La propuesta establece la colocación de etiquetas obligatorias a los alimentos compuestos o derivados de organismos genéticamente modificados (OGM), con el objetivo de tener conocimiento del origen de los productos. Sólo de esa manera se podrá elegir con “conocimiento de causa” aquello que se adquiere, al tiempo que posibilitará “detectar e identificar cualquier efecto directo, indirecto, diferido o imprevisto” que pueda suscitar el consumo en la salud humana. Con estos postulados, la iniciativa surgió de un colectivo formado por profesionales de varias disciplinas, que se reunieron para elaborar una propuesta concreta con el fin de presentarla en breve en las comisiones de Salud del Parlamento. Algunos de ellos se motivaron en ocasión de la presentación de resultados de un estudio, realizado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, sobre las polentas que hay en el mercado uruguayo. En esta investigación divulgada en 2012 se concluyó que de 20 muestras de polenta estudiadas, 18 estaban elaboradas, al menos en parte, con maíz genéticamente modificado.
“Nos preocupamos porque este alimento es consumido por la mayor parte de la población, aunque en Europa y en Asia se utilice para alimentar a los animales”, explicó la chef Laura Rosano, una de las integrantes del equipo que redactó la propuesta. “El aporte viene de la necesidad de dar un paso más en la masa crítica de opinión y poder colaborar sumando un trabajo que sistematiza las normativas de otros países y toma de ellas lo que podría aplicarse en Uruguay”, dijo Rosano. Entre estas leyes se encuentran las de Brasil y Argentina; sin embargo, fue la brasileña la que brindó un importante insumo para la iniciativa nacional. Según explicó la chef, allí se etiquetan productos y se le añade la señalización con un triángulo amarillo y una inscripción de una letra T en negro. De esta manera, los consumidores identifican el producto. Sin embargo, cuando llegan éstos para consumo humano a Uruguay, son reetiquetados y ese distintivo desaparece.
En la Ley 17.250 sobre la Defensa del Consumidor, aprobada en 2000, se consagra el derecho a la información. Establece también la responsabilidad del proveedor por incumplimiento de la obligación legal de dar información. El artículo 17 indica que “la oferta de productos debe brindar datos sobre su origen, naturaleza, características, composición, cantidad, calidad, garantía”.
Consultado sobre este tema, el director de Salud de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone, dijo conocer y celebrar la propuesta. “Teníamos hace tiempo la preocupación de elaborar un proyecto por el estilo. Lo importante es conocer el tipo de componentes de los alimentos, no por el riesgo que puedan ocasionar, sino porque es un tema de relevancia por la transparencia de la información que se le brinda al consumidor”, dijo. Si bien aclaró que no existe una posición institucional respecto de la iniciativa, Anzalone destacó que se debe generar una problematización sobre la temática.
El doctor en ciencias biológicas y químico farmacéutico Claudio Martínez Debat, que investigó sobre la polenta, apoya el proyecto y advirtió que las investigaciones se están ampliando a otros alimentos dentro del mercado uruguayo. “Tomamos los que tienen maíz o soja. Ahora estudiamos hamburguesas y snacks, que en su mayoría son productos que vienen del exterior. Básicamente analizamos el contenido. Hemos encontrado almidón que proviene de maíz transgénico”, sostuvo.
Ver lo que hay
Respecto de las consecuencias en la salud, la propuesta cita estudios realizados sobre la contaminación química por plaguicidas, sus efectos ambientales y algunos detectados en animales de laboratorio por consumo de OGM. “Ningún gobierno hizo un estudio para saber qué impacto tienen estos alimentos. Se toman datos provenientes de la propia empresa. No estamos teniendo la precaución de investigar ante algo nuevo y poder generar pautas para prevenir. Nuestra legislación autoriza el ingreso exigiendo el etiquetado de nutrientes y conservantes, pero no especifica que hay que destacar el origen transgénico”, comentó Rosano.
La iniciativa plantea tomar algunos aspectos de la implementación del etiquetado de OGM de la Unión Europea, entre los que se encuentra la previsión de identificarlos en todas las fases de la cadena de producción y distribución.
Los promotores de la propuesta, que ya cuenta con la adhesión de varias organizaciones sociales que defienden los derechos ambientales y de alimentación, reciben hasta el lunes aportes y apoyos a la iniciativa por el correo [email protected].