “La IM implementó durante todo 2012 un apoyo para el fortalecimiento de las artes escénicas, donde realmente se puso mucho dinero, se habilitó, además, que se dieran las salas sin costo a los músicos o a la danza. Hay una especie de esquizofrenia en la que el Departamento de Cultura, por un lado, está apostando y apoyando varias cosas, para que realmente ocurran, y, por otro lado, hay movidas que de repente se hacen sin que exista una conversación previa, por ejemplo”.
Desde la IM tampoco hay una visión antagónica; Héctor Guido, director de Cultura de la IM, explica el orden de relevancias y sus problemas de la siguiente manera: “El tema de la habilitación de las salas -lo digo con propiedad porque he administrado varias- tiene una base que parte de la seguridad que le debemos brindar al espectador. Esto cuenta con normas y reglamentaciones muy concretas sobre las cuales jamás vino ningún grupo a pedirnos negociarlas. La seguridad no se negocia. Lo que sucede es que sí reconocemos -y personalmente, insisto, lo he vivido- la existencia de trámites demasiado largos, reglamentaciones que se modifican de manera permanente, surgen tecnologías respecto de la seguridad que no teníamos hace 20 años, la confusión de lo que puede ser un espacio alternativo con un gran edificio que se está construyendo, etcétera. En fin, la normativa que se está construyendo está estandarizada, y creo que se debe adecuar a la situación. Yo no estoy justificando ningún tipo de atraso que pueda existir, la burocracia existe, hemos tenido dificultades con Bomberos, tenemos dificultades en muchísimas salas de teatro que no han logrado cumplir la ordenanza en su totalidad; y entre manejar y gobernar ese equilibrio, y no dar un paso atrás en cuanto a que en esos espacios le debemos brindar seguridad al espectador, y por otro lado adecuarse a que la sala pueda brindar la seguridad, es decir, que estén al alcance, es un equilibrio complejo. Lo que no podemos hacer es que hoy estemos lamentando que un espacio pueda tener una multa, y pasar a lamentarnos mañana que se murieron 100 personas porque el acceso o la evacuación no era la adecuada”.
Guido resalta además las grandes inversiones que la IM realiza en el área cultural, algo que en realidad nadie discute en este ámbito, aunque se ha señalado desde el ámbito musical que parece inclinada a privilegiar a algunos géneros por encima de otros. Esto se debe tanto a la sensación general de “persecución” específica de los recintos relacionados con la música como de algunos cambios en la política de selección de los locales propios de la IM. Guido confirmó que espacios como la sala Zavala Muniz y el Solís orientarán su programación de ahora en adelante más que nada a los géneros de la danza, el teatro y la música “culta”, mientras que el objetivo es concentrar las actividades musicales en la sala Zitarrosa. Una decisión cuestionada por los músicos, que suelen preferir la moderna y ligeramente más pequeña Zavala Muniz a la amplitud algo fría y de difícil amplificación de la Zitarrosa. “Nosotros hemos hecho una inversión muy grande en la sala Zitarrosa. Es la que debe programar y ser prestigiada con la presencia de músicos de primer nivel, así como trabajar con los músicos emergentes. Ésta es una infraestructura pública dedicada exclusivamente a la música. Hemos encontrado que el sitio lateral de la música se traslada a diferentes escenarios, lo cual no le hace bien a la inversión pública en la Zitarrosa. Estamos intentando racionalizar los recursos de funcionamiento de cada sala y que cada una tenga su perfil, sin competir una con otra”, dice Guido.
Para Ricardo Prato, secretario general de la IM, el problema ahora generado es básicamente causado por los tiempos de la DNB y no por la comuna, que no hace otra cosa que fiscalizar el cumplimiento de las normas exigidas por los primeros. “El atraso que pueda tener la DNB o la incomunicación de los técnicos registrados en Bomberos con los empresarios que los contratan no es un problema de la IM. Lo que nosotros necesitamos es que Bomberos busque una solución -que ya ha encontrado y comunicado en su momento-. Certificarán los locales que tenían medidas contra incendio vigentes (y que no modificaron esas medidas) y se les extenderá un certificado que les otorgará un plazo mayor, certificado que será reconocido por la IM como si fuera la certificación final. Al que cuente con esto se le otorga el permiso mensual, como se hace con cualquier local que tiene la habilitación al día. Al que no la tenga le continuaremos exigiendo la presencia de Bomberos, según la normativa departamental”, dice Prato. Reconoce también que la normativa exigida tal vez no sea factible en algunos aspectos: “La discusión de dónde extrajeron la normativa es un tema de la DNB y no nuestro. La normativa en general es internacional; para las estaciones de servicio la normativa proviene de Estados Unidos, por ejemplo, y me consta porque lo hemos discutido con ellos. La DNB adoptó una normativa con determinadas características que no se adapta en todo a las exigencias de Uruguay. Pero también hay que reconocer que existen nuevos elementos que ayudan a la prevención y son superiores a las que tenemos. Por lo pronto, no contar con un tanque de 5.000 litros en la azotea, por ejemplo, pero sí exigir detectores de humo o, eventualmente, rociadores. Son cosas en las que hay que seguir avanzando, hay que ser muy exigentes porque, al menos en Montevideo, se aprecia el nivel de seguridad”.
¿Final feliz?
Ante el conato de escándalo que se estaba generando (habiéndose sumado también el tradicional y querido Cine Universitario a los locales de cierre pendiente), la intendenta Ana Olivera decidió tomar cartas en el asunto, apelando a una solución que pareció sensata a todas las partes; en lugar de estudiar específicamente el caso de Espacio Guambia, como se había sugerido que se iba a hacer en una primera instancia, se decidió convocar en una reunión, ayer, a los 33 dueños de boliches con problemas de habilitación, al Ministerio del Interior y a la DNB. Según explicó el vocero de la DNB, Leandro Palomeque, quedaron satisfechos con la reu- nión porque pudieron llegar a una solución y hablar directamente con los implicados. De acuerdo a lo que comentó, desde la DNB explicaron a los propietarios y representantes que los inconvenientes surgieron a partir del cambio de la normativa, en noviembre de 2010, cuando se pasó a incorporar un modelo inspirado en la ciudad de San Pablo, que fue más exigente con los locales que ya estaban construidos.
Palomeque explicó que por tal motivo, en marzo, desde la DNB se comunicó a los representantes de las distintas salas que contaban con un año para acoplarse a la nueva normativa en el caso de las obras más costosas, pero ninguno solicitó acceder a dicho plazo. El vocero detalló que la solución a la que se llegó consiste en que los locales que ya habían sido habilitados con la anterior normativa tramiten una declaración jurada ante la DNB, que certifique la habilitación y los exima de contratar el servicio 272. Luego, Bomberos se encargará de estudiar uno a uno los 33 casos que plantearon dificultades, y comunicará las obras que deben ser realizadas para continuar con sus actividades. La IM aceptará esa declaración jurada como habilitación y no multará.
La solución pareció conformar a los asistentes y en la práctica devuelve la situación general a como estaba antes de 2010, sin eliminar las nuevas exigencias pero estableciendo un espacio de tolerancia mientras los boliches se adecuan a ellas, y suprimiendo la multa automática. Pero, sobre todo, el espacio de discusión propuesto plantea lo que era percibido por los bolicheros como un muro en el que la DNB y la IM se responsabilizaban mutuamente. En los momentos de indignación iniciales ante el cierre de Espacio Guambia, algunas voces compararon este laberinto con las persecuciones a los espacios musicales en la dictadura. En realidad, no hay ningún motivo para suponer una hostilidad de corte ideológico hacia el ámbito musical de los boliches privados de capacidad mediana, sino que simplemente parece haber sido una consecuencia más de la compleja compartimentación burocrática y de la desidia que ella permite. Claro que para los músicos imposibilitados de tocar la diferencia puede ser más bien relativa.